El Ayuntamiento aprueba hoy la legalización de la casa de la Parra tras años de polémica

El plan especial que establece la ordenación detallada del entorno del antiguo convento de San Agustín, que afecta al hospital Policlínico y a la parcela del colegio de las Concepcionistas , y que tiene como objetivo evitar el derribo de la casa de La Parra, y el consiguiente pago de indemnizaciones, será aprobado hoy por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia. El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, confía en que la solución «para la restitución de la legalidad» adoptada por el equipo de gobierno obtenga el beneplácito del juez. De hecho, el concejal aseguró que de todos los pasos que ha dado el equipo de gobierno ha sido informado, cada quince días, el tribunal que condenó al derribo.

En resumen, este ordenamiento parcial pretende resolver la situación urbanística de la casa de La Parra, al permitir su legalización; flexibiliza los usos del Policlínico, y establece la posibilidad de construir una nueva edificación de uso residencial en la parcela del colegio de las Concepcionistas, garantizando la conservación del edificio histórico que dispone de protección estructural.

La aprobación se produce en vísperas del pleno del mes de julio, que tendrá un carácter marcadamente urbanístico. A esta sesión se llevará por ejemplo, el destino del terreno que no se utilizará en la finca donde se construirá el futuro instituto de San Lorenzo.

La parcela, conocida como Casa de Guardas, tiene una superficie de unos 22.000 metros cuadrados, de los que ya fueron expropiados unos 10.000 metros cuadrados para la construcción de este centro educativo. Tras un largo litigio con la propietaria de la parcela, hace apenas un mes el Tribunal Supremo ratificó que el Ayuntamiento de Segovia debía de pagar 5.641.828 euros más intereses de demora por esa expropiación, precio que estableció el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2011. La decisión no satisfizo ni a unos ni a otros, porque el Consistorio proponía pagar 1,7 millones de euros mientras que los propietarios reclamaban 21 millones de euros.

La controversia se plantea de nuevo con el resto del terreno de la parcela, 10.537 metros cuadrados, que ya no son necesarios para la construcción del instituto, según la Junta de Castilla y León. La propietaria del terreno, Navisa, exige al Ayuntamiento de Segovia que expropie el resto del terreno calificado como suelo dotacional público, mientras que la intención del Ayuntamiento es devolverlos a esta empresa, porque en su día «el Consistorio ya le compensó con derechos urbanísticos al otro lado de la carretera, en Vía Roma, y como están compensados entendemos que no es obligatoria la expropiación», explicó Alfonso Reguera.

Según dijo, la empresa compró hace años los terrenos a Caja Segovia «sabiendo que ya eran dotacionales y que no puede construir», por lo que «la intención ya sabemos cuál es». Para el portavoz socialista, la expropiación solo sería obligatoria a partir del momento de la ocupación del terreno pero no de la calificación, como lo que ocurre en la actualidad.

Modificación del PGOU

En el pleno se aprobará también, previsiblemente , la modificación del Plan General de OrdenaciónUrbana en varias cuestiones. Por un lado, el documento se pretende adaptar a las normas técnicas de las grandes superficies comerciales e incorporar la estrategia Segovia Ciudad Empresarial. De esta manera, todas las parcelas que dan a la AP-61, desde el Polígono de Hontoria hasta los árboles de Soto de Revenga, estarían destinadas a un gran centro comercial, y «esto era fundamental para el desarrollo de Prado del Hoyo», matizó ayer Reguera. El otro cambio en el PGOU es referente a la modificación de usos en polígonos industriales y la utilización de la multiindustria, que afectaría a todo el polígono industrial de Prado del Hoyo y la zona del Cerro Norte.

En lo que se refiere a la multiindustria, los cambios proporcionarán usos alternativos al suelo calificado como uso dotacional privado en «todas sus categorías», dando posibilidad a la instalación «de una clínica dentista o una pista de pádel». Además, esta modificación también abre la puerta al uso terciario comercial, para permitir la creación de edificios de oficinas, así como del uso terciario hostelero de restauración, para iniciativas que se desarrollen en una superficie máxima de 500 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Segovia considera que la superficie es «suficiente» para dar servicio a los usuarios del polígono, dejando fuera otro tipo de actividades como discotecas o salas de fiestas. La propuesta del PP de destinar espacio para usos residenciales «no la hemos compartido» porque «incumpliría casi con total seguridad la ley del ruido y la prioridad es la de la industria», ratificó Reguera.

Las modificaciones podrían estar aprobadas «hacia el mes de octubre» por lo que podría estar en vigor a principios del 2017. Para Reguera, estos cambios podrían influir a corto-medio plazo en el mercado del alquiler de la ciudad, por lo que «habrá comercios que tengan ubicación en los polígonos».