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El Ayuntamiento tendrá que pagar 905.000 euros para cumplir una sentencia: «Es un quebranto serio»El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha confirmado la sentencia dictada el pasado otoño por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia que obliga al Ayuntamiento de la capital segoviana a indemnizar con 905.000 euros a los propietarios de una parcela situada en la calle Jerónimo de Aliaga ... , en el barrio de San Lorenzo. Los tribunales vuelven a dar la razón a los particulares, que denunciaron a la Administración municipal por la edificabilidad que el Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis) permite en su parcela y que es inferior a la autorizada en otros terrenos de la zona.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, confirmó que se valora un posible recurso ante el Tribunal Supremo para intentar evitar o rebajar la cantidad a abonar. «Es un quebranto serio», dijo el edil sobre el agujero que supone la indemnización para las arcas municipales. «La cantidad exagerada que tenemos que pagar nos obliga a hacer una recomposición de nuestra situación», añadió.
Recordó que esta sentencia deriva de la aprobación del Peahis -documento del que González-Salamanca no es el mayor defensor- y tiene su origen en un expediente iniciado en 2022. «El anterior equipo de gobierno no lo tramitó ni resolvió. Se privó al Ayuntamiento de defenderse vía administrativa y se obligó a los propietarios a acudir a los tribunales», comentó.
Explicó que cuando se diseñó el Peahis, en el entorno de la calle Jerónimo de Aliaga se reconoció una edificabilidad «muy superior» a la autorizada a la de los denunciantes. «No entienden la razón por la que ellos no tienen los mismos aprovechamientos», añade. Para González-Salamanca, la sentencia es consecuencia de un «mal diseño» del planeamiento urbanístico que regula esta zona de la ciudad. Además, lamentó que cuando se hizo la valoración del perjuicio causado a los dueños de la parcela «el Ayuntamiento no tramitó el expediente de responsabilidad patrimonial».
El Partido Socialista, la formación en el gobierno de la ciudad cuando se inició el expediente, defiende la labor realizada y asegura que el Ayuntamiento trató de cumplir con la ley de Patrimonio, al estar la parcela objeto de la denuncia en un paraje pintoresco vinculado a un Bien de Interés Cultural. Fuentes del partido añaden que en todo momento se siguieron las indicaciones de los técnicos municipales y que la alternativa hubiera sido permitir una mayor edificabilidad en contra de lo que establece la ley de Patrimonio. Además, sostienen que el Ayuntamiento, ya con el actual equipo de gobierno del Partido Popular, no aplicó los criterios de valoración requeridos por el juez para establecer la indemnización a abonar.
A la espera de un posible recurso ante el Supremo, la sentencia del TSJ obligará al Ayuntamiento de Segovia a abonar cerca de un millón de euros. «A este equipo de gobierno le gusta hacer las cosas bien y no dar pasos en falso», dijo al respecto el alcalde de la ciudad, José Mazarías, quien calificó de actuaciones «mediocres o nefastas» las últimas sentencias que afectan a las arcas municipales. «Hacemos frente a estas responsabilidades, pero siempre intentamos buscar acuerdos extrajudiciales que intenten evitar estas situaciones. Pero es lo que hemos recibido. Es la herencia recibida: sentencias, sentencias y sentencias condenatorias», lamentó.
Tanto Mazarías como González-Salamanca recordaron otros casos, derivados de anteriores mandatos, que se han resuelto en el último año y medio y que obligarán al Consistorio a pagar diferentes cantidades. Es el caso del edificio ubicado en la plaza Cirilo Rodríguez, sede de Radio Segovia, cuyos propietarios recibirán más de medio millón de euros por parte de la Junta y del Ayuntamiento por la pérdida de derechos de edificabilidad del inmueble con el Peahis. Otro de los ejemplos mencionados fueron los terrenos situados junto al CIDE, objeto de disputa judicial al reclamar parte de los antiguos propietarios de las parcelas más de 500.000 euros por su expropiación.
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