El Ayuntamiento tendrá que pagar 113.000 euros más de los previstos por el 'parking' de José Zorrilla

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso de apelación presentado por la UTE Pigsur-Collosa y condena al Ayuntamiento de Segovia al abono de 1.240.665,10 euros. Se trata de una cantidad superior a la inicialmente fijada en el auto de 20 de julio de 2021, de 1.127.005,73 euros, por la liquidación final del contrato de explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza de José Zorrilla. Por lo tanto, hay un incremento del lucro cesante de 113.660 euros que tendrá que abonar el Ayuntamiento de Segovia.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia dictó auto el 20 de julio de 2021, en cuya parte dispositiva acordó declarar que la liquidación del contrato que unía a las partes asciende a la cantidad de 4.753.820,06 euros, habiéndose abonado la cantidad de 3.626.814,33 euros. En noviembre de 2020, aún restaban por abonar 1.127.005,73 euros, por lo que el juzgado segoviano condenaba al Ayuntamiento de Segovia al abono de dicha cantidad.

Contra este auto se interpuso recurso de apelación el pasado septiembre, en el que se declaraba declaraba que la fecha de puesta en equivalencia debe ser el 31 de diciembre de 2016», recuerda el TSJCyL, conforme al informe del perito judicial elaborado en enero de 2019, así como que se «declare procedente solicitar nuevo informe al perito judicial a fin de dilucidar la cuestión controvertida».

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Segovia ya consideró en el año 2016 que la UTE concesionaria tenía derecho a resolver el contrato de explotación «por causa imputable» al Consistorio y le condenó a iniciar la fase de liquidación.

La concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha afirmado en declaraciones recogidas por Ical que esta sentencia es «la certificación final de la liquidación», ya que «no estaba de acuerdo la parte técnica tanto la parte de la empresa como la parte municipal». Según Clara Martín, la sentencia «lo que viene a decir es que la indemnización final ronda el 1.200.000 euros«.

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