La Comisión Europea investigará la concesión de las autopistas de pago de Segovia

La denuncia, explica la plataforma a través de un comunicado, ha sido admitida a trámite, aunque todavía es posible que los ciudadanos que quieran puedan adherirse a la misma. La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Monserrat, afirma que informará a la plataforma del resultado de la investigación preliminar.

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«Estamos satisfechos de que hayan aceptado la petición. Eso es un paso bastante importante y un tirón de orejas al Estado español. De ahí en adelante, todo lo que sea en positivo, bien recibido será», comenta Juan Manuel Gea, presidente de la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael.

La investigación de la Comisión Europea va a centrarse en el posible incumplimiento por parte del Estado español y de la propia Comisión Europea de la ejecución de la sentencia dictada en abril de 2010 por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ella, la Sala Cuarta del tribunal declaró ilegales las actuales concesiones de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que datan de 1999.

Según informa la plataforma, la investigación también abordará las consecuencias de dicho incumplimiento en el problema que sufre la travesía de San Rafael. La organización sostiene que el Gobierno de España «lleva cometiendo una clara dejación de funciones al no haber realizado una solución tras casi veinte años de continuas peticiones y promesas». Además, señala la «desigualdad de derechos» con la localidad madrileña de Guadarrama, la cual sí disfruta de una variante a la AP-6 ejecutada por el Gobierno en 2004.

En la denuncia también se asegura que el incumplimiento de la sentencia ha provocado una situación jurídica «completamente enrevesada y perjudicial para el Estado y que únicamente beneficia a la empresa concesionaria». Una conclusión a la que la plataforma llega tras señalar que de haberse liberalizado los peajes de las autopistas en 2018, tal y como correspondía con la primera adjudicación de 1968 (y como ha sucedido con otras muchas autopistas en España), se ha tenido que realizar una reducción del periodo concesional de siete años sobre la prórroga ya condenada de estas concesiones del año 1999.

La consecuencia es que el Estado deberá de indemnizar multimillonariamente a la actual concesionaria por la reducción de esos siete años con una cifra «que se aventura astronómica» y que aún no se ha cuantificado. Además, esos siete años restados al periodo concesional deberán de volverse a licitar públicamente, llevando el final de estos peajes al año 2036 (en vez de al año 2018). «Para colmo la actual empresa concesionaria, además de ser indemnizada multimillonariamente por esos siete años reducidos, probablemente podrá concursar», comenta.

La plataforma espera que esta investigación por parte de la Unión Europea sirva «para poner luz en las graves irregularidades que durante décadas se han cometido por los sucesivos gobiernos». Aunque entiende que la resolución no será inmediata, Juan Manuel Gea espera que la decisión no se demore en exceso en el tiempo. En este sentido, confía en que las autopistas se liberalicen antes de 2036. «Estoy convencido de que antes se va a liberar. El camino que están tomando el resto de autopistas es convertirse en autovía. Que San Rafael esté ahora mismo en una situación desfavorable con el resto de municipios es injusto», concluye.