Más de cien denuncias por poner la tele o la radio en el bar

Para la hostelería no está siendo fácil ver la luz al final del túnel, aunque la relajación de las restricciones supone una bocanada de aire fresco las complicaciones no han cesado. Por si fueran pocos los impuestos que pagan habitualmente, ahora la Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) les reclama uno nuevo. Se trata de una entidad privada que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los actores, actores de doblaje, bailarines y directores de escena y exige a los hosteleros segovianos un canon que oscila entre los 70 y los 120 euros por el uso de la televisión en sus establecimientos durante parte de 2019 y 2020.

A mediados de mayo comenzaron a recibir las denuncias de esta fundación y según el presidente de Hotuse (Hostelería y Turismo de Segovia), Jesús Castellanos, tienen constancia de que han llegado a más de un centenar de los 250 socios. No obstante, cree que la cifra de denunciados puede superar los 300 en toda la provincia. «Desde la asociación lo hemos puesto en manos de nuestros servicios jurídicos para intentar negociar con esta empresa privada porque nos parece un abuso. Además, es inaudito que el Gobierno otorgue una vez más potestad a una empresa privada para cobrar un impuesto», asevera.

No se oponen a pagar una cuota en concepto de derechos de autor por la música y la televisión que utilizan en sus locales, sin embargo, ven injusto pagar por el mismo concepto a tres entidades diferentes. En este sentido, explica que de forma trimestral ya están pagando a la Sociedad General de Autores (SGAE) y también a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) que les pasa la cuota junto a la Asociación de Artistas Intérpretes (AIE).

De modo, que un establecimiento con una superficie de 100 metros cuadrados con una televisión y dispositivo de reproducción de música destina entre 300 y 600 euros anuales de al pago de los diferentes cánones por derechos de autor. Por eso, ven esta maniobra de AISGE como un «chantaje» y creen que si han recurrido al Juzgado de lo Mercantil es «para asustarnos y conseguir que paguemos», critica.

En el sobre que les envió la entidad junto a la denuncia también aportan como prueba un disco con grabaciones hechas en el interior de sus locales, algo que ven un «exceso surrealista que demuestra que han enviado espías para presionar», indica Castellanos.

En su caso le reclaman 77 euros por haber utilizado estos servicios en su restaurante Haggen Acueducto 25, pero más que la cantidad lo que le molesta es la falta de empatía que demuestran al enviar cartas amenazantes de los juzgados en un momento tan crítico para la hostelería. Y es que el sector acumula enormes pérdidas y todavía las restricciones impuestas como consecuencia de la crisis sanitaria no les permiten trabajar al 100% de su capacidad.

Por otra parte, cree que con esta demanda están haciendo perder el tiempo a los juzgados que, desde su punto de vista, tienen asuntos más importantes que tratar. «Nos parece desproporcionado el procedimiento que han iniciado para reclamar unas cantidades tan pequeñas, pero no lo van a conseguirlo porque tenemos claro que nos quieren cobrar de forma fraudulenta», señala.

El problema es que hasta la fecha no hay jurisprudencia sobre este tema por lo que, tal y como afirma, lo que busca AISGE es una sentencia judicial que le avale para cobrar legalmente este impuesto que prevén que termine fijando en una cantidad similar al de la SGAE. Ante tanto pago por un mismo servicio, Castellanos advierte de que ya son varios los hosteleros que han tomado la determinación de quitar la televisión y la radio en sus establecimientos porque «no sale a cuenta», pero la mayoría no cree que esta sea la solución.

Por otra parte, insiste en que gran parte de la responsabilidad es del Gobierno, ya que «está dando a empresas privadas cuyo objetivo es ganar dinero la potestad de cobrar impuestos». Además, cree que estas entidades de gestión de derechos de autor ya han demostrado que «legalmente están cogidas con pinzas y en algunos casos se ha visto que actúan con opacidad y han cometido delitos como el de malversación de fondos». Motivos más que suficientes, según recalca, para que el Gobierno termine con este sistema y busque nuevas alternativas para pagar a los autores por el consumo su obra.

Los hosteleros tienen claro que de forma individual no van a conseguir su objetivo, por eso, Javier Zamora, abogado de Hotuse, se encarga de recopilar todas las denuncias con el fin de oponerse de forma conjunta a esta petición y lograr así que la presión sea mayor. Estas entidades de gestión vinculan sus derechos a los programas que se visualizan en los televisores de bares y restaurantes, algo que les permite la Ley de Propiedad Intelectual al dividir los derechos. «Hay que pagar a SGAE por la música, a AGEDI por los intérpretes y a AISGE ahora por los actores o director de escena que tienen presencia. Cada vez hay más que ponen el cazo para cobrar porque la ley es así», aclara.

