Los agentes medioambientales tildan de «parche» el protocolo de recogida de setas

«Es una bomba de humo, una puesta en escena, que no atiende las demandas del sector», critica el presidente de Apamcyl, Esaú Escolar. «No hay nada firmado», asevera, a la vez que lamenta que no se haya tenido en cuenta la participación de los agentes en la definición del documento. Consideran que son los consejeros los únicos que pueden otorgar validez legal a estas iniciativas de colaboración.

Aunque se presentó como un protocolo que «establece pautas o criterios para regular» las actuaciones, la Subdelegación informa de que realmente materializa «en papel» la coordinación que existía entre las dos entidades «desde hace años».

Esta iniciativa tiene su antecedente en Soria, cuando en las campañas de recolección de 2015 a 2017 los vecinos que se servían de estos recursos forestales se quejaron de la cada vez mayor intromisión de personas y bandas organizadas que «arrasaban con el monte», especifica Escolar. En este caso, fueron los propios agentes medioambientales quienes promovieron la creación de unas directrices de colaboración con la Guardia Civil para evitar situaciones «extremadamente peligrosas». Por ejemplo, amenazas o agresiones a los trabajadores motivadas por los desalojos, incautaciones, detenciones y controles en pistas forestales.

En el caso del documento presentado en Segovia, «nadie ha contado con nosotros; nos hemos enterado por la prensa», reconoce el presidente de Apamcyl. Todo ello cuando el entorno forestal de la provincia es uno de los mayores exponentes autonómicos en recogida de setas y piñas, así como en actividades de caza. De hecho, Escolar se queja de que una de las medidas definidas en el protocolo es la incautación de los vehículos de los infractores. «No tienen en cuenta que, muchas veces, esas personas duermen en el coche y no tienen otro lugar donde ir, por lo que esta medida genera una situación de peligro», especifica.

En un comunicado relativo al protocolo segoviano, el sindicato asegura que las intervenciones que llevan aparejadas cierta inseguridad se producen «a diario». Una problemática que, según anuncia, no se aborda desde la Consejería de Medio Ambiente. La vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de la naturaleza son funciones reconocidas en el marco normativo de los agentes medioambientales. «Somos policía administrativa», dice Escolar. Eso significa que «tenemos la obligación de descomisar incluso armas y, para ello, solo podemos hacer uso de un bolígrafo, una libreta y buenas palabras», critica.

A su juicio, la «desprotección» de la actividad de los agentes medioambientales no se resuelve solo a partir de un acuerdo de cooperación con el Seprona. «No siempre llegan a tiempo desde que se da el aviso e, incluso, hay veces que es imposible pedir ayuda cuando estás en una zona remota del monte», defiende. De hecho, reconoce que la Benemérita tiene un carácter urbano y la mayoría de vehículos de su flota «no son adecuados» para acceder a las zonas donde se producen las situaciones de riesgo.

Así, el sindicato exige a la Junta que, en vez de presentar «simples parches al margen de la legalidad y de forma unilateral» en las provincias, como es el caso del protocolo recientemente hecho público en Segovia, inicie el proceso para crear en la región una regulación integral, efectiva y «liderada por expertos». Una de las peticiones más recurrentes es quela función de «policía» tenga una evaluación de riesgos laborales específica y sus consiguientes medidas de prevención.

En esta misma línea, demandan una equiparación proporcional de sus capacidades a los riesgos que conlleva el ejercicio de su profesión. En concreto, una de las sugerencias referidas es otorgar a los agentes medioambientales medios materiales de seguridad, como son las armas, para hacer frente a las posibles agresiones.

La creación de un protocolo específico es una de las reclamaciones históricas de Apamcyl, sobre todo tras el asesinato de dos agentes rurales en Lérida hace cuatro años. Pero sus esfuerzos también se orientan a la defensa de la Ley Estatal de Agentes Forestales, que se debatirá el 22 de noviembre en el Consejo de Ministros.