Ábalos anuncia bonificaciones para aliviar los sobrecostes de los usuarios de las autopistas de pago

«Ahora nos toca, con el propósito que es igualar y no generar agravio, ver cómo podemos aliviar estos costes». Con estas palabras, el ministro de la renovada cartera de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha respondido a dos mujeres que le han parado en plena calle durante su visita a Segovia, justo cuando iba a entrar en la Casa Museo Antonio Machado. Ambas han impulsado en una plataforma en Internet una recogida de firmas para pedir el final del cobro del peaje por circular por las autopistas cuyos trazados discurren por la provincia, es decir, la AP-6, la AP-51 y AP-61.

El titular en funciones de la todavía cartera de Fomento ha recordado que estas vías de alta capacidad son de pago como consecuencia de la política que llevó a cabo el Partido Popular (PP) cuando estaba al frente del Ejecutivo de España, una gestión que, según ha dejado entrever el también secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), benefició a las compañías privadas.

Asimismo, ha subrayado que fue con los populares en el gobierno de la nación cuando se aprobaron las prórrogas, vigentes en la actualidad, en los contratos de las concesiones a empresas adjudicatarias que explotan estas autopistas a cambio de unas inversiones de mejora en las vías. Este es el caso de las tres que gestiona Castellana de Autopistas en la provincia de Segovia.

José Luis Ábalos ha defendido las medidas de ha impulsado su departamento en estos últimos tiempos en lo que respecta a «no licitar ni prorrogar» esas concesiones una vez expirados los plazos de duración. El problema con las vías segovianas es que la concesión se encuentra prorrogada. Según el ministro, hay que ser conscientes y valorar el coste aparejado a una supuesta liberalización estando en vigor el contrato con la explotación privada.

José Luis Ábalos ha precisado que lo que ocurre con los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61, al igual que pasa con otros trazados en otras comunidades autónomas como la gallega, es que «tienen unos compromisos que hay que respetar por una cuestión de seguridad jurídica y por los costes». En cualquier caso, también ha anticipado la intención de promover «políticas compensatorias» en estas autopistas de pago que quedan en funcionamiento para aliviar el sobrecoste que representan para los usuarios.

En este sentido, ha citado como posible medida una que ya ha venido aplicando el Gobierno cuando ha estado habilitado y no en funciones, que es la aprobación de bonificaciones. Así lo ha hecho, por ejemplo, para el transporte pesado, para el que el Ejecutivo ha aumentado las contraprestaciones.

En esta línea, ha reiterado el objetivo del nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez de «acabar con el sistema de renovación de concesiones», que las que finalicen su periodo de duración «no se vuelvan a licitar ni a prorrogar». Esta política va encaminada, precisamente, «a no generar agravios territoriales y no seguir en un bucle de renovaciones de concesiones».