Los Ayuntamientos recortan 26,5 millones de su deuda viva desde la 'Ley Montoro'

Así pues, la mayoría de los 209 Ayuntamientos segovianos transita de crisis en crisis con los dispendios atados en corto. El reciente informe publicado por la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda reconoce a través de los números y datos recabados de cada administración municipal el esfuerzo de contención que ha continuado en la anualidad 2022. Incluso en un contexto de recesión, inflacionista; con la guerra detonada por la invasión rusa de Ucrania; la escalada de precios que hubo en materiales y en los combustibles y los coletazos de la pandemia, los Ayuntamientos han logrado enjugar deuda viva, es decir, la acumulada por las entidades por avales, préstamos o créditos financieros.

Y es que afrontan este escenario adverso más ligeros de cargas, con menos lastre en la mochila del pasivo. Para muestra, el botón de la última anualidad. El valor conjunto de esas operaciones pendientes se redujo al echar la persiana el ejercicio anterior. El año 2022 se despidió con un endeudamiento global de las corporaciones locales segovianas valorado en 34.235.000 euros, a tenor de las cifras facilitadas por la Agencia Tributaria.

Esto supone que, a lo largo del pasado curso, el último completo del mandato que expiró con las elecciones celebradas en mayo, los Consistorios de la provincia de Segovia arañaron y saldaron algo más de 1,5 millones de euros a la deuda viva contraída. O lo que es lo mismo, en términos relativos la lectura de los datos dice que la disminuyeron en un 4,2%.

Este bocado al pasivo proveniente de operaciones de crédito pendientes de amortizar se une a los que ininterrumpidamente se han dado desde 2018, cuando el importe conjunto de la deuda viva que arrastraban las administraciones locales de la provincia ascendía a más de 41,8 millones de euros, cerca de 4,7 millones menos que la acumulada un año antes, en el que repuntó. De hecho, aquel aumento contabilizado en el debe de las arcas municipales de toda la provincia en 2017 es la única nota discordante en la partitura de descensos continuados que se da desde 2013, hace un decenio ahora.

El punto de inflexión que inició el trazado de la curva menguante que dibuja la evolución constante a la baja del importe total que suman las deudas con bancos y cajas de administraciones locales segovianas se encuentra en la entrada en vigor, en 2012, de un nuevo marco normativo regulador que iba a ejercer de ese cinturón que constriñera de ahí en adelante las inversiones de las entidades locales, a veces desmesuradas y desbocadas que se cubrían con operaciones de préstamos que engordaban la deuda viva. Las nuevas reglas establecidas por el Gobierno de la nación iban a restringir los gastos y, por tanto, iba a encorsetar la capacidad de endeudamiento mediante operaciones crediticias. Una medida que generó en un primer momento un amplio rechazo en la administración local.

La Ley Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, más conocida por el nombre de su impulsor, el exministro de Hacienda con el Partido Popular (PP), Cristóbal Montoro, significó la colocación de una especie de dique para contener el gasto en las que incurrían las administraciones públicas. Para ello, se establecieron unos objetivos de deuda y de un tope máximo de gasto.

Hace diez años, los Consistorios de toda España, y por ende los de la provincia de Segovia, empezaron a aplicar ejercicios de control en los desembolsos e inversiones para poder saldar y amortizar el pasivo que acumulaban en sus cuentas, sobre todo con entidades financieras a través de préstamos y créditos. Desde 2013, salvo la citada excepción de 2017 que confirma la regla del cinturón apretado, las entidades locales han ido aliviando la carga de la deuda vida. La provincia partía de un importe contraído en el debe de los Ayuntamientos de 60.757.000 euros, según se extrae de los datos de la Agencia Tributaria.

Al mirar hacia atrás, de los números de Hacienda se deduce que las corporaciones segovianas han logrado diezmar su endeudamiento financiero por obligaciones pendientes de créditos y préstamos en 26.522.000 euros, que equivale a decir que en diez años de controles de gasto con el freno de mano puesto para cumplir la 'Ley Montoro', los Consistorios del conjunto provincial están un 43,6% más saneados. Los 34,2 millones de euros que registró hacienda al cierre del último ejercicio contable suponen la deuda viva más baja en al menos catorce anualidades.

Al voltear el calendario el último día de 2022 y empezar a deshojar el presente 2023, en cuyo primer semestre hay Ayuntamientos que ya han amortizado otra parte de su deuda financiera según los plazos de pago suscritos con las entidades bancarias o de crédito, en la provincia había 29 municipios de los 209 que conforman el mapa de Segovia con obligaciones pendientes de las operaciones que firmaron en su día.

Doce meses antes, la lista de endeudamientos contenía 34 localidades. Los movimientos entre 2021 y 2022 se concretan en que seis corporaciones que figuraban hace ahora dos años han logrado rebajar su deuda viva hasta dejarla a cero. Son Fuentepelayo, Grajera, Ituero y Lama, Cabezuela, Navas de Oro, Navares de las Cuevas. Por otro lado, se añade a la nómina Aldeasoña.

Además de este pueblo, que pasa de no tener deuda a arrastrar 15.000 euros de una operación al término de 2022, hay tres Ayuntamientos de los que repiten presencia en la lista del Ministerio que se han visto condicionados por las circunstancias y han tenido que aumentar la cuantía adeudada. Son Aldealengua de Pedraza (crece de 14.000 a 24.000 euros), Navas de San Antonio (sube de 126.000 a 164.000 euros) y Real Sitio de San Ildefonso, que además se encarama como el municipio de la provincia que acumula una mayor deuda per cápita. El total que suma en el pasivo por las operaciones crediticias y de préstamo que ha de saldar es de 5.513.000 euros aproximadamente, que son 824.000 más que la deuda viva con la que cerró el Ayuntamiento granjeño la anualidad 2021.

Para calcular el endeudamiento vivo se usa el denominado protocolo de déficit excesivo y se valoran los importes de la deuda contraída a través de la suscripción de créditos financieros, valores de renta fija, productos devengados por activos dudosos, préstamos transferidos a terceros, las asociaciones público privadas o el fondo de financiación del pago a proveedores, entre otras variables.