Segovia

La climatización del Ayuntamiento, en la diana de las quejas vecinales por ruido

La queja consistía en las molestias que le causaba el funcionamiento de las máquinas de climatización instalado en la parte trasera de la Casa Consistorial. En verano, el ruido de estos equipos se metía en la vivienda; pero había más. El demandante también aludía a otros focos perturbadores: chimeneas, sistemas de ventilación y compresores de refrigeración y congelación de algunos establecimientos hosteleros situados en el mismo entorno.

Aunque el Procurador del Común reconoce que los responsables del Ayuntamiento han puesto interés en atajar el problema, y de hecho subraya en el escrito que se han ejecutado algunas actuaciones para paliar el trastorno, el vecino ha insistido en sus quejas.

El responsable de la institución regional, Tomás Quintana, solicita ahora al Consistorio que haga «ejercicio de las potestades de inspección y control» que le confieren la Ley del Ruido de Castilla y León y el marco regulador local establecido en la Ordenanza Municipal sobre Ruido y Vibraciones. En este sentido, le insta en la nueva resolución a que «ordene una medición desde la vivienda» del afectado.

Tal y como admite la entidad autonómica, «no cabe en absoluto hablar de una pasividad municipal ante las denuncias formuladas». Así, tras varias reuniones concejales, técnicos y con la Defensora de la Ciudadanía, en octubre de 2021, la Policía Local, provista de un sonómetro, midió las emisiones del sistema de climatización en la Casa Consistorial y en distintos puntos del inmueble que padece las molestias. Las lecturas que aportó el Ayuntamiento concluyeron que no se superaban los límites que establece la norma.

Pese a ello, se adoptaron algunas correcciones para «mejorar la convivencia vecinal con el fin de reducir las molestias sufridas por los vecinos del entorno», pone de relieve el escrito del Defensor del Pueblo en la comunidad. Se instaló un sistema de reducción de ruidos, denominado 'Silens', y se colocó una cubierta de lamas para absorber ese sonido ambiental. Además, el equipo de climatización se apagó por las noches «para una mayor seguridad».

No fue suficiente, como se deduce de la nueva reclamación vecinal. En mayo de 2023, la Policía Local volvió a hacer unas mediciones. Además, por aquel entonces el grupo municipal de Ciudadanos advirtió entonces de esas reclamaciones. Durante dos días, se desarrollaron en total doce lecturas, repartidas entre mañana, tarde y noche, a un metro y medio de la fuente del ruido. Al igual que en octubre de 2021, los registros quedaron dentro de los límites autorizados. El Consistorio concluyó en su informe que «el Ayuntamiento de Segovia cumple con la normativa de ruido de Castilla y León».

El vecino lo rebatió y formuló una serie de alegaciones sobre las que ahora se pronuncia la institución regional. En ellas cuestiona las mediciones practicadas para evaluar el impacto acústico de los equipos de climatización de la Casa Consistorial. En este sentido, solicita en su queja que se haga un nuevo estudio, pero que esta vez lo ejecuten «técnicos competentes y no agentes de la Policía Local», y añade que se debería de haber elaborado previamente un informe que detallara el impacto ambiental del citado sistema.

El demandante también reclama que se analicen las emisiones de otra maquinaria, en referencia a la ventilación, a los equipos de refrigeración y congelación y a los aparatos extractores de humos de locales hosteleros cercanos.

Frente a estas objeciones, el Consistorio de la capital segoviana ha defendido ante el Procurador del Común la profesionalidad de la Policía Local. «Los inspectores son personal autorizado y formado para la realización de mediciones de ruido», subraya. En esa respuesta, también se asegura que «los sonómetros utilizados se encuentran registrados y certificados por una empresa especializada a tal efecto».

Además, rebate la petición de un estudio de impacto ambiental, ya que no se había instalado un nuevo sistema de climatización, sino que se habían sustituido los equipos que ya existían.

Tras una argumentación jurídica, el Defensor del Pueblo en Castilla y León insta al Ayuntamiento a que ordene al órgano competente la realización de otras mediciones del ruido desde la vivienda del afectado para ver si están dentro de los límites permitidos por la ley regional. Si al final los resultados revelan que se sobrepasan esos máximos, el Procurador del Común solicita que se tomen las medidas correctoras oportunas para «erradicar las molestias» denunciadas por el vecino, «sin perjuicio de abrir un expediente sancionador».