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En julio, una vez constituidos todos los ayuntamientos, el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, asumirá la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que le corresponde por turno. En la cartera de asuntos tendrá el resultado de estos últimos cuatro ... años de trabajo, como el positivo impulso en la promoción turística y cultural y la celebración del vigésimo quinto aniversario de la constitución del grupo, y varias demandas para trasladar al nuevo Gobierno. Una de las principales, que es una reivindicación casi desde el inicio, es lograr un trato fiscal diferenciado que compense los gastos de mantenimiento y conservación de su patrimonio, «muy superiores a los de otras ciudades», según ha remarcado este sábado en Segovia el actual presidente del grupo y alcalde Cuenca, Ángel Mariscal.
La asamblea que acogió la Sala de Artillería del Alcázar fue la de cierre del mandato, con el fin tanto de hacer balance de estos cuatro años como de preparar el traspaso de poderes al próximo equipo de la directiva, con la asistencia de los actuales alcaldes en funciones (algunos no repetirán) y quienes serán sus sucesores. Y el problema común que tendrán todos y continuará en la carpeta de reivindicaciones es el de ver compensado de alguna manera el esfuerzo que requiere mantener y recuperar, en su caso, el patrimonio; es decir, contar con un trato fiscal diferenciado en la línea que ha trabajado el grupo de estudio del área de Hacienda estos cuatro años. La petición al próximo Ejecutivo de España está preparada.
Uno de los riesgos de los centros históricos en ciudades como las declaradas Patrimonio de la Humanidad es la gentrificación, término que puede equivaler a la conversión en cascos históricos vacíos, con alquileres muy elevados y, al final, convertidos casi en parques temáticos. El término procede de la palabra inglesa 'gentry', que se refiere a la 'baja nobleza' y alude al turismo de masas y de menor calidad, que recorre a toda prisa los centros históricos y deja poco valor añadido. El fenómeno es más acusado en unas ciudades que en otras y solucionarlo pasa por «buscar un turismo de más calidad y que genere más riqueza», indicó Clara Luquero. En Segovia las directrices de la empresa municipal van en esta línea, más en un año que, como dijo Luquero, «en los últimos tres años el turismo ha tenido un aumento notable, y este en los seis primeros meses volvemos a batir récords». estos es, dar prioridad a la calidad de los visitantes sobre la cantidad. Pero el problema, señaló el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, es de difícil solución y «los ayuntamientos no lo pueden afrontar en solitario». Por ejemplo, en Ibiza ha creado un problema adicional, el de la dificultad de acceder a la vivienda por la clase trabajadora, y por eso han sido prohibidos los apartamentos turísticos. La clave sería la que mencionó el alcalde de Cuenca: «Trabajamos con los vecinos para transmitirles que deben estar orgullosos de tener un casco histórico patrimonio de la humanidad, que puede crear puestos de trabajo, y para que sean conscientes de que no se puede convertir en un parque de atracciones». Por eso, agregó, hay que hacer partícipe a la población de las soluciones, que no empeore la movilidad y la accesibilidad «y que los vecinos tengan todos los servicios».
La necesidad de dotar a las quince ciudades del grupo de más recursos económicos tiene el aval del trabajo realizado en la conservación y promoción del patrimonio, la cultura y el turismo. El hecho, incidió Mariscal, de que «somos un ejemplo único en Europa de ciudades que trabajan en común en la defensa del patrimonio», y también de que ese sigue siendo el objetivo primordial, además de que las quince Ciudades patrimonio son «las mejores embajadoras de la 'marca España' y de su identidad cultural».
Y es también «un grupo modélico» que trabaja en red y en el que los objetivos prioritarios «están por encima de partidos políticos y de ideologías», razones por las que en estos cuatro años han podido avanzar en unas mejores relaciones con el Gobierno central y con los de las comunidades autónomas.
Y en este sentido está otra de las prioridades para estas ciudades en materia de defensa y mejora del patrimonio. Es la de eliminar el cableado y las tuberías de las fachadas de los cascos históricos, que es más problemático en unas ciudades que en otras y que se enfrenta también a los intereses de las empresas suministradoras de telefonía y gas, que actúan como un 'lobby' para no asumir el coste. A este respecto ilustró Ángel Mariscal la situación con un dato: «En una ciudad como Cuenca, el coste para retirar el cableado aéreo tendría un coste de 20 millones de euros».
Así, las Ciudades Patrimonio reclaman un trato diferenciado y por eso en la reunión celebrada en La Laguna decidieron constituir un grupo de trabajo , con el objetivo de que quede reflejado en los Presupuestos Generales del Estado «y el problema no vaya a más».
El próximo presidente, Rafael Ruiz, precisó que «estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y seremos insistentes; uno de los objetivos es conseguir como mínimo que la normativa cambie. Las compañías son reticentes por el elevado coste, pero ha de contemplarse la riqueza patrimonial de las ciudades y nos deben acompañar el Gobierno y las comunidades autónomas con cambios en la normativa».
Además del alcalde en funciones de Cuenca, Ángel Mariscal, a la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España celebrada en Segovia asistieron los alcaldes en funciones de Segovia, Clara Luquero; Ibiza, rafael Ruiz; Mérida, Antonio Rodríguez; Córdoba, Isabel Ambrosio; Ávila, José Luis Rivas; Santiago de Compostela, Martiño Noriega, y Alcalá de Henares, Javier Rodríguez.
Según ha informado a Efe el Ayuntamiento de Segovia, también estuvieron en la reunión los alcaldes en funciones de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz; Baeza, María Dolores Marín; Úbeda, Antonio Olivares; el teniente de alcalde de Salamanca, Julio López, y el vicealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido.
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