El aumento de los costes amenaza con parar las obras del centro de salud Segovia IV

El delegado territorial de la Junta en Segovia, José Mazarías, prefiere ser cauto y no confirmar «todavía» que las obras se van a paralizar. Pero no oculta que todos los caminos apuntan a ello. La empresa encargada de construir el edificio, Tableros y Puentes S. A., ha sacado la calculadora. Y las cuentas no le salen. Por ello, ya han transmitido a la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Junta de Castilla y León que necesita una revisión al alza del presupuesto de licitación. En el actual contexto económico, continuar con la ejecución de los trabajos no les resulta viable económicamente.

El proyecto de construcción del centro de salud de Nueva Segovia está adjudicado en casi 5,6 millones de euros. Según los cálculos de la empresa, y debido a aumentos de los costes de los materiales de obra que superan con claridad el 40%, es necesario incrementar el precio total de la intervención en otros 2,8 millones. Es decir, el coste definitivo del centro de salud de Segovia IV sería de 8,4 millones de euros, un 50% más que lo previsto en la primavera de 2019, la fecha en la que se redactó el proyecto con los precios vigentes en aquel momento.

José Mazarías comprende los argumentos de la constructora pero pone el foco en el problema que, con una alta probabilidad, supondrá un retraso en la construcción del edificio. La ley no permite realizar revisiones de los presupuestos de licitación superiores al 20%. «La empresa dice que con esa cifra no va a poder seguir con la obra», declara el representante de la Administración regional de la provincia.

Con las cartas sobre la mesa, el delegado territorial explica que la Junta de Castilla y León se ha comprometido con la empresa a revisar el proyecto y valorar «medidas alternativas» que puedan evitar el retraso en las obras o el abandono de las mismas por parte de la constructora. Sin embargo, Mazarías no específica esas alternativas. «Yo no las manejo. Se están valorando pero no me han concretado cuales son», asevera.

2,7millones de euros es la cantidad en la que debe aumentar el precio del proyecto para contrarrestar la subida de costes.

20%de la obra para construir el centro de salud Segovia IV está ya ejecutado tras ocho meses de trabajos.

A cambio de ese compromiso de la Administración regional, la empresa adjudicataria de las obras ha confirmado a la Junta de Castilla y León que seguirá trabajando durante los meses de diciembre y enero. «Su compromiso es terminar toda la estructura», afirma. En concreto, faltaría por ejecutar la construcción de los pilares de la segunda planta y la cubierta del edificio. «Falta un mes de trabajo», añade. Según los últimos datos de los que dispone, el grado de ejecución del proyecto del futuro centro de Segovia IV supera el 20%.

Las obras empezaron en abril con un plazo de ejecución de veinte meses. «La obra iba muy bien y conforme a la dotación presupuestaria prevista. Esto es un contratiempo», lamenta.

A la espera de que las alternativas que estudia la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias puedan solucionar el problema, José Mazarías ya contempla la opción más probable: que la constructora opte por abandonar al obra. «Aquí nosotros seríamos víctimas de la situación», asevera.

En ese caso, la Junta de Castilla y León tendría que iniciar el proceso para resolver el contrato con Tableros y Puentes S. A., certificar el porcentaje de obra que ha realizado hasta la fecha y pagar el importe ejecutado según el precio de licitación para poder finalizar la vinculación contractual. «Si fuera amistoso, genial», añade. En caso contrario, la Administración autonómica incautaría parte de la fianza.

Si finalmente se resuelve la relación contractual entre la Junta y la empresa constructora, la Administración regional iniciaría el proceso para redactar un proyecto de terminación de obra. «No haría faltar licitar otro proyecto», subraya Mazarías, quien destaca este aspecto como la principal diferencia entre este caso y el que paralizó durante alrededor de dos años las obras del Centro de Formación Profesional en el barrio de San Lorenzo.

Además, la intención de la Junta de Castilla y León es que sea la propia Delegación Territorial en Segovia la que asuma todas las gestiones para intentar que el proceso fuera más rápido. «Se trata de certificar qué parte de la obra está hecha y valorar, con los nuevos precios, lo que falta por hacer», explica. A continuación saldría a licitación para su adjudicación.

«Significará un retraso», avanza el delegado territorial, quien asume el compromiso de realizar las gestiones desde Segovia para «ser lo más ágiles que nos permite la ley». En este sentido, no cifró cuantos meses de retraso puede acumular la obra si se dan estas circunstancias. «Que los vecinos lo puedan ver cuanto antes», insiste.

«La Junta es la perjudicada en este caso. Pero tiene que cumplir con la ley», declara Mazarías sobre el problema que, previsiblemente, provocará retrasos en la ejecución de los proyectos. Señala al incremento de los costes de los materiales de construcción como la causa que provoca que empresas constructoras «cuanto más hacen, más pierden con estos precios». Por ello, pone el foco en el Estado para que elabore una legislación que solucione este tipo de problemas y permita revisar los precios al alza de estos proyectos. «Los últimos reales decretos no contemplan la subida del precio de la energía o de la mano de obra», lamenta.

Aún así, el delegado territorial de la Junta en Segovia reconoce que la situación del centro de salud de Nueva Segovia «es un inconveniente que todos sabíamos que podía ocurrir». Pero entonces ¿por qué no se han tomado medidas para tratar de evitar una paralización de las obras con motivo del incremento de los precios? «Porque hemos redactado y valorado un proyecto que hemos sacado a licitación y que resultó interesante para las empresas. Otra cosa es que hubiera quedado desierto. En ese caso, hubiéramos tenido la obligación de revisar el proyecto. Pero en el momento en el que participaron las empresas...», declara Mazarías, quien precisa que el aumento de los precios es una de las cláusulas que permite resolver un contrato administrativo sin penalización. «El inconveniente es el tiempo que pasa entre la valoración del proyecto y el comienzo de las obras. En este caso el proceso es largo y ha habido incidencias económicas y sociales», concluye.