Los Ángeles de San Rafael se rebelan contra El Espinar

Los litigios no terminan y los vecinos del complejo de Los Ángeles de San Rafael siguen sin comprender la postura del Ayuntamiento de El Espinar, que no presta servicios básicos como el abastecimiento y depuración de aguas, pero continúa concediendo licencias urbanísticas. La Asociación de Copropietarios exige al Consistorio que si realmente existe una deficiencia de recursos hídricos, paralice los nuevos permisos y que cumpla con el compromiso de abastecer a este núcleo de población con agua del embalse de El Tejo.

Un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) avala a los propietarios al determinar que El Tejo tiene una capacidad de suministro para 63.195 habitantes, por lo que «hay agua de sobra para los diferentes núcleos de El Espinar», ya que la población actual es de 9.212 personas, asegura la presidenta de la asociación, Lucía Cobo. Además, indica que «la conducción desde el embalse hasta el complejo está hecha, así que no hay servicio municipal porque el Consistorio no quiere prestarlo».

El asunto del agua es el que más preocupa a los vecinos que llevan desde 2007, momento en el que se construyó la AP-6, con un circuito cerrado de este recurso esencial. Con la creación de este complejo a finales de los años 60 se construyeron dos pantanos, el de El Carrascal y el deportivo de Los Ángeles. El primero tenía la misión de abastecer a la urbanización, ya que el Consistorio de El Espinar estableció como condición indispensable para otorgar los permisos la prestación por parte del promotor, Jesús Gil, de todos los servicios.

El problema surge cuando se construye la autopista AP-6, ya que los arroyos que llegaban hasta El Carrascal se quedan sin agua y es entonces cuando, tal y como explica Cobo, se crea un ciclo de agua cerrado. La misma agua que emplean los vecinos para lavarse, cocinar, e incluso para el inodoro, pasa por una pequeña depuradora y va al pantano para volver a suministrarse, por lo que «se puede decir que nos bebemos nuestros excrementos».

De hecho, desde entonces ningún vecino bebe agua del grifo, ni cocina con ella, por lo que siempre hay colas en las fuentes de El Espinar o del puerto de los Leones para adquirir este bien de primera necesidad. Otros optan por comprar garrafas en los supermercados. El asunto se complica cuando uno de los vecinos padece un problema médico o quirúrgico. Según explica Cobo, «no se puede arriesgar a ducharse en su vivienda porque existe un gran riesgo de infección».

Desde la asociación achacan la responsabilidad al Ayuntamiento de El Espinar, pero también al promotor y presidente de la comunidad de propietarios, Óscar Gil. Según relatan, «Gil siempre ha incumplido el acuerdo de proporcionar el suministro de los servicios básicos al complejo, pasando este gasto a los vecinos, puesto que con los votos que le corresponden por seguir siendo propietario de un elevado número de parcelas ha logrado sacar adelante muchas de las decisiones».

Asimismo, consiguió que solo tuvieran que asumir los costes de depuración y alcantarillado de aguas de aquellos vecinos con contador. De esta forma, los más del millón doscientos mil metros cuadrados que todavía le pertenecen de esta urbanización están exentos del pago de esta tasa por no estar edificados.

En cuanto al Ayuntamiento, Cobo insiste en la existencia de una sentencia que obliga a El Espinar a asumir la gestión del agua, mientras que el alcantarillado y depuración ya es parte de su responsabilidad, asegura. No obstante, todavía no ha asumido ninguno de estos servicios y se aferra a un acuerdo transaccional, una dispensa homologada judicialmente que le dirime de esta responsabilidad hasta 2018.

Los vecinos advierten de que este acuerdo «es nulo», ya que lo firmaron el entonces alcalde de El Espinar, Francisco Jorge (PP), y Óscar Gil como presidente de la comunidad de propietarios y promotor, sin que nunca se ratificara en junta vecinal como estaba estipulado, por lo que, «no tiene eficacia jurídica».

El informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, del pasado 14 de febrero, determina que «no existe ningún problema técnico ni jurídico para abastecer a la población de Los Ángeles». A pesar de ello, es el argumento que utilizó Ayuntamiento de El Espinar para firmar el acuerdo transaccional y declinar su responsabilidad sobre la comunidad de propietarios. Además, la CHD le informa de que el agua es responsabilidad municipal.

En el pleno municipal del 22 de junio, los grupos aprobaron por unanimidad solicitar a la Diputación que asuma el servicio y la gestión del agua en Los Ángeles porque, en su opinión, «continúa siendo técnica y jurídicamente imposible para el Ayuntamiento hacerse cargo de este servicio» y consideran que desde la firma de dicho acuerdo en 2013 «no se ha avanzado nada».

El escrito del ente regulador también hace referencia al saneamiento y depuración de aguas residuales y considera el tratamiento de estos vertidos «no adecuado hasta la adaptación, ampliación o construcción de las instalaciones de depuración». Igualmente, recuerda que se impuso al Consistorio un programa de reducción de la contaminación para los vertidos de las fases I y II, con un plazo de ejecución hasta finales de 2014, que no se ha llevado a cabo.

Por eso, la CHD ha condicionado a la solución de estos problemas la aprobación provisional del nuevo Plan de Ordenación Urbana de El Espinar, que prevé un aumento de 3.621 habitantes en Los Ángeles de San Rafael con 1.207 viviendas nuevas. Esto sumado a los 1.262 residentes actuales, resultaría un total de 4.883 habitantes a abastecer en el complejo.

Un desarrollo urbanístico que podría asumir en cuanto al abastecimiento, según la CHD; pero que, sin embargo, no aconseja el informe «mientras no se solucionen los problemas con los vertidos y se disponga de un sistema de depuración con un tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas».

Los quebraderos de cabeza de esta asociación no terminan aquí, y es que todavía quedan muchos flecos por resolver. Desde el 3 de junio, El Espinar se encarga del mantenimiento y la conservación de este núcleo residencial, tal y como establece la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) el 3 de junio de 2011.

Dicha sentencia obligaba al Consistorio a asumir los servicios públicos básicos una vez recepcionado el complejo, pero establecía un periodo transitorio en que una Entidad Urbanística de Conservación se encargaría del mantenimiento de la urbanización durante un plazo máximo de cuatro años.

No obstante, la entidad también ha sido objeto de una demanda por parte de la asociación, ya que los estatutos realizados por el Ayuntamiento a propuesta de Óscar Gil no cumplían con la legislación vigente. Un proceso que dio la razón a los vecinos, aunque nunca se han llegado a ejecutar determinadas cuestiones tal y como marca la sentencia. Es el caso del pago de impuestos por coeficiente de edificabilidad, en lugar de por metro cuadrado, a tenor de lo estipulado en los estatutos y como siguen pagando los residentes.

La última sentencia, fechada el 7 de julio, desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento y el promotor, a quienes condena a costas, y confirma la nulidad del acuerdo de aprobación del presupuesto ordinario para el ejercicio 2015 de la Entidad Urbanística de Conservación de las fases I y II de Los Ángeles de San Rafael. «La opacidad, la falta de rigor y la ausencia de documentación que justifique los gastos e ingresos, así como las cantidades abonadas por los vecinos para la Entidad Urbanística de Conservación han provocado que este proceso no termine» y que los vecinos exijan información, avanza Cobo.