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Diez meses. Es el tiempo que tiene por delante el Ayuntamiento de Segovia para cumplir con el objetivo fijado por alcalde, José Mazarías, de ubicar ... en los terrenos situados junto al edificio CIDE el nuevo recinto ferial de Segovia. Si se demoran los plazos, la ciudad volverá a celebrar las ferias de sus fiestas patronales, durante la segunda quincena de junio de 2025, en un espacio que no estará habilitado para ello como La Albuera o el antiguo Regimiento (las dos opciones que se barajaron en 2024).
El gobierno municipal ya ha dado los primeros pasos para que el próximo junio el nuevo y definitivo recinto ferial –que también servirá como aparcamiento disuasorio en puentes festivos y fines de semana con gran afluencia de visitantes– sea una realidad. Durante los últimos días, ha aprobado la contratación, por un importe inferior a 15.000 euros, del estudio necesario para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del sector ubicado entre el edificio CIDE, la carretera de San Rafael y las instalaciones militares de Baterías. El objetivo de este trámite administrativo es actualizar los usos de esos terrenos para que puedan acoger el recinto ferial.
No será un trámite sencillo. Una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no se realiza en semanas o pocos meses, y menos un cambio urbanístico como el que pretende el gobierno municipal. El actual PGOU, que data de 2008, ya contempla un recinto ferial para Segovia y no lo ubica en las proximidades del edificio CIDE. Según la actual normativa urbanística, el recinto ferial de Segovia debe desarrollarse en unas parcelas situadas a la salida de la carretera de Palazuelos de Eresma, antes de llegar al núcleo de Carrascalejo, en uno de los últimos terrenos del término municipal de la ciudad. Es en este mismo punto donde el PGOU contempla, por ejemplo, la ampliación del cementerio municipal en caso de ser necesario. Pese a estar aprobado el documento desde hace casi dos décadas, no ha habido en este tiempo intención alguna de su desarrollo –como tantos otros proyectos recogidos en el PGOU– al considerarse inviable por los anteriores equipos de gobierno.
El área de Urbanismo, un departamento que no destaca especialmente por su agilidad durante los últimos años, tiene deberes por delante para intentar completar la modificación del PGOU en los próximos meses, un proceso que requiere de su aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Segovia y que también necesita pasar un tiempo en periodo de exposición pública, donde pueden producirse alegaciones que ralentizarían todos los pasos a seguir. Por ello, en las filas del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia no creen que se vaya a llegar a tiempo. Calculan que cualquier modificación del PGOU requiere como mínimo un año de trámites, por lo que prevén que urbanísticamente el recinto ferial no estará preparado en junio de 2025.
Los plazos no son los únicos obstáculos que puede encontrarse el gobierno municipal en su intención de construir el recinto ferial junto al edificio CIDE. En todo el proceso también se debe tener presente que las parcelas que rodean al inmueble no son de titularidad del Ayuntamiento de Segovia. El Consistorio ocupó esas parcelas hace ya quince años con el objetivo de desarrollar el proyecto del CAT (reducido en la actualidad al edificio CIDE). A cambio, los propietarios del suelo conseguían otras parcelas en Prado Bonal, el sector ubicado entre Nueva Segovia, la SG-20 y la carretera de San Rafael. Para hacer efectiva esa permuta, los terrenos de Prado Bonal debían estar desarrollados, condición que no se cumplió y que llevó a uno de los dueños de los terrenos a denunciar al Ayuntamiento de Segovia y reclamar 1,5 millones de euros por la expropiación de los parcelas ocupadas.
Con Prado Bonal sin desarrollarse –el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, ha mostrado su deseo de reactivar esta zona residencial de la ciudad– existe el riesgo de entrar en conflicto con los propietarios de los terrenos junto al CIDE. Una opción sería avanzar en el desarrollo de este sector, circunstancia que se antoja imposible, al menos al ritmo que requeriría el Ayuntamiento. De hecho, la junta de propietarios de Prado Bonal lleva años disuelta ante la falta de avances en el desarrollo del sector.
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