La Fiscalía refleja el «riesgo biológico» de los vertidos de la planta de Fuentepelayo

Los análisis recogidos en los vertidos de la fábrica de comportase de Fuentepelayo aportan luz a las sospechas que se ciernen desde hace tiempo y que han quebrantado la convivencia en la localidad, dividida entre detractores y partidarios de la actividad de la planta. Los resultados se empeñan en cargar de razones a quienes exigen medidas contra la factoría dedicada a la producción de compost.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo asume y admite la documentación facilitada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como consecuencia de las investigaciones efectuadas y de las pruebas tomadas en los terrenos sobre los que la factoría de compostaje supuestamente ha llevado a cabo vertidos irregulares. La conclusión del ministerio público, tras revisar la información y los datos transmitidos por el Seprona, es que «ha existido riesgo biológico».

Es decir, los técnicos expertos que han analizado los desechos y su afectación deducen la probabilidad de que se hubieran realizado actividades tóxicas, con la consiguiente amenaza para la salud. A partir de esa resolución, el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo lo que hace es reflejar dichos estudios derivados de la investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza y los incorpora a las conclusiones sobre la actividad de la planta de Fuentepelayo, que ha podido inadecuada.

Estas conclusiones no hacen sino instar a la actuación para atajar ese supuesto riesgo. Y en ello se trabaja. De manera paralela a esta vía camina el procedimiento emprendido por la Junta de Castilla y León. Cabe recordar que pesa una resolución de la Administración regional que insta a la fábrica de compost a paralizar la actividad hasta que no se proceda a la limpieza de las fincas que supuestamente han sido objeto de los vertidos de desechos.

La empresa ha recibido ya la resolución de la Consejería de Medio Ambiente que ordena la retirada inmediata de estos residuos, que fue firmada con anterioridad por el director general de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León. El plazo para despejar las fincas de los montones de desechos finaliza el próximo día 22, aunque cabe la opción del recurso por parte de la propiedad.

El delegado territorial de la Junta en la provincia, Javier López-Escobar subrayaba hace unos días que la decisión de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente «es firme en la resolución del problema», por lo que, «si no lo soluciona la empresa, lo resolveremos nosotros de oficio», matizó. Es decir, sería el Ejecutivo regional el que retiraría los montones y, aparte de sancionar a la empresa, le pasaría después al cobro el coste de los trabajos.

Sobre los informes técnicos

La notificación ordena a la empresa de producción de compostaje a limpiar los vertidos depositados en terrenos situados en Fuentepelayo, Zarzuela y Aguilafuente. Una vez retirados deben de ser llevados a un gestor autorizado. La planta también tendrá obligación de compostar el material de la fábrica y no sacar residuos fuera sin que tener antes la autorización de la Junta.

Según la plataforma No Más Mierda, alertante de la supuesta irregularidad cometida por la empresa, la Junta ha adoptado estas medidas «a la luz de los informes técnicos, que avalan su decisión». En parte, la misma documentación que obra en poder de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y en la que se deduce que «ha habido riesgo biológico» una vez cotejados los datos aportados por el Seprona.

El conflicto también se ha debatido en las Cortes regionales. El pasado mes de octubre, el PSOE presentó una proposición no de ley de la que solo se aprobaron tres de los seis puntos de los que constaba. Uno indicaba que las Cortes instaran a la Junta a realizar los trámites legales y administrativos oportunos para que se retiren a la mayor brevedad posible los montones de residuos esparcidos. El segundo pedía a la Administración autonómica «la máxima coordinación y colaboración técnico-administrativa con el Ayuntamiento de Fuentepelayo en todos los asuntos, expedientes técnicos y expedientes sancionadores relacionados con la planta de compost».

Por último, también hubo acuerdo para solicitar a la Junta que agilizara la tramitación de los expedientes sancionadores, vigilando el cumplimiento de las acciones que resuelvan en su momento».

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