El Ayuntamiento de Segovia pone orden en sus 112 viviendas sociales

Por este motivo, su nuevo Reglamento de Adjudicación y Uso de Vivienda Social, aprobado en el pleno municipal del 30 de noviembre, busca dar rigor y seguridad jurídica tanto a los inquilinos del recurso como al centenar de familias en lista de espera y a los vecinos con los que comparten sus vidas.

El nuevo documento actualiza el anterior, de 2016, porque «ya no daba respuesta a la situación real de la vivienda ni se ajustaba al día a día», subraya la concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez. «Es una herramienta que nos permite centrarnos más en las personas», apostilla.

La renovación parte de la adjudicación, decidida por una comisión que tiene un carácter estrictamente técnico entre una lista de demandantes que deben llevar al menos un año inscritos en el padrón. Una de las novedades es adaptar la vivienda al solicitante, desde la ubicación al tamaño o la accesibilidad que tenga el hogar. Porque el análisis es que no todas las casas se ajustan a las necesidades actuales, ya sea por exceso o por defecto: viviendas con tres dormitorios en las que solo mora una persona –casos en los que la unidad familiar era más amplia en la adjudicación– y familias de cinco viviendo con una o dos habitaciones.

El ejemplo de esta premisa es el de una mujer de «avanzadísima edad» que seguirá en su vivienda, aunque sea algo grande para ella. La ubicación también se tendrá en cuenta a la hora, por ejemplo, de alejar a una víctima de violencia de género de su agresor o buscar proximidad con centros escolares para familias con menores. Además, la accesibilidad está presente, pues unas viviendas tienen más obstáculos que otras. Por eso es previsible que en los próximos meses haya permutas.

También se desarrolla su función dentro del sistema. «Se hacía una mención muy somera, pero no se hacía un seguimiento. Hay que entender que un recurso social siempre tiene el objetivo de ayudar a las personas en un momento de vulnerabilidad para que lo superen». Suárez pone el ejemplo del médico de Primaria como puerta de entrada a la red sanitaria para que resuelva allí el problema o le deriven a un especialista. «Todos tenemos asignados un trabajador social, que estudia el caso y pasa el caso, si es necesario, a los equipos de inclusión social o familia», explica la concejala. Así se llega a una vivienda social, como quien visita al cardiólogo; pero el tratamiento es global, un seguimiento que incluye, por ejemplo, la escolarización de los menores, un requisito exigido en la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero no con el Ingreso Mínimo Vital.

Aparece en el nuevo reglamento, así que el acceso a la vivienda es un proyecto que va más allá. «Cualquier recurso de carácter social debe ir vinculado a un proyecto de intervención social», apunta Suárez, que alude a la falta de desarrollo de este aspecto. «Era una opinión técnica unánime», matiza. Fue un acuerdo de consenso político –votaron a favor en el pleno PP, PSOE, Cs, Vox e IU, con la abstención de Segovia en Marcha– que la edil valora. «Agradezco el carácter participativo que ha tenido la aprobación de este reglamento», se congratula.

El alquiler será el 20% de los ingresos en los 12 meses anteriores a la adjudicación, siempre que estén entre el 0,5% y el 2,5% del IPREM, el índice de referencia para la asignación de ayudas. Uno de los puntos pendientes de la anterior regulación estaba en los impagos. «Hay unos requerimientos por las trabajadoras sociales, pero eso no ha tenido ninguna consecuencia», señala Suárez. La idea es incidir con rigor en ese aspecto, con flexibilidad, con herramientas como planes de pago específicos. «Si vemos una clara intención de no pagar, se podría llegar a la resolución del expediente».

Los vecinos trasladan al Ayuntamiento los problemas de convivencia, que la edil tacha de puntuales. «No podemos hablar nunca de la generalidad, sería injusto, tenemos familias que cumplen, conviven y ayudan a los vecinos», afirma. Ruidos, uso de espacios comunitarios para fines propios o restos de alimentos son otros motivos que podrían derivar en un caso extremo en la expulsión.

La Ley de Vivienda, el paraguas normativo, define el concepto de 'vivienda social' como temporal. «Eso no quiere decir inestable», precisa la concejala. Fue una de las claves en la discusión con otros grupos políticos, evitar que una familia saliera de la vivienda tras un determinado plazo si no había superado su vulnerabilidad. «Eso se revisa, habrá casos en los que se requieran más años y otros en los que no se agote el periodo», deduce Azucena Suárez.

Otro problema es evitar el estancamiento en esa lucha por salir del pozo, una tarea en la que el seguimiento de las trabajadoras sociales es clave en la búsqueda de empleo o en lidiar con discapacidades o violencia. «Se hace de una manera muy pormenorizada». Frente a esos casos más cronificados, en el último mes se han liberado tres viviendas.

La bolsa actual de vivienda social del Ayuntamiento de Segovia está constituida por 87 inmuebles de propiedad municipal, más 19 de Evisego –la empresa de vivienda pública, con medio centenar de hogares– destinados a ese uso y otras seis del Programa de Realojo, un recurso iniciado en 2006 con viviendas privadas en régimen que no tuvo desarrollo normativo. «Lo único en que ha consistido es en destinar una partida de los presupuestos todos los años para pagar esos alquileres. No hay criterios, no hay nada que regule eso. Y eso ha derivado con el tiempo en problemas», revela la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia.

Demandas por destrozos en la vivienda o impagos por suministros. «Lo vamos a extinguir para articular las ayudas de otra manera y trabajar con el Reglamento de Vivienda», asevera la edil.

El parque lo conforman esos más de cien hogares diseminados por la ciudad, aunque predomina Nueva Segovia. También hay en Santa Eulalia o La Albuera. Calles como Gutiérrez Mellado o La Dehesa. ¿Son suficientes? «Como siempre pasa en los recursos sociales, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Vamos haciendo el trabajo paso a paso. Lo primero era ordenar esto y a lo mejor a futuro plantearnos ampliar el parque, hasta que los recursos municipales lo permitan. Estamos consiguiendo dar una respuesta, no a toda la demanda que hay, pero sí a una gran parte. Y tenemos un número de viviendas que para la ciudad de Segovia no está mal», concluye Suárez.