El Juzgado de Violencia contra la Mujer duplica en dos años los asuntos ingresados en Segovia

El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, resume que la progresiva vuelta de la normalidad, a pesar de la persistencia de la pandemia del coronavirus, también ha devuelto ritmo y tarea a los órganos judiciales, que incluso superaron en 2021 el volumen de asuntos ingresados y de resoluciones tramitadas dos años antes, cuando la covid-19 era una desconocida y no había más condicionamientos que los propiamente derivados de los recursos materiales, tecnológicos y profesionales disponibles para sacar adelante el ingente trabajo con el que ha de lidiar cada ejercicio la Administración de Justicia de la provincia.

Si se colocan ante el espejo de la comparación los datos del año pasado con los de los dos cursos precedentes, las estadísticas del TSJCyL acreditan el aumento de trabajo que han experimentado los tribunales segovianos. En 2021, la afluencia de asuntos ingresados en el cómputo global de las diferentes competencias jurídicas creció un 11,5% con respecto a un 2020 marcado por las restricciones emanadas de la pandemia de coronavirus. Mucho más leve es el incremento sobre 2019, que roza el 1%.

En cuanto al ritmo de los órganos judiciales alcanzado en la resolución de los procesos iniciados, también se nota un acelerón durante el año pasado. Si se compara con 2020, el aumento sobrepasa el 15%, con cerca de 2.100 casos más que entraron en los entes judiciales de la provincia. Respecto al curso previo a la pandemia de la covid, la subida es también más liviana. En concreto, creció un 2% la 'salida' de expedientes, lo que supone cerca de 300 procesos resueltos más que dos años atrás.

Pando identifica tres juzgados en los que la dinámica habitual se ha visto más afectada debido el incremento del trabajo que han experimentado durante los últimos meses. Uno de los 'señalados' es el órgano que entiende sobre violencia contra la mujer en Segovia. Al presidente de la Audiencia Provincial le choca el excesivo aumento de asuntos ingresados a la hora de analizar las estadísticas del año pasado publicadas por el TSJCyL. Así lo deja entrever Ignacio Pando, quien expone con la objetividad de los números la evolución seguida por este tipo de procesos civiles a lo largo de dos años de pandemia del coronavirus.

«Lo habitual es que se registren al año entre 175 y 180 asuntos, pero en 2020 ya aumentó hasta los 300 y en el pasado 2021 ha seguido subiendo hasta los 340», revela el responsable de la Administración de Justicia en la provincia. La creciente actividad judicial como consecuencia de los casos relacionados con la violencia machista arroja una media de prácticamente uno al día. Hay que tener en cuenta –matiza el magistrado– que la actividad normal del ente judicial que se encarga de estos procedimientos se ve «trastocada» con aumentos tan significativos, que duplican en 24 meses los casos civiles vistos por la justicia vinculados a la violencia contra la mujer, entre cuyos cometidos está también la resolución de órdenes de protección, bosqueja el presidente de la Audiencia Provincial.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, viene advirtiendo en los últimos tiempos del alarmante incremento de las denuncias por malos tratos, tanto por agresiones físicas o psíquicas que padecen las mujeres a manos de sus parejas, cónyuges o exnovios o exmaridos. Se trata del «delito penal por excelencia que se comete en la vulneración de las personas», subraya la representante de la Administración central. Entre enero y septiembre del año pasado, la provincia contabilizó 373 denuncias, 27 más que en los mismos nueve meses de 2020, alerta la subdelegada, que teme e intuye que el curso pasado acabará con más denuncias relativas a actos de violencia machista que las que hubo el año anterior, que terminó con 518.

Otro de los órganos judiciales que ha visto alterado su funcionamiento por una mayor afluencia de asuntos entrantes durante el curso pasado es el de lo Mercantil. Este incremento de la presión no es una circunstancia que coja por sorpresa a Ignacio Pando, ya que la mayor carga de litigiosidad se veía venir como consecuencia del aumento de los procesos concursales y de las suspensiones de pagos que acabaron en los tribunales. Entre 2020 y 2021, Ignacio Pando apunta que se han duplicado este tipo de procedimientos, pasando de 30 a 59 en doce meses.

Más habitual viene siendo al cierre de cada ejercicio el aluvión de casos que atiende el único Juzgado de lo Social que dispone la Administración de Justicia en la provincia. Las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dan la razón a la apreciación que hace el presidente de la Sala Provincial sobre las saturaciones que alteran el funcionamiento de este órgano judicial que, por otra parte, es el más resolutivo por la cantidad de asuntos que saca adelante al cabo del ejercicio.