Cerca de 35.000 segovianos no tienen una oficina bancaria en su localidad

Desde entonces hasta hoy, la tendencia ha sido igual de sostenida e imparable, pero en sentido contrario. Además, está lejos de cesar, a tenor de las noticias que genera el sector financiero. El Banco Santander ultima un expediente de regulación de empleo que afectará a unos 3.000 empleados e incluirá el cierre de más de 1.000 sucursales;en unos días concretará el anuncio, que pondrá el foco en las consecuencias de la absorción del Banco Popular. CaixaBank lleva dos meses negociando con los sindicatos un ERE para, en principio, 2.157 empleos y 800 oficinas urbanas. El diciembre del año pasado, Unicaja declaró Castilla y León área «excedentaria en personal» y pactó 132 jubilaciones anticipadas (dentro de un total de 760) para este año... En el sector se da por hecho que habrá más fusiones y, con ellas, redundancias y personal 'sobrante'. Sin olvidar que en el mundo financiero, digitalización y nuevas tecnologías son sinónimo de clausura de oficinas.

Segovia tiene en la actualidad 154.184 vecinos (según el INE, a 31 de diciembre de 2017) y 136 sucursales bancarias (según el Banco de España, a 31 de diciembre). Esto es, una oficina por cada 1.168 clientes potenciales, una ratio que supone algo así como un regreso al pasado de los años 80. En los últimos diez años, la población de la provincia ha descendido el 6%, mientras que el número de sucursales lo ha hecho el 37%, que en unidades son 77. Segovia es, después de Valladolid, la provincia de Castilla y León con más cierres desde 2008. En Barcelona, no obstante, han echado el cierre el 57,5% de las oficinas financieras.

Desde que comenzó el cierre de oficinas en 2008, según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Segovia y Cáceres son las provincias en las que más ha crecido el porcentaje de población que residen en municipios sin oficinas bancarias, que en el caso de la segoviana es del 22,5% de la población y un total de 34.670 vecinos. Un caso paradigmático es Palazuelos de Eresma, que desde que cerró la única sucursal del pueblo en 2017 solo dispone de un cajero autómático para una población que supera los 5.000 habitantes (la tercera de la provincia).

Como en los pueblos sin oficinas, para cualquier gestión que no sea sacar dinero los vecinos de palazuelos tienen que acudir al pueblo más cercano que la tenga, y en su caso la mayoría optan por Segovia capital. Otra opción para los clientes de Bankia de muchos municipios es esperar al autobús itinerante de la entidad, el llamado 'ofibús'.

Pero para poner en contexto esos 1.168 habitantes por oficina hay que tener en cuenta las características de la provincia, con una población muy dispersada en pueblos poco habitados que concentran más del 40% del total. Según el 'Informe sobre Estructuras Financieras' del BCE, España era en 2017 el segundo país de la Eurozona con más sucursales por habitante con una por cada 1.613 personas, solo superado por Chipre con 1.568, una cifra muy parecida a la de Valladolid y superior a la de Segovia. La media de la zona euro era de 2.278 ciudadanos por sucursal. Todo apunta, pues, a que un promedio tan alejado del de los países de nuestro entorno otorga a la banca margen y argumentos para continuar con los cierres.

A la par que se ha ido produciendo la liquidación de locales, las plantillas han ido menguando. En su momento de mayor 'gloria' el inolvidable 2008, las entidades de crédito españolas empleaban a 278.301 personas en todo el país, según los datos del Banco de España. Desde entonces, año tras año, implacablemente, la cifra ha ido contrayéndose hasta los 192.626 actuales. La reducción es del 30% en el decenio.

Para conocer lo que ha sucedido en la provincia segoviana hay que acudir al registro de la Seguridad Social, donde están agrupados los afiliados de 'actividades financieras y seguros'. En este caso el máximo se dio en julio de 2010, cuando bajo este epígrafe trabajaban en Segovia 1.185 personas. En el cierre de 2018 se habían quedado en 915, es decir, una reducción del 23%, uno de cada cuatro trabajadores del sector.

Si algo caracterizaba al sector, al menos hasta hace algunos años, era la puesta en práctica de un 'modelo' de ERE en el que primaban las jubilaciones anticipadas y unas indemnizaciones más bien 'jugosas'. Pero las cosas ya no son así, o no lo son como norma indiscutible. «Son momentos muy delicados para los empleados, que viven tiempos de incertidumbre ante los rumores de próximas fusiones –opina Luis José Rodríguez Alfayate, presidente de FINE (federación sindical donde se adscribe CSICA)– y cómo pueden estas afectar a las plantillas.

CaixaBank, una empresa que hasta ahora había apostado por las salidas voluntarias, está radicalizando su postura en la actual negociación de su ERE. La sangría no ha concluido y sigue siendo necesario defender el mantenimiento de los puestos de trabajo y la protección de las condiciones laborales».

Desde UGT, mientras, alertan de que la digitalización no justifica los cierres y recortes, ya que «no es algo que pidan los clientes, sino que se les impone» y que se utiliza «como disculpa para prescindir de empleados y sobrecargar a los 'supervivientes' con prolongaciones de jornada con las oficinas cerradas», según señala Jesús Vara, responsable del sector financiero en el sindicato en Castilla y León.

En UGT confían en que una interpretación estricta del control de horarios laborales impida que «se sigan recortando puestos de trabajo a costa de prolongar la jornada de forma habitual» y haga «que las horas extras por un motivo extraordinario y ocasional se consideren como tal, se cobren y se coticen a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública».

El control de la jornada –añaden– va más allá de la cotización y también «permitirá eliminar una de las principales causas del deterioro de la salud de los trabajadores del sector financiero, continuamente presionados con objetivos, llamadas, rankings, formación fuera del horario laboral y amenazas de todo tipo».