La concejala de Cultura, Gina Aguiar, sobre el 'caso Trípode': «Las personas nos podemos equivocar»

«En este Ayuntamiento se celebran cerca de 850 contratos menores al año y en la Concejalía de Cultura, una media de 250. La sentencia [del Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Segovia sobre la adjudicación del contrato a la asociación Trípode Cultural para organizar el Festival de Cine Europeo de Segovia] se refiere a un único contrato, que no se ajusta a derecho. No quiero con esto minimizar el error, solo contextualizarlo [...] Pero más allá de la sentencia, quiero subrayar que no falta transparencia en la Concejalía de Cultura, que se ha ido informando de todo el proceso en los órganos de gobierno del Ayuntamiento, tanto en la comisión como en el pleno, que se ha entregado a la oposición toda la información que ha solicitado y que después se ha colaborado con el juzgado. Hemos hecho, en fin, todo el proceso creyendo que lo hacíamos correctamente, pero los procesos administrativos los hacen las personas, y las personas nos podemos equivocar».

Son las primeras palabras de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Gina Aguiar, tras la sentencia del llamado 'caso Trípode'. La edil ha comparecido este viernes para dejar claro que el Ayuntamiento obró como creía e informar de que los servicios jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pese a que la resolución judicial no admite recurso alguno, como bien precisa el juez en el fallo. Aunque la asociación Trípode Cultural se ha desvinculado ya del proyecto tras haber percibido el 80% de los 14.999 euros estipulados en el contrato (faltaba por ejecutar el 20% correspondiente a la celebración del Festival de Cine Europeo, que no se produjo), la concejala garantiza el futuro del ciclo cinematográfico, que seguirá manteniendo la calidad que ha tenido hasta ahora bajo la denominación de Muces: «Vamos a reflexionar sobre lo ocurrido... Hace tan solo dos días que Trípode Cultural ha renunciado a organizar el festival. En cualquier caso, habrá una respuesta para que los cinéfilos de Segovia puedan seguir disfrutando de lo mejor del cine europeo».

Aguiar cargó contra la oposición, y más concretamente contra el Partido Popular, cuyo grupo municipal llevó la cuestión a los tribunales al advertir presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato. La responsable del área de Cultura no tolera el «circo mediático» que en su opinión ha montado la formación que encabeza Pablo Pérez Coronado en el Ayuntamiento. «Por supuesto, la oposición tiene derecho a denunciar, incluso judicialmente, si considera que algún procedimiento administrativo no es correcto, pero de ahí a convertirlo en un circo mediático... Han convocado una rueda de prensa cada vez que venían a la Concejalía de Cultura a solicitar una documentación que se les ha ido dando a medida que la pedían, y no es de recibo. La oposición ha creado un caso sembrando la duda sobre toda una Concejalía de Cultura, cuando solo hay un error en un proceso administrativo concreto, sin trascendencia jurídica», dijo la edil. Pese a la lectura política que el asunto acarrea, la concejala no se pronunció sobre la posible asunción de responsabilidades políticas. «No soy yo quien lo tiene que decir. Nosotros, por la experiencia de la propia Concejalía de Cultura, creíamos que el procedimiento se estaba haciendo bien y el juez ha considerado que no. Pero es un procedimiento administrativo», remató.

Sobre los pormenores de la sentencia, Gina Aguiar valoró que la resolución judicial desestima, de forma tácita, uno de los principales argumentos del PP en su acusación, el de la fragmentación ilícita del contrato, «en el sentido de que era necesario un contrato plurianual al ser el festival una necesidad recurrente». También dijo que el proyecto de Trípode se resolvió atendiendo a la calidad del planteamiento presentado y al currículo de sus componentes: «En nuestra opinión, en el contrato constaba una valoración acreditada de la solvencia profesional, tanto de la actividad cultural como de sus responsables», apuntó. En cuanto a la consideración de que no queda clara la diferenciación entre los trabajos contratados a Trípode y a Martín Maillos y a Christine Bouquin, integrantes de la asociación, el Ayuntamiento considera que los conceptos implicados son «claramente» diferentes: «El contrato menor con Trípode se refería a la conceptualización y dirección del festival, tal y como se realizaba en Muces habitualmente, labor de director ejercida en este caso por uno de los miembros de la asociación, Mariano Sosa, mientras que los conceptos que se incluyen en los realizados por los otros miembros están claramente diferenciados (coordinación general de estrategia y gestión de contenidos audiovisuales y formativos, preproducción general, búsqueda, propuesta y acuerdos con invitados y panelistas, producción general y gestión de invitados y salas). Personas diferentes al director ejecutaban estas funciones en anteriores ediciones, por lo que estaban presupuestadas aparte», explicó la edil. Por último, Aguiar aludió a la falta de un informe del secretario de la corporación municipal que señala la sentencia: «Esta consideración no se refiere a este caso concreto, sino que es extrapolable a todos los contratos menores celebrados por las entidades locales, y los servicios jurídicos del Ayuntamiento no la comparten».