El aumento de causas exprime «al límite» el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Segovia

Este frente abierto en la retahíla de demandas que hace la Audiencia se ha agravado durante la pandemia del coronavirus a raíz del incremento experimentado en las causas entrantes y de las denuncias interpuestas, como también ha puesto de manifiesto la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín. Tal y como expone el máximo responsable judicial en la provincia, el año pasado se registraron 340 asuntos. Son veintinueve más que en el curso anterior, lo que supone un incremento que roza el 10% en el volumen de expedientes tramitados por este órgano.

Ignacio Pando va más allá en su comparación y subraya en la memoria que la cantidad «habitual» de causas registradas por el Juzgado de Violencia contra la Mujer venía siendo de unas 175. Esto quiere decir que desde la crisis sanitaria desatada por la covid, el trabajo en esta sede judicial se ha prácticamente duplicado.

El aumento que ha de asumir el juzgado «sobrecarga un órgano judicial que ya estaba muy cargado hasta el momento», advierte el presidente de la Audiencia Provincial en la revisión a lo que fue 2021 en la administración de Justicia en Segovia. La conclusión que transmite Pando y sobre la que hace hincapié al analizar las carencias que padece el funcionamiento de la judicatura en Segovia es que «el incremento de asuntos y la urgencia que requiere su resolución está poniendo al límite la capacidad de respuesta de este órgano, poco compatible en su especialidad con el hecho de que al tiempo sea Juzgado de Instrucción, con sus correspondientes guardias, y de Primera Instancia, sin que la mera redistribución de asuntos por turno de reparto parezca la mejor opción».

En este sentido, el responsable de la Audiencia Provincial matiza a partir de criterios demográficos que, dada la población residente de Segovia, la especialización como juzgado exclusivo de Violencia contra la Mujer parece «poco factible», tal y como queda recogido en la memoria remitida al Tribuna Superior de Justicia de la comunidad.

La solución que desliza el propio Ignacio Pando a la hora de conformar la lista que compila las necesidades y demandas que arrastra la judicatura en la provincia consiste en dotar de más personal al Juzgado Mixto número 4, que es que posee las competencias para tramitar los procedimientos incoados por casos relativos a la violencia machista. En concreto, propone el nombramiento de un funcionario más asignado precisamente al cuerpo de tramitación.

Este órgano judicial está compuesto en la actualidad por tres empleados públicos en cada una de las secciones, que tienen además aprobada la prolongación de la jornada laboral. A pesar de esa predisposición, la carga de casos con la que ha de lidiar el juzgado es tan pesada y el aumento de expedientes tan notable que este personal «no es suficiente», subraya el presidente de la Audiencia en la memoria de 2021 del TSJCyL.

La escasez de espacio y la dispersión de sedes que confía en resolver la administración con la puesta en servicio del nuevo Palacio de Justicia, cuya construcción encara ya su recta final, también se dejan notar para mal en la actividad que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Mujer. Y es que «carece de dependencias adecuadas para impedir el contacto entre el detenido y la víctima en la tramitación de los procedimientos», según recoge la disección que hace el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.

Pando, en el apartado en el que repasa las necesidades de los inmuebles hace referencia al buen ritmo alcanzado en los últimos tiempos en las obras de las futuras dependencias que concentrarán todos los órganos judiciales. Sin embargo, alerta de algunas ausencias que se echan en falta en el proyecto inicial.

Así, recuerda que las salas de vistas planeadas «no están pensadas para acoger a más dos partes», por lo que se quedarían pequeñas en algunos litigios. Además, incluye en la memoria de demandas la reclamación del Colegio de Procuradores de disponer de espacio suficiente para su quehacer diario, así como del Colegio de Abogados, que solicita que todas las sedes judiciales diseminadas en la ciudad y la provincia habiliten una dependencia para que los letrados puedan departir con sus clientes y posean un lugar donde colocarse la toga.

Ignacio Pando refleja en su relación de peticiones la necesidad de aumentar las medidas de seguridad para mitigar la sensación de desprotección. El presidente de la Audiencia Provincial entiende que hasta ahora no se han adoptado los recursos materiales y humanos pertinentes por «limitaciones presupuestarias y la dispersión judicial».

El ejemplo más sangrante es el del Juzgado de lo Penal, que únicamente cuenta con un vigilante de seguridad privada. Las sedes de los partidos de Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda, ni siquiera poseen un agente, aunque se han puesto cámaras de videovigilancia, según plasma Ignacio Pando en la memoria de actividad del año pasado.