Segovia

El Ayuntamiento ha abierto 18 expedientes sancionadores por ruido en ocho meses

El ruido atormenta a los vecinos de la capital, pese a que en los últimos años los gobiernos hayan anunciado medidas para atajar esta situación. Una de las últimas propuestas se presentó en la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, que se adelantó con motivo de la Semana Santa. El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, consideró la actualización de mapa estratégico del ruido como «un paso previo» para valorar los planes de acción.

El primer documento, con fecha de 2023, ya se ha esbozado y salió adelante con los votos a favor de PP, Vox, PSOE y Ciudadanos, y de las abstenciones de Izquierda Unida y Segovia en Marcha. Entre sus iniciativas para dar solución a la contaminación acústica se encuentran potenciar los desplazamientos a pie, fomentar la movilidad ciclista, reducir el tráfico privado, regular la circulación del transporte de mercancías o implantar la Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, estas acciones no fueron consideradas como suficientes por parte de los grupos municipales de la oposición, salvo Vox, que no se pronunció al respecto.

«Es un primer paso, pero queda mucho por hacer», consideró la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Noemí Otero. La líder del grupo socialista consideró que el plan presentado «se limita a cumplir lo que figura en la legislación en vigor», pero es necesario «buscar fórmulas de estudio con zonas acústicamente saturadas».

Hubo intervenciones que se mostraron más tajantes en sus peticiones a la hora de afrontar esta disyuntiva. «Somos escépticos», manifestó Guillermo San Juan, a la cabeza de Segovia en Marcha, quien criticó que el equipo de gobierno se centrase en el tráfico y, a su vez, hubiera evitado «identificar, mapear y catalogar buena parte de los focos de ruido». En concreto, puso de ejemplo establecimientos hosteleros, residencias universitarias y efectos colaterales de la turistificación.

«No se abordan los verdaderos problemas del ruido, que ahora se dan en las casas por los pisos de estudiantes; está bien avanzar en estas cuestiones, pero hay que ir al foco», añadió el portavoz de IU, Ángel Galindo. González-Salamanca reseñó que se han puesto a disposición de las autoridades dos sonómetros y que, si fuera necesario, se crearán zonas acústicamente saturadas, entre otras categorías posibles. «Bajaremos a lo concreto; hemos tramitado denuncias cuando antes nunca se había sancionado: por eso estamos en la situación que estamos», expuso.

El propio edil concretó que desde que el equipo de gobierno comenzó su andadura en junio, «tenemos 18 expedientes sancionadores, a todos los que han ocasionado ruidos se les ha hecho un requerimiento para el cese de actividad y no se ha producido reiteración», concretó. «Lo esencial no es tanto alguna fiesta puntual, sino las zonas donde hay exceso de establecimientos y aglomeraciones», añadió. San Juan rebatió este argumento al explicar que no se trata de un piso concreto de estudiantes, sino que hay zonas de la ciudad en las que hay «más pisos de estudiantes que de residentes habituales».

Otro de los temas recurrentes en el hemiciclo fue la movilidad. El pleno aprobó la aplicación del sistema de penalizaciones e incentivos que regula el contrato del transporte urbano de Avanza, por lo que la liquidación del servicio realizado entre 2021 y 2022 se rebajó de los 796.000 euros que solicitaba la empresa concesionaria hasta los 516.000, según detalló el concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo. Esto supone un ahorro de más de 280.000 euros en las arcas municipales, tal y como apostilló San Juan.

La puesta en marcha de mejoras que logren paliar las dificultades para los desplazamientos en la ciudad consiguió unir a la corporación, con excepción de Vox, en el apoyo a la moción presentada por Ciudadanos para la elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible, ya que el último estudio que se hizo sobre esta materia data de 2008.

Otero incidió en la importancia de desarrollar este documento «desde el punto de vista de la sostenibilidad, máxime para Segovia dadas sus peculiaridades y circunstancias». A su vez, no dudó en criticar el «rechazo a la modernidad y futuro por ignorancia» de la formación encabezada por Esther Núñez.

La solicitud de IU para abrir el CISS 'Jesús Mazariegos' en La Albuera a las personas mayores durante los fines de semana también fue aprobada, si bien con las abstenciones de Vox y PP. La concejala Ana Peñalosa defendió que es necesario aportar una solución al «déficit de espacios específicos para la tercera edad», sobre todo por la convivencia con el cierre del Hogar Centro, debido a las obra que actualmente ejecuta el Gobierno regional.

«En la actualidad, tan solo hay un espacio para los más mayores», dijo en referencia al centro de día de San José, por lo que abogó por extender el horario del espacio en La Albuera a los días no hábiles. «Es el lugar idóneo y, además, ya es utilizado por otras asociaciones», sostuvo. Precisamente, esta cuestión fue uno de los inconvenientes que observaron otros grupos municipales, como Segovia en Marcha, quien instó a firmar convenios o construir nuevas infraestructuras para el resto de asociaciones.

El edil de Vox, Alfonso Ceballos-Escalera, advirtió que antes de poner en la práctica esta propuesta, era necesario conocer la demanda. La titular de Servicios Sociales, Azucena Suárez, reprochó a IU que no tomaran cartas sobre el asunto cuando gobernaban. «El CISS ya es un centro de personas mayores», remarcó, y adelantó que muy pronto se sacará a licitación el contrato para «recuperar» el servicio de cafetería.

No corrió la misma suerte la petición emitida por el grupo socialista para instar al Ejecutivo autonómico a incluir en el presupuesto de 2024 un conjunto de inversiones de interés general para la ciudad. Algunos de los ejemplos que se pusieron de manifiesto fueron el aumento del parque de vivienda pública, el impulso del desarrollo industrial y el empleo a través del nuevo área industrial de Prado del Hoyo, la mejora de los accesos a la estación de trenes de alta velocidad Segovia-Guiomar o una mayor inversión en la adecuación de los colegios públicos.

Tanto PP como Vox votaron en contra con «una actitud incomprensible», opinaron los socialistas. «El alcalde José Mazarías está mas preocupado de no incomodar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que en defender los intereses generales de los segovianos», aseveraron. A su vez, el PSOE resumió las principales reivindicaciones, ante las que el regidor solicitó que «no fueran impacientes».