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Segovia
Lunes, 2 de julio 2018, 13:31
El auto de la Audiencia Provincial de Segovia que rebaja las fianzas por las prejubilaciones de Caja Segovia también rechaza la prescripción de los hechos que alegaban los antiguos directivos de la entidad bancaria procesados como presuntos responsables a título lucrativo. Las defensas de ... Miguel Ángel Sánchez, Óscar Varas, Juan Antonio Folgado, Juan Bautista Magaña y Malaquías del Pozo plantearon una posible prescripción en los cobros de las prejubiliaciones que no ha sido aceptada por la Audiencia Provincial de Segovia.
«La Audiencia ha dicho que no. Los partícipes a título lucrativo son responsables civiles, por lo que se interpreta de acuerdo al Código Civil que habría un plazo de prescripción de quince años y los hechos están dentro del plazo», asegura Alberto López-Villa, abogado de Izquierda Unida (IU), una de las acusaciones particulares en el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia. «La preinscripción la alegan los partícipes a título lucrativo, que son los responsables civiles. Las diligencias son de 2011 y los hechos de 2010 ó 2009. Alegaban que como a ellos no se había dirigido ninguna acción hasta hace unos meses el asunto estaba prescrito, pero la Audiencia contempla un plazo de prescripción de quince años por tener naturaleza civil. Ellos creo que argumentaban un plazo pequeño, de unos tres años, pero como no se les atribuye la comisión de ningún delito, sino una recepción civil, el plazo es distinto», continúa el abogado de la formación política.
Por otro lado, Alberto López-Villa explica que el dictamen conocido la semana pasada de la Audiencia Provincial también resuelve la duda sobre si las cantidades a cobrar son netas o brutas y si debía ser tenida en cuenta la retención del IRPF. «La Audiencia ha dicho que como no se disponen de las declaraciones de la renta de cada uno las retenciones son pagos a cuenta, eso no quiere decir que nos las cobraran en su totalidad, por lo que no se ha variado la determinación de lo que se está pidiendo», declara el letrado que representa a IU en el proceso. A su vez, matiza que se trata de una cuestión secundaria que, al igual que la rebaja de las fianzas, «no tendrá ninguna cuestión sobre el fondo».
En este sentido, López-Villa asegura que las cantidades «estaban perfectamente garantizadas incluso sin depositar fianzas porque hay un responsable civil directo solvente que es la compañía Caser».
Por último, el abogado cree que tras la resolución de la pasada semana por parte de la Audiencia en la que comunicaba la rebaja de las fianzas, el próximo paso es la convocatoria del juicio oral, que estima será en el último trimestre del año». El auto de apertura oral ya se hizo. También se hicieron los escritos de calificación por nuestra parte y de las defensa. Ignacio Pando se ha inhibido –antes lo hizo Jesús Marina– porque ha participado en la instrucción. Solo falta convocar la fecha del juicio», concluye el abogado.
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