La abundancia de siniestros encarece un 40% el seguro del Ayuntamiento de Segovia

Tal y como explica el regidor, las variaciones introducidas en las condiciones están pensadas para atraer el interés de las aseguradoras y que fluya la concurrencia a la convocatoria después de que hace unos meses el concurso quedara desierto. El futuro contrato tendrá una duración de dos años con una prima conjunta de 200.000 euros, 100.000 por cada anualidad, especifica el alcalde de Segovia.

Ese elevado índice de siniestralidad al que se refiere Mazarías, y que también tienen en cuenta las compañías a la hora de fijar sus condiciones, ha obligado al Ayuntamiento a hacer frente a varias demandas de ciudadanos que, según deja entrever el regidor, se podían haber evitado o prevenido.

En los últimos cuatro años (desde el 1 de abril de 2020), los pagos totales que ha hecho el Consistorio como responsable patrimonial en un incidente suman algo más de 123.622 euros, sobre una carga siniestral que roza los 529.000 euros.

La cantidad de expedientes administrativos tramitados en los últimos ejercicios se mantiene más o menos constante. Los repuntes dependen, por ejemplo, de un invierno de abundantes nevadas y heladas, lo que propicia que haya más caídas y accidentes en la vía pública. El volumen atendido oscila entre los 105 casos gestionados en 2021 y los 75 de la anualidad posterior, mientras que en 2023 el Consistorio cerró el curso con 85 tramitaciones. Sin embargo, no todos los expedientes pasan a la siguiente fase del procedimiento. Una parte de ellos se quedan por el camino, archivados (entre catorce y diecisiete en el cómputo del último trienio).

La experiencia dice que entre el 80% y el 84% de los casos que recibe el Ayuntamiento acaban siendo admitidos a trámite, lo que no quiere decir que se dé la razón al demandante. De hecho, los datos facilitados por Alcaldía ponen de manifiesto que las resoluciones favorables al ciudadano que se siente perjudicado no llegan a la mitad de los que a la postre son estudiados, amén de la cartera de asuntos pendientes de dictamen con la que echa la verja cada anualidad.

En 2021, por ejemplo, 34 peticiones de compensaciones de las 88 admitidas acabaron siendo estimadas por el Ayuntamiento, mientras que 24 fueron denegadas y el resto quedaron en trámite. Un año más tarde, de los 61 expedientes que pasaron la primera criba y que no fueron archivados, dieciséis se decantaron a favor de la persona demandante y diez fueron rechazados tras la correspondiente evaluación.

En 2023, todavía disminuye más la proporción de informes que concluyen con la estimación de la reclamación. A tenor de la información municipal, se atendieron y admitieron 68 y en solo nueve se dio la razón al ciudadano, aunque también hay que tener en cuenta que la bolsa de expedientes pendientes fue más abultada que en años precedentes, al quedar 45 demandas a expensas de una conclusión, lo que supone dos de cada tres solicitudes de responsabilidad patrimonial.

Las estadísticas descubren que los incidentes que más reclamaciones generan año tras año son las referidas daños causados por el agua. Las caídas también suelen ser motivos recurrentes por los que los segovianos piden una indemnización al Consistorio como responsable patrimonial.

El abanico de causas se abre sobremanera: Desde la muerte de un perro electrocutado en una farola o los desperfectos provocados en un vehículo por la caída de ramas desprendidas por el peso de la nieve, hasta daños en lápidas, el robo de objetos en una tumba, la rotura de dos televisores, el perjuicio causado por un corte de agua, los daños materiales en motos o turismos o el estropicio sufrido por una maleta en un socavón.

Mazarías insiste en que «hay que aminorar el índice de siniestralidad». De ahí las modificaciones en las condiciones de la próxima póliza, que encarecerá casi el doble la franquicia, pasando de 480 a 1.000 euros. Esta es la cuantía que asume directamente el Ayuntamiento en esta clase de indemnizaciones menos costosas. El importe de la prima también subirá. En concreto, un 40%: de 60.000 a 100.000 euros.

El alcalde también ha avanzado que la puesta en servicio de una de las promesas electorales que hizo hace diez meses, las denominadas Brigadas de Actuación Rápida, es inminente. Van a ser dos equipos que «ya tienen dotación económica suficiente».

José Mazarías añade que solo falta completar la redacción de los pliegos para su contratación y que se pongan manos a la obra para solucionar algunos de los problemas que están detrás de las demandas de responsabilidad patrimonial, como tropezones porque hay alguna baldosa suelta, caídas por un bordillo movido o desperfectos por coger un bache.