Las altas temperaturas disparan la afluencia de gente a zonas acuáticas

Saltos de agua, arroyos, embalses y pozas que animan a segovianos y turistas a tomarse un respiro en un momento de crisis sanitaria en el que estos espacios están más demandados que nunca. Esto se debe a que son lugares más tranquilos que permiten huir de las concentraciones típicas de playas y piscinas. Sin embargo, no hay que olvidar que entrañan importantes riesgos para la seguridad de niños y adultos.

Luis Miguel Pascual, el responsable de Investigación del proyecto Ahogamiento.com y de la Escuela Segoviana de Socorrismo explica que el 74,6% de los incidentes relacionados con ahogamientos que se han producido en Castilla y León entre 2013 y 2020 han sido en ríos, canales, embalses o pantanos. Mientras que en las piscinas privadas o de urbanizaciones se han registrado el 4,5% de estos incidentes, con menor porcentaje de ahogamientos mortales.

En este sentido, recalca que hay «numerosos riesgos inherentes a un espacio natural no controlado y vigilado». Entre ellos, la profundidad de las aguas que puede tener saltos inesperados o corrientes, así como la turbidez y por supuesto la falta de información y concienciación sobre los riesgos. A todo ello se suma la ausencia de socorristas que puedan responder de forma inmediata ante cualquier percance, ya que es de vital importancia que el rescate y la reanimación se realice dentro de los 3 a 5 primeros minutos. «Por desgracia hay muy pocas personas que sepan hacer una RCP por lo que las probabilidades de fallecer en un ahogamiento son mayores», según indica.

A pesar de las advertencias, Pascual asegura que en el último año ha aumentado de forma considerable el número de bañistas en estos espacios naturales de la provincia. «Buscan zonas sin aforo, donde no tengan las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias y puedan estar con cierta tranquilidad. El inconveniente es que lo hacen a costa de multiplicar los riesgos», apostilla.

Saber nadar tampoco garantiza la seguridad. Es cierto que «es un factor de protección adicional y ante un incidente tener buenas habilidades acuáticas nos permite reaccionar mejor y poder solventarlo en muchas ocasiones». No obstante, comenta que «no hay un nivel de natación que nos permita estar totalmente seguros, pero tener pocas habilidades sí que nos hace mucho más proclives a ahogamientos y a que el resultado del incidente sea significativamente peor».

El uso de flotadores y manguitos también es peligroso porque genera una falsa sensación de seguridad tanto en los niños que los usan como en los adultos que están alrededor. Por eso, detalla que «los manguitos no pueden ser un sustituto de la supervisión adulta en el agua», al menos hasta que los menores sean autónomos nadando.

En 2020 en España hubo un total de 325 muertes por ahogamiento, la cifra más baja de los últimos 7 años, que alcanzó su récord en 2019 con 535 fallecidos y que desde 2013 suma 3.366 ahogamientos mortales. Una reducción que, tal y como apunta, se debe a la menor exposición la población durante en este año de pandemia, que ha hecho que las zonas de baño estuvieran menos concurridas de lo habitual.

Este tipo de accidentes mortales son más frecuentes en hombres que en mujeres, de hecho, en 2020 tan solo el 26% de las víctimas fueron del sexo femenino y esta situación se repite desde hace años «no solo en España sino también en el resto del mundo», matiza. Las cifras son muy superiores si se habla del total de incidentes en entornos acuáticos en España, con un promedio de un millar al año. El perfil de la persona ahogada es de hombre español con 35 años o más en el 71% de los casos y tienen lugar sobre todo en verano en playas y entornos naturales sin vigilancia, aunque tal y como recuerda Pascual hay ahogamientos todo el año y en todos los entornos acuáticos.

En Castilla y León los datos siguieron la misma tónica, 12 muertos por ahogamiento en 2020 de los 154 registrados en los últimos 7 años y por primera vez en este periodo en Segovia no se ha producido ninguno. De modo que es la segunda provincia, tan solo detrás de Soria, con menor número de siniestros de este tipo con tan solo 8 desde 2013. A la cabeza se encuentra León con un total de 32, seguida de Salamanca con 27.

El total de incidentes en la provincia en los últimos 7 años asciende a 17, tres tuvieron lugar en 2020 en el Chorro de Navafría, el punto que más problemas ha registrado en estos años con un total de cinco percances, pero ninguno mortal. Le siguen Bercimuel donde se rescató a cuatro personas en 2018 por una riada, pero no tuvo consecuencias, y el Pontón con tres víctimas mortales. El resto de muertes se han producido en Maderuelo, Sepúlveda, Los Ángeles de San Rafael y el río Eresma en Segovia.

Para Pascual estos datos son preocupantes y cree que las administraciones deberían actuar sin demora porque son cifras que se asemejan a las de fallecidos anuales en accidentes laborales. Entre las medidas inmediatas que deberían implantarse destaca el incremento de acciones formativas y de campañas de prevención, así como homogeneizar la legislación sobre socorrismo y vigilancia en todas las comunidades autónomas.

Por otra parte, ve imprescindible la creación de un Plan Nacional frente al Ahogamiento, una reclamación que llevan años haciendo desde la Asociación Española de Técnicos de Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS). También el Procurador del Común ha realizado varios informes en los últimos años argumentando la necesidad de mejorar los servicios de socorrismo en las zonas naturales. Al respecto, comenta que en 2017 se aprobó en el Congreso una proposición no de ley para estudiar y regular esta situación, sin embargo, cuatro años más tarde «no se ha hecho nada» cuando el número de fallecidos es casi la mitad al año de los que se producen en las carreteras.

Del mismo modo, le preocupa el sueldo de los socorristas que califica de miserable, ya que la mayoría cobran a penas mil euros al mes por trabajar un elevado número de horas en una actividad altamente estacional. Otro de los principales problemas es que los ayuntamientos tienen la competencia para declarar las zonas de baño en los municipios y, por tanto, de habilitar los equipamientos y contratar a los socorristas conforma a la normativa autonómica.

También son los consistorios los que corren con el gasto y muchos no tienen capacidad económica para cubrir las principales zonas de baño lo que imposibilita el control de los bañistas y de posibles comportamientos de riesgo. Precisamente defiende que otro de los puntos que debería regular este plan nacional es las sanciones a aplicar cuando los bañistas cometan imprudencias porque al no declararse zona de baño o no existir una ordenanza municipal al respecto no se impone ningún tipo de sanción.

Aunque los ayuntamientos tienen la competencia de poner en marcha los requisitos de las zonas de baño y de hacer cumplir las medidas, es la Junta de Castilla y León la que establece la normativa. En la Comunidad hay 35 de zonas de baño declaradas y en Segovia tan solo una, el embalse de Linares en Maderuelo. Según Pascual en la provincia se podrían habilitar otros espacios naturales para el baño seguro, pero no se hace porque «tenemos la cultura de ir al río, pero no de implementar zonas de baño, que en definitiva suponen un coste para los ayuntamientos».