El campo continúa en una situación «crítica» un año después de las tractoradas

Las protestas han continuado en los meses posteriores. No en forma de tractoradas, que fueron acciones reivindicativas que llevaron a movilizarse «a trabajadores que nunca habían salido antes», recuerda el presidente de la Unión de Campesinos-UCCL Segovia, César Acebes. Pero sí se han sucedido concentraciones y manifestaciones a lo largo y ancho de Segovia. Tanto a la puerta de los supermercados e industrias como frente a los edificios de instituciones oficiales.

«Vamos a seguir saliendo mientras continúe esta situación», confirma el representante de UCCL. «No hemos parado, son muchas cosas las que hay que mejorar», corrobora el responsable provincial de la Alianza Upa-Coag, Pedro Matarranz. El espíritu reivindicativo también es compartido por Asaja Segovia. «Tenemos previstas varias acciones, pues son momentos difíciles», pronuncia el secretario general de la organización, Pablo Rincón. La Unión Nacional de asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha ido un paso más allá y ha anunciado nuevas tractoradas por «la dignidad del sector» en todas las provincias españolas el próximo lunes, 10 de febrero.

Las asociaciones con representación en Segovia, como son UCCL, Asaja y Upa-Coga, confirman que han percibido algunos mínimos avances respecto a principios de 2024, sobre todo consistentes en la llegada de acuerdos para flexibilizar algunos puntos de la Política Agraria Común (PAC). Esta normativa reguladora afecta a más de 7.000 explotaciones agrícolas o ganaderas, según el último censo estadístico de la Junta de Castilla y León; así como a 3.600 profesionales que desarrollan su labor en Segovia, tal y como recoge el informe de afiliación a la Seguridad Social. Pero todavía queda mucho camino por recorrer.

La firma del documento de 43 medidas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) en abril del año pasado tranquilizó al sector del campo. Este pacto supuso un punto de inflexión que permitió a los tractores regresar a su escenario habitual, los terrenos de cultivo segovianos, y abandonar las movilizaciones en carretera. Entre otras cuestiones, UCCL remarca que se han dado algunos pasos en la aplicación de ciertos asuntos acordados, como es la retirada de la obligatoriedad del cuaderno de campo -pasó a ser voluntario-, «lo que es un alivio»; o la puesta en marcha de algunas iniciativas fiscales.

Sin embargo, por el momento no se han cumplido todas las propuestas que fueron rubricadas, especialmente las que afectan a los precios. «Son las más complejas», considera Acebes. Con ello, se refiere a las cláusulas espejo o el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. «Estamos detrás de ello a ver si seguimos avanzando», señala. «Vamos a presionar a la administración para que no vuelvan atrás en nuestras reivindicaciones», insiste Matarranz.

Los costes de producción de cereal de secano se han llegado a triplicar desde el estallido del conflicto ucraniano. «Es un sector que está muy fastidiado», asume el secretario general de Asaja. La inflación ha supuesto un notable encarecimiento de los insumos, que incluye los abonos, fertilizantes, herbicidas o semillas; así como de la maquinaria y el gasóleo. Al contrario, los precios de la tonelada de cereal han caído en picado, por lo que una buena cosecha ya no llega a ser sinónimo de un futuro optimista en el gremio del campo. «La rentabilidad es bajísima y eso hace que la situación sea crítica», comenta Rincón. «Estamos sufriendo muchas pérdidas», puntualiza el responsable de Upa-Coag.

Son varios focos problemáticos los que identifican las organizaciones agrarias. Algunos de ellos están relacionados con las nuevas amenazas que se ciernen sobre el gremio. Las que más preocupan están relacionadas con las importaciones a raíz del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que es la entidad económica de América del Sur. «Es algo que no va a ser bueno para el sector porque tenemos competencia delseal; no se aplica todo de la misma manera, pues se compite con países que no tienen que cumplir condiciones tan estrictas como nosotros», asegura Matarranz.

UCCL centra su lucha actualmente en la defensa del ovino de leche. «Quieren bajar el precio hasta 21 céntimos respecto a 2024, lo que es un abuso, pues la industria impone precios y no te da opción a negociar», considera Acebes. La asociación agraria ha puesto en marcha un calendario de movilizaciones en contra de esta rebaja, que supondría «una pérdida muy grande» para algunos productores segovianos.

Por su parte, Asaja Segovia reitera los problemas burocráticos a los que se enfrentan las explotaciones. «La normativa que tenemos es muy exigente, hay nuevas imposiciones día tras día sobre un sinfín de cosas que no llegan a nada, que son imposibles de cumplir y que lo único que consiguen es dificultar la actividad de las explotaciones», relata Rincón. «Entendemos que están legislando en contra del sector y no a favor, eso es lo nos preocupa», concluye el secretario general segoviano.