Zamora avanza que el principal argumento que utilizarán en las negociaciones con esta fundación es que el importe reclamado corresponde a 2020, un año en el que el interior de bares y restaurantes han estado cerrado la mayor parte del tiempo por las medidas sanitarias impuestas. «Para poder cobrar derechos de autor tienen que demostrar que se ha hecho uso de esas obras y no ha sido el caso».

A ello se suma que esta tarifa está mal configurada porque, a su juicio, tendría que variar en función de la intensidad de uso, ya que «no es lo mismo que vea la tele una persona o que lo hagan 50 y los aforos actuales, así como las distancias hacen que la situación no tenga nada que ver con la existía en bares y restaurantes antes de la pandemia».

Las cantidades que reclama esta fundación son pequeñas, entre 6 y 8 euros mensuales, pero matiza que los hosteleros se oponen a pagarlas porque «lo ven como un abuso y un requerimiento ilegítimo por parte de AISGE». Además, puntualiza que SGAE ha tenido estos meses más sensibilidad y ha actuado de forma más legal. «Los meses que los establecimientos han estado cerrados no han hecho uso de la televisión y por tanto las entidades no tienen derecho a cobrar, algo que SGAE ha entendido y ahora ha reducido la cuota un 50%».

Hace tan solo unos días que Óscar Hernando, del restaurante Maracaibo, pagó las cuotas trimestrales de SGAE y AGEDI, 57 euros del primero y más de 17 euros le cobró el segundo. Poco antes recibió la carta de AISGE y reconoce que le pareció «una auténtica vergüenza y un atraco porque hay 7 entidades de gestión de derechos y es un cachondeo que cada día nos lo reclame una». Por eso, su intención es que retiren la denuncia y en caso de que les ofrecieran una rebaja de la cuota tiene claro que la rechazarían.

La única solución posible, según puntualiza, es que se coordinen entre las diferentes entidades de derechos de autor y que tan solo una cobre los recibos, eso sí, sin subir las cuotas. Al respecto, asegura que no tienen ningún sentido que tres empresas diferentes les cobren por el mismo concepto cuando en su caso tan solo utiliza la televisión para poner Rock Fm y en ocasiones muy puntuales las noticias. «Pongo los informativos cuando ha sucedido algo importante o algún cliente me lo pide para enterarse de una noticia en concreto, pero lo normal es que solo encienda la televisión para poner música y ambientar un poco el local».

Esta denuncia llega en el peor momento posible porque a la compleja situación de la hostelería se suma que estos días también les han llegado los impuestos municipales como el IBI o las basuras. Este último asciende a 500 euros el trimestre a pesar de que en su caso lleva cuatro meses y medio cerrado. «Hasta el 18 de mayo solo había abierto 7 días en 2021, porque sin poder hacer uso de las mesas del interior no me compensaba, por lo que no he hecho uso del servicio de recogida de basuras, pero tengo que pagarlo igual».

El resto de los hosteleros también se muestran contrarios a este impuesto. A Óscar Velasco, propietario de El Desván, la AISGE le reclama 120 euros por unos meses de 2019 y 2020, pero tiene claro que hará todo lo posible para no pagar esta cuota. «Ahora se sacan un nuevo impuesto de la manga y no entiendo por qué tengo que pagar yo la jubilación de este sector cuando ya están cobrando por su trabajo. Yo si me jubilo después de 30 años pagando impuestos y cuota de autónomos me quedo con 600 euros al mes», critica.

Ni siquiera comprende que negocios como el suyo tengan que pagar a una entidad privada en concepto de derechos de autor porque «la televisión de pago ya me cuesta más de 200 euros al mes, en tal caso tendrían que ser ellos los que abonarán los derechos de autor porque no tiene sentido que además de pagar por los canales nos cobren otras tres entidades». De hecho, sostiene que si se trata de derechos por la difusión de la obra se lo tendrían que cobrar a todos los ciudadanos, también a los particulares por tener televisores en sus casas o por consumir música y vídeos en sus teléfonos móviles. Algo que reconoce que «no tiene ningún sentido».

A todo ello se suma que en su local tiene puesto durante todo el día un canal de música extrajera que «ni siquiera tiene que ver con los artistas nacionales». Al igual que sus compañeros de profesión reclama al Gobierno que tome medidas porque «es incompresible que autorice estos impuestos» y más cuando ni siquiera ha tenido el bar abierto durante la mayor parte del tiempo reclamado.

Una vez más incide en que esta lucha no la inician porque haya sido un año malo o por rebajar la cantidad económica que se les reclama. «Aunque sean 5 euros al mes, es mi trabajo y no tengo por qué regalarlo». Asimismo, teme que si abonan la cantidad exigida acabe sentando un precedente y comiencen a cobrárselo de forma trimestral como ocurre con las entidades a las que ya pagan. Por último, recuerda que con SGAE firmó un contrato hace más de 20 años, sin embargo, ahora se lo exigen, según dicen, «por ley» y sin ningún tipo de compromiso previo.

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