Segovia

Antiguos propietarios de suelo junto al CIDE exigen la devolución de sus terrenos

Hace apenas dos semanas, algunos propietarios representados por el ingeniero Jesús López decidieron impugnar el procedimiento de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia (PGOU). Es una decisión dirigida a suprimir los usos hostelero y comercial en los terrenos del CAT para habilitar el administrativo y congresual. Todo ello con el objetivo de dotar de un «adecuado equipamiento» al CIDE, único edificio construido, lo que permitiría la edificación de un aparcamiento y la ubicación del recinto ferial en las proximidades.

No ha habido respuesta por parte del equipo de gobierno del Partido Popular a esta reclamación, de ahí que los titulares de terrenos expropiados hayan decidido dar un paso más allá. En concreto, han solicitado la reversión de las fincas que les corresponden. Esto se debe a que no han trascurrido diez años desde la expropiación, que es el plazo máximo contemplado a la hora de exigir a la devolución, lo que conlleva a su vez el reembolso por parte de los dueños del justiprecio.

La resolución relativa al cambio de uso «ha de existir y por ello solicitamos que nos sea trasladada, un trámite que parece mentira que haya sido omitido por este gobierno», recoge la petición. Es un documento que los titulares pretenden impugnar por «la evidente nulidad de pleno derecho» del proceso, lo que implica su «suspensión». Según López, tampoco existe informe de la Secretaría General sobre esta modificación. «Tenemos derecho a solicitar la reversión y que nos expropien para el nuevo fin si así lo consideran apropiado», defiende.

El Ayuntamiento defendió la dotación del nuevo equipamiento del ferial en este espacio porque era más accesible y tenía mejores vías de comunicación en comparación con el emplazamiento en el que estaba previsto inicialmente, muy cerca de los núcleos de Tabanera del Monte y Carrascalejo, pertenecientes a Palazuelos de Eresma. Hace años «discutimos el valor como suelo rústico, sin embargo ahora lo van a aplicar como si fuera urbanizado». En este sentido, «si ahora lo ponen donde el CAT porque les cuesta menos, ese suelo valdrá más».

Tal y como recuerdan los afectados, todavía no han percibido ningún importe indemnizatorio por la ocupación del suelo ni la edificabilidad proporcional compensatoria en el sector Prado Bonal. De ahí que no descarten llevar la nueva propuesta relativa a los usos del CAT ante los tribunales. Más bien, es una decisión que ya prevén. En caso de que la solicitud presentada estos días no tenga respuesta en un plazo máximo de tres meses, se trasladará el asunto al juzgado contencioso-administrativo. Aunque consideran que «esto va a acabar en lo penal; vamos a poner una querella porque no van a dar el brazo a torcer».

El pulso con el Ayuntamiento no cesará con estas iniciativas legales. «El embrollo administrativo tiene su origen en la falta de informes y la prepotencia del alcalde [José Mazarías] y su equipo de gobierno, ya que han sido advertidos por la oposición, pero continúan en su empeño sin el más mínimo respeto de las normas», sostiene el escrito presentado ante el propio Consistorio.

El tiempo apremia y la fecha marcada para trasladar del papel a la práctica la propuesta de reubicación del ferial se acerca. La apuesta del gobierno municipal es tener cerrado este cambio de uso lo antes posible para contar con este espacio en las próximas Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, que se celebran en junio. El representante de parte de los antiguos propietarios de terrenos en el CAT advierte de que «ahí no va a haber ferias en muchos años», pues no se han seguido los mecanismos que considera «óptimos» para acometer esta modificación.

«Les corre prisa poner la feria, pero no cumplir los acuerdos», remarca López. Ejemplifica con la cesión que el Ayuntamiento tiene que hacer del polígono de Baterías a cambio de la superficie en el antiguo Regimiento, un espacio que hace tan solo unos meses también fue propuesto para acoger el recinto ferial. «Podemos explicarnos la actitud del alcalde por su ignorancia legal, pero el responsable de Urbanismo [el concejal Alejandro González-Salamanca] sabe que esta modificación es una barbaridad. Cuando vayan a declarar al juzgado no van a tener excusas», considera.

Los pleitos judiciales que se acumulan en torno al proyecto del CAT desde hace más de una década parecen no tener fin. «Si se quiere cambiar el uso, lo primero que tienen que hacer es pagar lo que les han obligado los tribunales del uso anterior. Luego, anular la resolución que acordó aquel uso e iniciar un trámite nuevo», explica la representación de los afectados. Asimismo, critica recientes «estratagemas» por parte de los responsables del procedimiento para «boicotear» una reunión que fue convocada para abordar todos los propietarios la revalorización de los terrenos. «Les aseguro que el tiempo pone a cada uno en su sitio», resume la solicitud.