El aula cultural de Maderuelo sigue pendiente después de ocho años y 350.000 euros de ayuda

En el año 2010, el alcalde de Maderuelo, Santiago Bayo, vendió el proyecto a sus vecinos como una gran iniciativa turística y de atracción de riqueza para este enclave situado al nordeste de la provincia. De aquello no se ha visto nada, pero durante el transcurso de este tiempo, los problemas se han multiplicado para el pueblo con malestar vecinal, denuncias y, sobre todo, con una serie de amonestaciones y expedientes sancionadores por parte de Fomento, Patrimonio, Parques Naturales, Industria y la Confederación Hidrográfica del Duero. Además de numerosos apercibimientos del Seprona y escritos del Procurador del Común. La Junta de Castilla y León llegó a acordar que el Ayuntamiento de Maderuelo devolviera esa ayuda antes de diciembre de 2014, el alcalde logró una prórroga hasta finales de 2016 y, a fecha de hoy, todo sigue igual y el dinero no se ha reembolsado. El fondo financiero es un préstamo cuyo interés está subvencionado y es obligatorio justificar que el proyecto se ha ejecutado y no superar la cantidad concedida, algo que tampoco se ha cumplido.

El negocio hostelero está gestionado directamente por el Consistorio. Se inauguró en julio de 2012 y funciona como bar restaurante al pie de la carretera que une Aranda de Duero con Ayllón, la SG-945. Según los vecinos, en verano llega a tener hasta doce trabajadores, cifra que baja considerablemente durante los meses de invierno. El regidor, explican los habitantes, no da cuenta en el pleno de los libros de contabilidad, ni de la situación económica del establecimiento. En cualquier caso, un dato significativo, al revisar las cuentas municipales de una localidad de poco más de 100 habitantes, está en el desembolso en concepto de personal. En el último presupuesto publicado en la web municipal, data de 2016, se contempla un gasto de empleados de 233.000 euros.

«No presenta libros de cuentas, no sabemos cómo se gestiona. Maderuelo tiene muchos ingresos por parte de la Confederación Hidrográfica por los metros cúbicos del pantano, por parte de parques naturales, también por los pastos y pagamos unos altos impuestos. Tenemos 678.000 euros de gastos al año y nadie explica por qué», afirma Gema Cáceres, una vecina de Maderuelo que denuncia la actitud del alcalde, quien lleva 42 años en el cargo.

El restaurante municipal se levanta en terrenos no urbanizables y el primer edil optó por la aprobación de un uso excepcional en suelo rústico para fines de interés social y cultural. Una calificación que no es compatible para el único uso de negocio hostelero y que se calificó por Fomento como «ilegal e ilegalizable», ya que no se puede destinar a «nada comercial ni lucrativo».

Durante dos años, hasta 2014, el restaurante llegó a funcionar sin licencia ambiental, algo que supuso una sanción para el Consistorio. «Al ser denunciado, mediante una declaración responsable del mismo alcalde, se lo conceden, pero se multa al Ayuntamiento con 2.001 euros y se le prohíbe a Maderuelo solicitar durante dos años ayudas a Medio Ambiente», afirma esta vecina. Junto al restaurante también se edificaron escaleras, rampas que comunican el negocio con el pantano, una playita con duchas, barbacoa y hasta un embarcadero. «Todo esto sin pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Duero y de ahí viene nueva sanción», insiste.

Siguiendo el relato de lo que denomina como «un culebrón», mantiene, con toda la documentación en mano, que en la construcción del restaurante tampoco se cumplió el retranqueo de 18 metros obligatorio desde la carretera hasta el edificio. «Se le dice que tiene que derruir 1,8 metros de construcción para cumplir, pero en su lugar, el alcalde lo que hace es pedir una ayuda a Diputación para mover la carretera, a pesar de que es propiedad de la Junta», indica. El juzgado obligó al Ayuntamiento a devolver esta ayuda, después de una denuncia del partido Socialista de Segovia. Por su parte, la Junta de Castilla y León solventó el problema con una sanción de 2.000 euros al Consistorio, sin rectificar el trazado de la vía. «Sobre la intervención de la Diputación en una carretera que no es de su competencia, la Junta contesta que se le permite porque es como si te costea el arreglo del tejado un vecino, no te puedes quejar», recuerda. Otra de las infracciones que nunca se subsanó fue la a acometida de la luz y el agua hasta el restaurante, que se conectó desde el municipio con tubos y cables a través del puente medieval que está protegido. «También hubo sanción, está vez por parte de Patrimonio, esto es un suma y sigue».

El restaurante municipal se levanta sobre 10.000 metros cuadrados de terreno. Se trata de la extensión mínima que se exige para acometer una edificación de estas características. El Ayuntamiento para alcanzar esa dimensión, según Cáceres, ocupó parcelas que no son de propiedad municipal y, además, se vio obligado a unir otra zona situada al lado contrario de la carretera regional. Cinco años después, en 2017, el regidor acordó la expropiación forzosa de esas parcelas que dan entrada y aparcamiento al restaurante. El argumento para justificar su decisión vía decreto es que el terreno es necesario para acceder a las pinturas de la ermita de la Vera Cruz, un Bien de Interés Cultural, situado en las cercanías del restaurante

En la actualidad, la familia de Gema Cáceres pelea en el juzgado por la expropiación de una de esas parcelas. «Nosotros sospechamos que esta jugada está enfocada para entrada y aparcamiento del restaurante», mantiene. Por ello, se está a la espera de la decisión del Contencioso Administrativo, pero no es la única resolución pendiente. La Audiencia tendrá que decidir también si hace firme la sentencia en primera instancia del juzgado de Segovia que dio la razón a esta vecina de Maderuelo y vio «desviación de poder» en la actitud del alcalde al imponer por decreto la sanción de 1.000 euros mensuales por depositar pacas de paja en la parcela que ahora se quiere expropiar, con el argumento de su riqueza arqueológica.

La zona de aparcamiento ha sido otro de los aspectos «surrealistas» del proyecto a lo largo de los últimos años. «Al estar ocupando una de nuestras parcelas, en 2014 contratamos un topógrafo que nos deslindara la tierra con exactitud y lo delimitamos primero con spray y luego con piquetas y cintas de obra, por ello nos sanciono la Guardia Civil con una multa de 1.000 euros por poner esos objetos a tres metros de la carretera», afirma Gema. Tras ello, detalla, optaron por poner las pacas y aquello terminó con denuncias cruzadas y la decisión del alcalde de retirar las vallas de protección de la carretera, algo que se saldó con las denuncias de Fomento y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil.

A partir de ahí, durante un año, antes de optar por la expropiación, los coches aparcaban al otro lado de la carretera, lo que es ahora una parcela descuidada donde se acumulan enseres del restaurante y en la que residen dos burros en una zona vallada. Durante ese año, los clientes cruzaban la calzada en medio de una curva peligrosa para llegar hasta el restaurante. También fue sancionado.