El alcalde de Fuentesoto se enfrenta a cinco años de cárcel por presunta prevaricación

Parra es alcalde de esta pequeña localidad de poco más de cien habitantes desde 2011 y durante su intervención se declaró inocente de los cargos que se le imputan, igual que también hizo el que entonces era secretario del Ayuntamiento (lo fue desde 2009 hasta 2018), también procesado en este caso. Ambos se declararon inocentes de los cargos que se les imputan. «Yo no he ordenado nada», apuntó.

En concreto están acusados de revocar «irregularmente» una licencia de enganche de agua, de poner trabas a la creación de una seleccionadora de grano y de falsificar el acta de un pleno para aprobar una nueva ordenanza de tasas administrativas y todo en contra, supuestamente del empresario de esta localidad Silvino Rojo, que también fue alcalde de este municipio entre 1995 y 1999.

Ambos también negaron que tomaran decisiones para perjudicar a este empresario y que hubieran ánimos de venganza. A la pregunta de la Defensa de cómo había vivido estos siete años de pleitos, Mariano Parra, a preguntas de su abogada defensora, apuntó que «con inquietud y preocupación», reiterando su inocencia. Al final de la vista resaltó «el montón de mentiras hacia mi persona y la del exsecretario que no tienen justificación».

Por su parte, el exsecretario del Ayuntamiento, calificó estos años como «angustiosos» (se encuentra en la actualidad con depresión) y comentó durante el juicio que «las actas se firman en el siguiente pleno, cuando ya están redactados». Precisamente la cuestión sobre cuándo se firman las actas de los plenos fue uno de los puntos que más se trató, también entre los testigos de la Defensa, concejales del Ayuntamiento de Fuentesoto durante 2013. Muchos de ellos ya ni recordaban los hechos y otros apelaban a la normativa para explicar la firma de las actas de los plenos.

La historia se remonta a ese año 2013 en una serie de desencuentros entre Mariano Parra y Silvino Rojo. Primero por un enganche de agua, y a una ordenanza del agua que el Ayuntamiento aprobó cuando Silvino Rojo era alcalde, y que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo obligó a restablecer;u na segunda cuestión, por la solicitud para una seleccionadora de grano y también por el polémico acta de un pleno para aprobar una nueva ordenanza de tasas administrativas.

Han pasado más de siete años. La acusación particular considera que hay motivos para exigir responsabilidades penales a Parra y al exsecretario municipal e incluso también solicita que se abonen 30.000 euros por la responsabilidad civil subsidiaria. «Me han hecho mucho daño tanto económico como moral», destacó Rojo durante su intervención en esta vista oral. La seleccionadora vino de Alemania, me costó 200.000 euros y perdí un año de selección; bastante tengo con mi empresa como para pensar en otras cosas. No entiendo nada porque vino Medio Ambiente, les enseñé nave por nave y no ha generado ningún problema en la población, no produce vertidos, no afecta a la calidad del agua. Me extraña todo esto», añadió.

La Defensa del exsecretario y del alcalde defienden en cambio la legalidad de su actuación. Han subrayado que en todo momento siguieron los pasos marcados por los servicios técnicos de la Diputación Provincial y por la Comisión Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y han negado la falsificación de ningún acta o que manipularan a vecinos para que presentaran alegaciones al proyecto de la seleccionadora de grano. También han recordado que el Consejo Consultivo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazó la reclamación de responsabilidad patrimonial que el denunciante presentó contra el Ayuntamiento.

La Fiscalía Provincial, que ya había solicitado su sobreseimiento, pidió una sentencia absolutoria. No ha presentado acusación al considerar que no hay indicios de delito «porque para eso hace falta algo más». La Defensa, además de la absolución porque no hay pruebas suficientes para imputar a los dos acusados, pide que el pago de las costas corran a cargo de la acusación particular porque entendemos que es una» acusación injusta y temeraria».

Entiende que el Ayuntamiento actuó con criterios «de racionalidad. «¿Qué falsedad hay en requerir más documentación?», concluyendo que los hechos «no están acreditados ni probados», entre ellas la cantidad de 30.000 euros que se piden en concepto de compensación.