Pablo Pérez: «La alcaldesa tiene que pagar políticamente por los chanchullos» en Cultura

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Segovia, Pablo Pérez, ha avanzado que «su próximo paso» está «muy encaminado» hacia la responsabilidad de la alcaldesa de Segovia, la socialista Clara Luquero, en los contratos supuestamente ilegales tramitados en el área de Cultura. Para el concejal popular, la regidora tiene que «pagar políticamente» por «los chanchullos y actuaciones irregulares» que puso en marcha desde 2011 en la Concejalía de Cultura.

La estrategia se verá «en función de la sentencia», tras el juicio en el Contencioso Administrativo celebrado este miércoles sobre el contrato fragmentado del servicio técnico del centro de creación de La Cárcel y su adjudicación a Luis Aguiar, hermano de la actual edil de Turismo, Gina Aguiar, quien ya renunció a la concejalía de Cultura a mediados de marzo por un episodio similar referido a la organización de la muestra de cine y su judicialización, el llamado 'caso Trípode'.

Según explicó Pablo Pérez, en este juicio ha quedado demostrado por la acusación del PP, que viene «de 2011» esta forma de contratar, basada en el «nepotismo y el amiguismo» de personas cercanas al equipo de gobierno. «Vamos a ir al fondo y el origen del asunto, es decir, a los contratos y el sistema de contratación que generó la propia Luquero en la Concejalía de Cultura», apostilló el líder de la principal bancada en la oposición de la corporación municipal.

Pablo Pérez defendió que no están judicializando la política, sino que su objetivo es «poner orden» en este área porque es «inadmisible estas prácticas irregulares». En su opinión, «hablamos claramente de las corruptelas que deja 18 años de gobierno municipal» con «una red clientelar muy importante que perjudica los intereses de los segovianos» y a otros licitadores que estaban en buena disposición de llevar a cabo estos contratos.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia anticipó que su grupo político está valorando «otra vías judiciales» para analizar lo que «ha estado sucediendo en la Concejalía de Cultura en los último años», desde que Luquero era la responsable de este área. Pérez alude a que el abogado del Consistorio en la causa también ha explicitado en sus argumentos y alegaciones que «estos hechos corresponden al contrato del hermano de Gina Aguiar, de Luis Aguiar, que se venía celebrando desde el año 2011 hasta la actualidad». Según los populares, esta exposición evidencia que «la responsable de esta estrategia de contratación para contratar a quien quería y no a la mejor oferta que se presentaba, viene de época de Clara Luquero».

Además, en el caso que se juzga, Pérez sumó «la vinculación familiar de hermanos entre Gina y Luis Aguiar», lo que «agrava» todavía más las circunstancia. La actual edil de Turismo se hizo claro de Cultura en 2019, pero lleva siendo programadora cultural del La Cárcel desde 2011. «Esas afinidades pueden continuar y se han demostrado en el juicio, a través de nuestro abogado, que este vínculo viene de mucho atrás», resumió el portavoz popular.

«El juicio ha salido tal y como esperábamos» porque la defensa del Ayuntamiento poco tenía que alegar, ante lo que Pérez calificó como hechos «graves y claros». «No ha podido hacer una defensa de los indefendible porque las evidencias son muy claras», añadió. Los ediles del Partido Popular tienen como misión «desmantelar la red clientelar, el nepotismo y amiguismo por el que el Ayuntamiento de Segovia está contratando permanentemente a personas muy cercanas y vinculadas al equipo de gobierno y saltándose a la torera todos los trámites de la administración pública».

Pablo Pérez rechazó las declaraciones de la alcaldesa sobre que el PP había admitido que son errores administrativos. «Existe una voluntariedad a la hora de cometer estas irregularidades para contratar con quien la concejal quería, con su propio hermano, y, en el 'caso Trípode', Cultura con sus propios amigos», dijo. «Un error es cuando no existe una voluntariedad y en este caso hay una voluntariedad clara de adjudicar a determinadas personas los contratos», incidió Pérez

El portavoz del grupo popular en el Consistorio puso como ejemplo que es como si «ahora vienen y nos dicen que los ERE de Andalucía son errores administrativos porque se equivocaron de número de cuenta a la hora de hacer los ingresos y los pagos».

En el 'caso Trípode', la justicia ya declaró que el contrato del Ayuntamiento con la asociación cultural para organizar la muestra de cine europeo no se ajustaba a derecho; ahora, en lo que respecta a la judicialización de la contratación de Luis Aguiar para el servicio técnico de La Cárcel, los hechos son «muy graves y preocupantes» al ser un equipo de Gobierno, el de Clara Luquero, «que está amañando los trámites de adjudicación para contratar con quien quiere la Concejalía de Cultura basada en ese nepotismo en ese amiguismo».

Pérez también afirmó que, de nuevo, en este juicio, se ha puesto encima de la mesa el informe de la secretaría general a la hora de elaborar contratos menores, cuando el órgano consultivo de contratación ya ha dicho que es preceptivo. «Por lo visto sigue dudando el equipo de Gobierno sobre la necesidad de hacer este informe, que es absolutamente necesario en aras a la transparencia y la fiabilidad para estos contratos», resumió el representante popular.

Por su parte, el abogado del PP, César Gómez, explicó que la práctica de la prueba ha sido «eminentemente documental», con el expediente administrativo y la prueba documental aportada por ellos, asentada «básicamente en notas de prensa porque ha sido un caso que ha adquirido notoriedad».

«No ha habido ninguna práctica testifical por lo tanto no ha habido que hacer preguntas a nadie. La práctica de la prueba ha sido solo el expediente administrativo y documental y el juez lo que ha hecho es de moderador del debate del juicio y nadie más», detalló el abogado, que también recordó que el titular de este juzgado es muy ágil y suele dictar sentencia en «una semana o diez días».

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