El Catrastro detecta 19.428 construcciones irregulares en la provincia

En total, las inspecciones del Catastro (con visitas de sus técnicos sobre el terreno, con cotejos fotográficos e incluso con el uso de drones y fotos por satélite, sobre todo para las obras ejecutadas en chalés), han permitido detectar 19.428 irregularidades en la provincia, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda, después de que el pasado 31 de diciembre concluyera el proceso de regularización.

Ahora, una vez rematado el plan impulsado hace seis años por el departamento dirigido entonces por Cristóbal Montoro, el fisco hace balance. En los 209 municipios que conforman el mapa de la provincia se han recaudado 1.165.680 euros en concepto de la tasa de regularización. En cuanto a la modificación al alza del precio de la propiedad en la que se han realizado modificaciones para su regularización, la administración cobra a los afectados una tasa de 60 euros.

A esta cantidad habrá que sumarla los posteriores ingresos que perciban los ayuntamientos y el Estado una vez puesto al día el valor catastral de los inmuebles pillados en falta. Y esto es algo a lo que obliga la ley, ya que hay que declarar las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones que se lleven a cabo en los ya existentes. Sin embargo, Hacienda no informa de estos ingresos extra que perciben las arcas de las administraciones una vez llevada a cabo la actualización.

Las propiedades que han sido objeto de este procedimiento son aquellas en los que se hubiese detectado una incidencia como consecuencia de un contraste cartográfico o de otros trabajos de comprobación llevados a cabo por empleados del Catastro.

Por lo general, las inspecciones desarrolladas incluso mediante el uso de drones sacan a la luz distintos tipos de ilegalidades, como casetas que han sido convertidas en pequeñas viviendas, cerramientos en terrazas y balcones, patios ampliados para transformarlos en jardines, nuevas plazas de aparcamiento o piscinas edificadas sin declarar.

En total, en la provincia esas más de 19.400 irregularidades descubiertas durante las inspecciones suponen el 2,2% de los 870.311 inmuebles que componen la base de la que parte el Catastro. Eso, de media, porque hay localidades en las que el porcentaje de infracciones crece de forma significativa. A la cabeza se sitúa Villaverde de Íscar y Castrejo. Allí, con alrededor 620 vecinos empadronados, se han regularizado 212 inmuebles (tanto en fincas rústicas como urbanas). O lo que es lo mismo, el 13,6% del total de propiedades que hay en el municipio han requerido ser regularizadas.

Otro pueblo en el que la lupa del Catastro ha revelado un alto nivel de fraude es Duruelo, en el que las anomalías puestas al descubierto superan el 10% del parque inmobiliario existente, tanto rústico como urbano. La terna que lidera las irregularidades en la provincia la completa Fuentepelayo, donde prácticamente el 9% de las propiedades han sido objeto de regularización. Por encima del 7% también están Hontanares de Eresma, Fuente El Olmo de Íscar, Cantimpalos, Muñopedro, Martín Muñoz de las Posadas y Juarros de Voltoya.

De acuerdo con las cifras que maneja la Dirección General del Catastro, la mayoría de las infracciones se han producido en bienes urbanos (16.450, el 84%). Y, en la mayor parte de los casos, el 38%, se ha debido a ampliaciones y rehabilitaciones. Esto se traduce, por ejemplo, en la construcción de garajes y nuevas plazas de aparcamiento, en casetas del jardín que se han reconvertido en almacenes, en terrazas o balcones cerrados... Por otro lado, de las estadísticas se sonsaca que tres de cada diez infracciones detectadas estuvieron vinculadas a nuevas construcciones que no fueron comunicadas debidamente al Catrasto. Las reformas y cambios de uso de las propiedades acaparan el 29% de las irregularidades.

Algo menos del 3% se refiere a piscinas construidas de tapadillo. En términos absolutos, son 485 piscinas en la provincia 'cazadas' por el fisco que han de ser regularizadas. La mayor incidencia se observa en Fuente de Santa Cruz, un municipio de 119 habitantes empadronados donde la mitad de los 44 procesos de regularizaciónse corresponden con este tipo de infraestructuras. Las inspecciones también ponen de relieve cómo varios términos del entorno de la capital segoviana, como La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia, Navas de Riofrío, Torrecaballeros, Marugán o Bernuy de Porreros también presentan un importante porcentaje de regularizaciones de piscinas.

Castilla y León es la tercera comunidad autónoma donde más se han detectado este tipo de irregularidades, con Andalucía y Galicia a la cabeza. La Dirección General del Catastro inició estas inspecciones en 2013, empujado por la crisis, que lastró los ingresos tributarios de las administraciones.Europa instó a contener el déficit y España vio en esta lucha contra el fraude una vía para aminorar la deuda.

El plan ha estado en vigor hasta el pasado 31 de diciembre (con la inspección cerrada en los 209 municipios de la provincia), aunque el Gobierno central tiene previsto prorrogarlo en 2019. En algunas zonas los drones han tenido más trabajo de lo esperado. Córdoba, por ejemplo, se sitúa a la cabeza del fraude catastralen España. Allí hay municipios, como Peñarroya-Pueblonuevo, donde las inspecciones detectaron irregularidades en el 48,9% de los inmuebles.