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La abogacía segoviana no aguanta más. La huelga de los funcionarios de Justicia ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los abogados afirman ... que el servicio público de Justicia es ya «insostenible» en Segovia porque lleva paralizado por diversas huelgas desde hace más de cinco meses, sin cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución, en palabras del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja.
«Las recientes y sucesivas convocatorias de huelga en la Administración de Justicia se suman al déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas. Después de más de cinco meses consecutivos de paros, se siguen suspendiendo continuamente vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando cientos de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales prácticamente paralizada y señalamientos fijados para fechas inasumibles», señaló el decano, que encabezó la protesta protagonizada por los abogados segovianos delante de la sede del Ilustre Colegio.
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Según los profesionales, es «descorazonador» tener que haberse concentrado para recordar a los poderes públicos algo tan «evidente» como que la tutela judicial efectiva es «fundamental» para el normal funcionamiento del Estado de Derecho. «Es desolador tener que recordar que la parálisis del servicio afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defendemos sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco podemos trabajar. De hecho, hay profesionales que llevan varios meses sin cobrar y despachos que pueden acabar cerrando. Tenemos muy claro que sin justicia no hay democracia y que la solución es una cuestión de Estado».
Por ello, los abogados reclaman un pacto de Estado que permita crear un servicio público efectivo y de calidad «de forma inmediata». Consideran que el deterioro del funcionamiento y de la imagen institucional de la Justicia afecta a todos. Solo en Segovia hay miles de procedimientos paralizados y los tiempos de respuesta son inasumibles. La organización, por otra parte, está obsoleta y la falta de recursos humanos y materiales es «absolutamente insoportable». «De nada sirve que construyan nuevos edificios o habiliten nuevos espacios si luego no se dotan de medios humanos y materiales», subrayó el decano en clara referencia al caso segoviano, donde el Estado ha construido nuevos inmuebles para unificar toda la Administración de Justicia, aunque todavía no está en uso. «La justicia es la gran olvidada de esta democracia, sin género de duda».
La situación del turno de oficio es especialmente dramática. Ahora mismo, el sistema de asistencia jurídica gratuita está sustentado en el esfuerzo, el trabajo y la vocación de los propios profesionales adscritos. «Su funcionamiento es lamentable. Si no fuera por nosotros, ni se prestaría el servicio», resumió Fuentetaja. Según el decano, los colegios perciben una subvención para la atención del turno «ridícula, indigna y miserable», cuando dedican «horas y horas» a defender a los ciudadanos carentes de recursos. «Ni siquiera nos abonan todos los trabajos que realizamos y la mayoría de las veces tenemos que sufragar nuestros propios gastos», añade.
Según expresaron los abogados en el manifiesto de la protesta, hoy es más necesaria que nunca una reforma «profunda y duradera» que convierta la Administración de Justicia en «un verdadero servicio público de calidad que mejore la seguridad jurídica en la sociedad y genere confianza a la ciudadanía».
Ante la «paralización y la desatención» que aseguran sufrir, los profesionales piden a las partes en conflicto, y especialmente a los responsables del Ministerio de Justicia, que «de forma urgente» aborden la situación y solucionen «de una vez por todas» sus diferencias, sin que el resto de la población tenga que seguir soportando un «nefasto funcionamiento» en la aplicación de un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los abogados dejaron claro el respeto que les merece el derecho a la huelga que están ejerciendo otros colectivos de la Administración de Justicia, pero reclaman su derecho a poder trabajar. Inevitablemente, los huelgas paralizan el funcionamiento de los juzgados y ellos son partícipes del engranaje. «Nuestro día a día es muy complicado. Hay profesionales que se desplazan desde otros puntos del país, llegan a Segovia y se encuentran con el juicio suspendido. No han sido pocas las veces que hemos preparado la vista, hemos ido al juzgado y nos hemos encontrado con la vista suspendida. Y eso no puede ser porque merecemos un respeto para atender convenientemente nuestro trabajo en condiciones normales y humanas», dijo Fuentetaja. Las jurisdicciones más afectadas por las sucesivas huelgas son la civil, la social y la contencioso-administrativa. «La penal suele funcionar y hay una prioridad para casos de violencia de género que los servicios mínimos proveen sin excesivos problemas, pero el resto sufre una paralización completa y manifiesta, día tras día».
El decano, que desconoce el número de procedimientos suspendidos, no duda en afirmar que los juzgados segovianos se encuentran paralizados.
La abogacía de Segovia ha redactado un documento con diez propuestas para un pacto estatal de Justicia que considera necesario. La primera apuesta por la creación de mecanismos reales de coordinación regular entre las instituciones y administraciones con competencias que aseguren la participación de los profesionales y de la ciudadanía. La dotación de recursos materiales y personales, la racionalización organizativa, la mejora de la ejecución de las resoluciones judiciales y la implantación del expediente electrónico son otras de las medidas que los abogados proponen al Gobierno.
En cuanto al turno de oficio, el Colegio de Abogados subraya la necesidad de revisar el marco legal del sistema de acceso universal y de la implantación de un servicio de calidad, atendido por profesionales debidamente formados, a quienes se garantice una compensación digna que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de oficio, manteniendo la proximidad territorial y tendiendo a la especialización por áreas y servicios.
La propuesta se completa con medidas en favor de la conciliciación de la vida familiar y laboral de los profesionales, la regulación del derecho de defensa e instrucción por el Ministerio Fiscal mediante ley orgánica, un impulso «decidido y eficaz» de mecanismos adecuados de solución de conflictos y una revisión del sistema legal de recursos que permita la armonización de los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales, así como la generalización de la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía. Este último punto incluye una revisión de los procedimientos tendente a la uniformidad, la simplificación y el antiformalismo.
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