32 de los 50 acusados de contratos falsos para percibir el paro admiten los hechos en un macrojuicio en Segovia

En un juicio con 50 acusados, 23 abogados, 15 periodistas, un fiscal, una jueza, una secretaria y una intérprete, tocaba afinar la vista. Tras una larga sesión que concluyó a las cuatro de la tarde, quedó visto para sentencia.

El de este lunes fue un macrojuicio, el primero de este tipo que acoge la nueva sede del INSS, en la calle Pinar de Valsaín. Fue la primera vista en la historia judicial segoviana que se celebra fuera de dependencias judiciales por la falta de espacio en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal, en Fernán González, y en el Palacio de Justicia de la calle San Agustín. La instalación habilitó una entrada trasera, indicada con letreros en el exterior, y separó con un cordón el pasillo donde los ciudadanos esperaban su cita ordinaria.

La mayoría de los acusados reconoció los hechos, incluido el empresario, para el que la Fiscalía pedía 42 meses en sus conclusiones provisionales. Este empresario de la construcción, conocido en la provincia por tener hasta un centenar de empleados en plantilla en los tiempos de bonanza, hizo contratos a trabajadores extranjeros con el propósito de que pudieran solicitar prestación de desempleo. Los trabajos nunca se llevaron a cabo y el empleador, que no abonó las cuotas correspondientes a la Seguridad Social, generó una deuda de 569.120 euros.

Entre los 50 acusados –además del empresario– hay 47 trabajadores, para los que la Fiscalía pedía inicialmente un año de prisión por un delito del falsedad contra la Seguridad Social. Además de dos intermediarios, considerados cooperadores necesarios –pusieron en contacto al empleador con una de las trabajadoras– para los que se pedía la misma pena. Declararon 36 acusados; el resto fueron rebeldes o juzgados en ausencia.

El empleador reconoció los hechos a través de su empresa, Subcontrata de obras JJH, que no figuraba en el Registro de Empresas Acreditadas y no tenía actividad real desde 2009 a 2012. «Nos quebraron por la construcción, no teníamos actividad». Aseguró que no fue él quien promovió la trama: «Yo no busqué a nadie, me vinieron a mí a pedirme el favor». Su figura era manida entre amigos y conocidos de los trabajadores, como subrayó uno de los acusados: «Es una cosa que todo el mundo sabía. Hay un tío que hace contratos y ayuda a la gente. Pues fui yo también».

En el escrito definitivo, Fiscalía pidió una pena de tres meses y un día de prisión para los 32 trabajadores que reconocieron los hechos; en total, 270 euros. Para el resto de trabajadores e intermediarios que defendieron su inocencia, cinco meses y 28 días de prisión por una cuota diaria de 12 euros; 2.138 euros.

Para el empresario, pidió 11 meses por falsedad documental y seis meses de multa por una cuota diaria de seis euros (en total, 1.080). Después, plantea tres opciones, todas ellas con 18 meses de prisión. Si la jueza considera que hay una estafa a la Seguridad Social, pide una multa de 170.847 euros, el daño causado el Servicio de Empleo Estatal. Una alternativa sería un delito continuado de estafa simple por el que debería reintegrar todas las cantidades que se han cobrado indebidamente y que no se han reintegrado. La última opción sería un delito de defraudación a la Seguridad Social por no pagar las cuotas de los trabajadores, si considerase que los contratos son válidos. En total, 569.120 euros. Si se estiman las penas, serían dos años y cinco meses, por lo que ingresaría, a priori, en prisión.

Pese al reconocimiento de los hechos, la jueza podría considerar que no son constitutivos de delito y absolverles. Cuando se hizo la acusación, en 2016, ya se mencionó que había dilaciones no motivadas por ninguna causa justifica, lo que exige bajar la pena al mínimo. Han pasado cuatro años más, tanto por el volumen de trabajo del juzgado como las complicaciones para encontrar una sala adecuada.

El empresario elaboró hasta las nóminas. Aunque durante el discurso repetía el mensaje de «no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo», respondió de forma cristalina a las preguntas concretas. ¿Las nóminas eran retribuidas?, preguntó el fiscal, Miguel Ángel Román. «No, no las pagaba», contestó él, que hacía las retenciones de IRPF y no las declaraba. ¿De los 47 contratos, alguno era realidad? «No, reconozco que eran ficticios». Cuando le preguntaron por sus teóricos empleados, la mayoría de origen árabe, replicó: «Es que por el nombre...»

Una de las acusadas realizó labores de limpieza en casa del empleador, aunque este no lo recordaba. «Lo hacía por trabajar, yo no necesitaba el papel», sostuvo, aportando dos nóminas que nunca llegó a cobrar. Otro de los acusados explicó que el empresario le hizo los contratos falsos para pagarle a través de esas subvenciones una deuda de más de 3.000 euros. Este hombre recuerda ocho contratos; cinco 'reales' y tres falsos. En otro caso, la explicación que esgrimió el supuesto trabajador fue que la prestación era un adelanto: «Dijo que me había hecho contrato, pero que no había obras. Que cuando las hubiera ya me las descontaría. Pero nunca llamó».

El rol de los dos intermediarios fue discutido. Uno de ellos se reconoció como tal porque presentó a una de las trabajadoras acusadas, ausente por motivos de salud, al empresario. Tras titubear en una declaración llena de contradicciones, reconoció: «Quedamos». El segundo, que lleva más de 28 años en España, negó taxativamente cualquier relación. «Tengo una tienda de segunda mano y mucha gente me conoce, pero yo a ella no». El empresario tenía su documentación porque se encargaba de hacer la gestión contable de su negocio.

El goteo de supuestas reformas fue imparable: la casa de las Hermanas Oblatas –actual hotel Capuchinos– vías de Nueva Segovia como Vicente Aleixandre o el montañoso callejero del barrio de La Fuentecilla. En la provincia, pueblos como Arevalillo del Cega, un caso muy llamativo porque el abogado de este trabajador llevó fotos de la obra para justificar que, efectivamente, se había llevado a cabo, mientras uno de sus supuestos compañeros de faena se limitó a decir que había sido un tejado y que no recordaba el tiempo de los trabajos. Hubo otros pueblos como Castroserracín o Arcones. Prádena fue escenario imaginario de muchas, en calles como Carbonero, Santa Ana o la Calle Real.