La Abogacía del Estado presenta un recurso contra la Junta por «ocupación ilegal» de Navacerrada

Así, y a instancia del Organismo Autónomo Parques Nacionales, la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contra la Junta de Castilla y León al «haber rechazado el requerimiento para que actuara y resolviera las solicitudes presentadas para declarar la extinción del título administrativo de la concesión de las instalaciones de esquí» en los terrenos del Pinar de Valsaín sobre los que se ubica ,a estación de Navacerrada.

El Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico sigue firme en su consideración de que es el Gobierno regional el que tiene la competencia y deduce que con su rechazo al requerimiento de Parques Nacionales está amparando «una ocupación ilegal» por parte de la concesionaria, que está dispuesta a abrir y empezar la temporada este viernes día 3 de diciembre escudándose en que el desmantelamiento y clausura de la estación está judicializado y que no recibió ninguna notificación oficial.

«En ningún caso compete a la Junta decidir sobre la ocupación o la no ocupación de unos terrenos de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales», añade el Ministerio en un comunicado emitido en la noche de este lunes.

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La respuesta a las declaraciones de Mañueco no queda ahí. El Ministerio, «atendiendo a la irregularidad que supondría la continuidad de las actividades de esquí alpino en el territorio afecto a la concesión caducada», la Abogacía del Estado ha autorizado la solicitud de medidas cautelares que impidan la apertura y la realización de actividades en la estación de Navacerrada hasta que exista una resolución del recurso.

Con respecto a las declaraciones de Fernández Mañueco de que «no hay inconveniente» para que la empresa concesionaria continúe con la actividad , el comunicado del Ministerio recoge que «supondrían la vulneración de los derechos del propietario del monte reconocidos en la Ley de Montes de Castilla y León [que es Parques Nacionales], del procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones e invita a la vulneración del Estado de Derecho para favorecer el interés privado en lugar del interés general».