Segovia

Cien instalaciones tienen plan de autoprotección para prevenir las catástrofes

Una situación de emergencia puede ocurrir en cualquier espacio y en cualquier momento. «No hay ningún lugar que pueda considerarse exento de la posibilidad de una catástrofe», remarca la Junta de Castilla y León. La Administración autonómica es la encargada de vigilar el cumplimiento de esta norma estatal que vela por la seguridad en los centros y dependencias cuya labor desarrollada pueda originar un peligro, como puede ser un incendio o una fuga de alguna sustancia tóxica.

Más vale prevenir que curar. De ahí que los organismos se sirvan de unos planes que establecen una serie de consejos para gestionar aquellas actividades que impliquen un mayor riesgo, las cuales están recogidas en un amplio listado. El objetivo es garantizar el control y dar una respuesta adecuada a la emergencia. «Que todos podamos hablar el mismo idioma», asegura la jefa del Servicio de Protección Civil de Castilla y León, Esperanza Garrido. «Son la primera piedra a la hora de hacer frente» a las catástrofes, manifiesta.

Con ello, se refiere a los efectivos de diferentes unidades que colaboran en poner una solución al incidente, desde 112, bomberos y agentes policiales hasta personal sanitario y voluntarios. Si no se pusiese en marcha una guía para combatir los peligros, «sería un caos total», añade. Las directrices a seguir son las «básicas», pero «hay que adaptarlas» a los diferentes entornos en los que puedan ocurrir situaciones de riesgo. La elaboración e implantación de los reglamentos corresponde al titular de la actividad.

La Junta creó un registro que unifica los diferentes planes, al que tienen acceso los servicios de emergencias. «Si se incendia una instalación que está dada de alta en el censo, un bombero puede hacerse una composición del lugar antes de llegar y saber perfectamente la ubicación de los transformadores de luz, los hidrantes o si hay un depósito que tenga gas propano», asevera Garrido. Es una herramienta desconocida entre la población, pero «muy útil» a la hora de salvar vidas.

Normalmente, según especifica la Junta, los habitantes no asumen «el riesgo potencial« de los sucesos que tratan, ya sea por la escasa frecuencia en que se producen -como puede ser una explosión química o un accidente de ferrocarril-; o por falta de información. Está muy presente «el factor sorpresa», que es el más peligroso a la hora de combatir las catástrofes.

Segovia contabiliza 103 planes de autoprotección, de los que casi la mitad se han validado en los últimos cuatro años. Es decir, se han inscrito en el registro o modificado, una acción que se realiza de forma bienal. No se notifican cancelaciones en este periodo a raíz del cese de una actividad. Pese a ello, es la provincia de la región que menos reglamentos de este tipo ha sacado adelante desde 2020. Valladolid lidera el listado con más de 200 nuevos proyectos, seguido de Burgos, con 183; León, con 167; o Salamanca, con 120. Los demás territorios se encuentran por debajo del centenar: Soria anota 63 normativas adaptadas.

El catálogo de actividades que deben estar bajo el amparo de una norma básica de autoprotección es extenso, ya que comprende más de 40. Están incluidos los hospitales que tengan más de 200 camas, como es el Complejo Asistencial de Segovia; o las residencias y centros de día destinados a ancianos o personas con discapacidad, siempre que existan ocupantes que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios o afecte a más de cien personas.

«Hemos pedido que, por la casuística de Castilla y León, con multitud de residencias repartidas por el medio rural, se bajen los umbrales», indica la responsable de Protección Civil. Hay algunos ejemplos que, sin ser obligatorio, han adaptado el reglamento porque se trata de «un plus de garantía y calidad» para los usuarios.

También se someten a los planes los colegios, institutos o guarderías, así como el Teatro Juan Bravo, campings o eventos al aire libre con un número de asistentes previsto superior a los 20.000. Lo mismo sucede con los Parques Nacionales, los aeródromos, actividades industriales en las que están presentes sustancias peligrosas, edificios de más de 28 metros de altura (de los que carece Segovia), autopistas de peaje o túneles de carreteras del Estado.

Precisamente, uno de los documentos que recientemente han sido modificados es el que se corresponde con los túneles de Guadarrama, que hace unas semanas fueron escenario de un simulacro. «Hay protocolos que compartimos con la Comunidad de Madrid», subraya. Los embalses deben cumplir con la autoprotección, así como con los planes de emergencia existentes ante el riesgo de rotura o avería de presas.

En su última actualización, la Junta confirma la implantación de estos sistemas de Protección Civil en Burgomillodo, Ceguilla o Las Vencías. Los documentos del Pontón Alto y Linares del Arroyo fueron informados y aprobados estos años, pero todavía no se han puesto en marcha. El plan del Mar de la Granja, perteneciente a Patrimonio Nacional, por el momento no ha sido notificado.

El registro de los proyectos es un paso previo a la autorización del comienzo de una actividad. «Se puede hacer una declaración responsable, pero es un requisito indispensable para obtener la licencia definitiva», indica Garrido. En caso de que se incumpla la medida de prevención y se ocasionen daños a personas, bienes o al medioambiente, se considerará una sanción muy grave, lo que acarrea multas de entre 30.001 y 600.000 euros. Lo mismo sucede si se impide la labor inspectora.

Estos planes se sitúan en el peldaño más bajo de la escalera de las actuaciones de Protección Civil, ya que conviven con otras guías, como son las que abordan el riesgo de lluvias y vientos fuertes, desprendimiento de laderas, terremotos, olas de calor, accidentes en montaña o transporte de mercancías peligrosas. Asimismo, se integran en otros reglamentos. Por ejemplo, en los de emergencia exterior, en los específicos -contra incendios, inundaciones y peligros radiológicos, cuya elaboración está en proceso-; y en el Plan Territorial de Castilla y León (Plancal), «que se aplica para cualquier emergencia en la región», concluye.