El Código Ictus ensambla el protocolo regional con carencias en el transporte de emergencias

El sistema establece cómo se imbrican todos los actores que intervienen en la atención de un ictus, desde los centros de primer nivel, como puede ser el complejo asistencial de Segovia, hasta los de tercer nivel, que son los más avanzados y de referencia para la práctica de neuroradiología intervencionista cuando existe una obstrucción grande de algún vaso, pasando irremediablemente por el transporte de emergencias, fundamental para garantizar la rapidez de la respuesta. Un engranaje ideado para ganar tiempo, mejorar la coordinación y, en definitiva, «gestionar de manera eficiente la derivación de pacientes para que tengan las mismas oportunidades»; sin embargo, hay alguna pieza suelta que no acaba de encajar en esa maquinaria pensada para restar segundos y minutos desde que empiezan los síntomas hasta que se realiza la intervención pertinente.

En Segovia, como ocurre en el conjunto de Castilla y León, el problema aúna una demografía dispersa, «las grandes distancias» en un territorio cada vez más despoblado y envejecido y la carencia de medios. Veintidós habitantes por kilómetro cuadrado. Es la exigua densidad de la provincia. Este contexto geográfico y la orografía montañosa por la que discurre parte de la red viaria no ayudan precisamente al pleno rendimiento del Código Ictus Regional.

A ello se añade otra realidad, a pesar de que la telemedicina trata de acortar las distancias y los tiempos, que es que «no hay unidades medicalizadas necesarias para todos los pacientes», sobre todo si el azar hace coincidir servicios de urgencias en ruta, lo que provoca indeseables demoras en los traslados, apunta la especialista segoviana.

El nuevo contrato de transporte sanitario que deberá materializarse próximamente determina un aumento de las ambulancias de soporte vital avanzado y de soporte vital básico. Sin embargo, de momento, la estrategia regional frente al ictus acordada el mes pasado solo cuenta en la provincia con una unidad medicalizada y con otra para el transporte interhospitalario, además de diez de soporte vital básico, que son las que habitualmente se ven en circulación. Mientras las dos primeras, las conocidas como UVI móviles, están compuestas por conductor técnico en emergencias y personal médico y de enfermería, las segundas disponen de conductor técnico de emergencias sanitarias y técnicos sanitarios de emergencias.

«Cuanto más tiempo pase, las secuelas serán mayores», resume Marta Ferrero, quien además ocupa la subdirección médica del complejo asistencial de Segovia. Es una cuenta atrás por la supervivencia del paciente infartado cerebralmente. «Cada minuto se mueren dos millones de neuronas», llama la atención Ferrero.

En la provincia, las zonas básicas de salud del nordeste geográfico son las más alejadas del Hospital General, las que más kilómetros han de recorrer y, por lo tanto, son las que acusan y arrastran tiempos de respuesta más largos. Pacientes con una urgencia asistencial residentes en núcleos de las áreas de Sacramenia, Riaza y Sepúlveda pueden alargar más de una hora la llegada a la unidad hospitalaria que funciona en la capital segoviana desde que se moviliza la ambulancia de soporte vital avanzado.

Esta dificultad para aplicar el Código Ictus Regional es extensible a Castilla y León, donde aproximadamente el 17% de las zonas básicas de salud están a más de una hora del centro de referencia donde se trata específicamente un accidente cerebrovascular.

La nueva estrategia autonómica de derivaciones distingue cuatro complejos hospitalarios en la comunidad que son los llamados nodos o centros terciarios. Son los que poseen los servicios y los recursos radiológicos para realizar las técnicas más avanzadas. Eso es lo que los diferencia de los centros de primer nivel como es el segoviano, aunque éste disponga de una Unidad de Ictus de tres camas instaurada en 2019 y de un equipo especialista en la atención a la enfermedad. El traslado a los nodos de centros terciarios solo se hará en determinados casos, concreta el protocolo.

Marta Ferrero desgrana el modo de proceder. Ante los síntomas compatibles con los de un ictus, «lo primero es llamar al 112». El servicios de emergencias mandará una ambulancia que trasladará a la persona afectada al centro primario, es decir, al más cercano, que en la provincia es el Hospital General. Si el vehículo cuenta con la dotación necesaria, se evaluará al paciente 'in situ' durante el trayecto, y si se confirma el diagnóstico se le pasa por Urgencias. Si la oclusión del vaso dañado es muy grande, el accidentado es derivado al nodo del centro terciario asignado en la estrategia regional. Los pacientes segovianos cuyo estado de salud lo demanda son evacuados de emergencia al Clínico de Valladolid.

En la valoración urgente que se haga en el complejo asistencial segoviano se certifica, a través de las pruebas radiodiagnósticas, la magnitud del daño y la unidad especializada determinará la terapia. Si se trata de un infarto, el Hospital General puede llevar a cabo la fibrinólisis, que permite desatascar el trombo que impide el riego a la zona y que se desarrolla en las primeras cuatro horas y media desde que aparecen los síntomas. En casos de oclusión mayor, se requiere un tratamiento más complejo mediante una técnica llamada trombectomía mecánica. Los pacientes que la necesitan son los que son derivados al Clínico Universitario de Valladolid. Y luego están los diagnósticos más leves o menos graves.

El documento que especifica el nuevo modelo unitario de atención al ictus en la comunidad autónoma recoge las distancias en cada provincia al centro terciario, es decir, al nodo de referencia, así como la duración del trayecto urgente. El recorrido hasta el Clínico de Valladolid desde el Hospital General es de 115 kilómetros, en el que se invierten 82 minutos.

Por otra parte, según las cifras facilitadas por la coordinadora de la unidad segoviana, la tendencia de ingresos en el Hospital General por ictus se mantiene más o menos constante en los últimos años en la horquilla entre los 300 y los 350.

La implantación y aplicación del Código Ictus Regional «ha costado muchos años» de trabajo. «Supone un cambio organizativo e implica protocolos de derivación jerarquizados», reitera Ferrero, quien apunta que uno de los ejes sobre el que gira este sistema comunitario es agilizar la evaluación urgente del paciente para descartar o confirmar la enfermedad y reducir el tiempo que pasa desde los síntomas hasta el tratamiento. Por eso, la coordinadora incide en que la nueva estrategia «necesita la gestión eficaz de las emergencias sanitarias». De hecho, el protocolo respaldado por sociedades científicas establece que el servicio 112 de Emergencias Sanitarias sea el que coordine la transferencia de pacientes a los hospitales.

Segovia, recuerda Ferrero, puso en funcionamiento el Código Ictus en 2006, el cual ya implicaba una organización de la asistencia que se presta a los accidentes cerebrales. La unidad entro en servicio en 2019.