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La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, firmó el pasado viernes, 17 de septiembre, un decreto para eximir al PSOE del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la sede que tiene en propiedad en la calle Marqués de Lozoya, en el segoviano barrio ... de La Albuera. Lo denunció ayer el Partido Popular, después de la comparecencia semanal de la propia alcaldesa. El portavoz popular, Pablo Pérez, pidió explicaciones a la regidora por «un nuevo chanchullo» que está en la línea «de lo ocurrido con los casos Trípode o Aguiar», con la diferencia de que no se trata de una cuestión ilegal, sino «inmoral». «Si fuera ilegal, estaríamos en el Juzgado, no en el Ayuntamiento», matizó Pérez.
Según se desprende del decreto, el PSOE se acoge a la posibilidad legal que los partidos políticos tienen de optar a la exención del impuesto como entidades sin fines lucrativos y con derecho a incentivos fiscales por mecenazgo. El Partido Popular echa en cara a los socialistas su intención de sortear un impuesto que Segovia «tiene por las nubes» mientras «no deja de recordar la necesidad» de hacer frente a las cargas fiscales «para garantizar la calidad de los servicios» municipales. «Aquí todos los segovianos pagamos religiosamente la contribución, que es una de las más caras de España, pero la alcaldesa firma un decreto para que el PSOE de Segovia quede exento. Es una auténtica vergüenza, un escándalo más del equipo de gobierno. Luquero está completamente desgastada, y este decreto es una evidencia», añadió.
El portavoz popular aseguró que todas las sedes que el PP de Castilla y León tiene en propiedad pagan el IBI que les corresponde. «El PSOE se acoge a la exención como entidad sin fines lucrativos y susceptible de beneficiarse de los incentivos fiscales al mezcenazgo, como si fuera una ONG, vamos. La ONG de Aceves y Bayón. Pues no es así, señores. Hay que pagar el IBI, sobre todo cuando se subraya lo necesario que es pagar impuestos para garantizar la calidad de los servicios que se prestan», dijo Pérez, que recordó la propuesta que el PP hizo el año pasado para bajar la contribución a los sectores y las familias que peor lo estaban pasando con la crisis de la pandemia. «Fue rechazada por motivos hipotéticamente técnicos, pero ahora vemos que hay voluntad de quitar el IBI al PSOE, lo que achacamos a una relación de colegueo y amistad, como ocurrió en los casos Trípode y Aguiar».
El PSOE respondió primero a través del portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Jesús García Zamora, que no ve caso alguno en la denuncia pública del PP: «Aquí lo único que se ha producido es un acto de mero trámite. Un administrado que tiene derecho a una exención fiscal se ha dirigido a los servicios tributarios del Ayuntamiento, la ha solicitado, se ha estudiado y se le ha concedido merced a la ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos, que regula su régimen de financiación y tributario. Este administrado ha entendido que tenía derecho a esa exención y se le ha concedido, porque el local cumple una serie de requisitos, entre los cuales figura que no tiene actividad económica alguna. Si no hubiera tenido derecho a ese beneficio fiscal, no se le hubiera concedido. La alcaldesa no posee la potestad de conceder a su arbitrio. La alcaldesa no prevarica. Esto no es un cortijillo». García Zamora acusó al PP y a Pérez de «embarra» la política local. «No soportan que haya una sucesión de buenas noticias para la ciudad. Es duro escuchar al PP hablar de inmoralidad y de financiación de los partidos políticos».
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