Acuerdan la suspensión de pena de prisión a dos acusados por venta de drogas

Los hechos se remontan a 2019, cuando un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española, fueron detenidos por participar en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas en la provincia de Segovia. La Policía Nacional llevó a cabo un exhaustivo registro de sus viviendas, en las que halló sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otros instrumentos que se utilizaban en el proceso de venta, como son teléfonos móviles, tabletas o turismos de alta gama, que fueron intervenidos en su totalidad. El juez ha decretado la devolución de al menos dos coches que estaban bajo custodia a sus legítimos propietarios mientras que no se ha establecido la relación de otro vehículo, un BMW, con los actos delictivos.

El juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 6 fue el encargado de dirigir las investigaciones, que elevó el caso a la Audiencia Provincial para la celebración de la vista oral, que se desarrolló en las primeras horas de este martes. El Ministerio Público solicitaba en su escrito inicial de calificaciones cuatro años de prisión y una multa de 5.000 euros para cada uno de los acusados, con responsabilidad personal subsidaria por impago de tres meses.

La defensa y la Fiscalía han llegado a un acuerdo de conformidad antes de entrar en la sala, consistente en la reducción de pena a dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago fraccionado de 1.969 euros de multa, respectivamente, con responsabilidad personal subsidaria de un mes, a lo que se suma el abono de las costas procesales.

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Esto se debe a la «escasa relevancia» de la cantidad de las sustancias estupefacientes incautadas a los condenados, que han determinado la calificación jurídica para el delito de salud pública en su horquilla más baja, además de la condición de adicto a la cocaína de uno de los detenidos.

Los dos acusados, en cuyas viviendas se encontró cocaína destinada a la venta, han reconocido los hechos y han manifestado estar de acuerdo con la pena. Aun así, se acuerda la suspensión durante cuatro años de dicha condena privativa de libertad, condicionada a que los acusados «no vuelvan a cometer otro tipo de delito durante ese plazo y tengan informado cualquier cambio de su domicilio habitual», subrayó el presidente de la Audiencia, Ignacio Pando. Cualquier incumplimiento de dichas condiciones implicaría la revocación de esta medida y su ingreso en prisión durante dos años. Las partes han confirmado su intención de no recurrir la sentencia dictada por el magistrado.