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César Blanco Elipe
Sábado, 18 de junio 2016, 11:29
La cárcel de Segovia es una olla a presión. Los representantes de los funcionarios no exageran cuando dan la voz de alarma, que ya han escuchado la dirección del centro y la Subdelegación del Gobierno. La prisión corre el serio y auténtico riesgo de que los conflictos que ya abundan pasen a mayores y las agresiones que hasta ahora solo se han producido entre internos se tornen en contra de los funcionarios. Ese es un temor creciente.
«La situación es mala». El responsable del sector de la Administración General de Estado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fermín Pinto, no puede ser más explícito. La seguridad está amenazada cada jornada. El portavoz del sindicato mayoritario en el complejo penitenciario teme que el repunte de la conflictividad registrado en los últimos meses se extienda y afecte al personal. Recuerda los problemas de convivencia que ya hubo en el periodo comprendido entre 2007 y 2010, cuando hubo ejercicios en los que llegaron a registrarse hasta once ataques en un año contra trabajadores.
El panorama actual es similar al de entonces, pero con matices. El representante de la central sindical concreta que el peligro que acecha viene motivado por un aumento de la población reclusa. A día de hoy hay 133 presos más que lo que marca la capacidad ideal de las instalaciones. Fermín Pinto recuerda que la cárcel se construyó para acoger a 344 internos, y en esta misma semana se han alcanzado los 477.
Primer grado «camuflado»
El diagnóstico que hace la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) coincide con el de la central independiente. «El principal problema es el elevado número de internos progresados a segundo grado que están viniendo a cumplir condena», indican fuentes del sindicato profesional. Sus portavoces explican que son presos que han estado clasificados de primer grado es decir, el de mayor dureza penitenciaria a causa de agresiones y altercados en los se emplean habitualmente con enorme violencia, así como consecuencia de intentos de fuga, y que han pasado a un segundo grado pero sin haber saldado la sanción o cancelado las faltas que arrastran en sus antecedentes.
«Es un primer grado camuflado», ilustra Pinto. El denominador común de estos reos es que poseen un «perfil muy peligroso». En una «incongruencia» que sean trasladados a la cárcel segoviana de Perogordo, ya que les correspondería cumplir condena en prisiones de alta seguridad. Provienen de cárceles de Madrid y del Puerto de Santa María, y también alguno ha sido trasladado de otras penitenciarías de Castilla y León que están en obras.
En dos módulos
Un informe elaborado por Acaip especifica que las dependencias de Segovia no están preparadas ni tipificadas para esta elevada afluencia de este tipo concreto de internos. Si bien los funcionarios son «conscientes de que la seguridad del centro no tiene nada que envidiar a la que poseen otros centros que nos rodean, como Aranjuez, Soto del Real o Extremera, sí que existe una diferencia en cuanto a la capacidad», subraya el estudio de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias.
Perogordo dispone de un total de seis módulos residenciales, frente a los catorce o dieciséis con los que cuentan las dependencias de las citadas prisiones madrileñas. Además, estas cárceles están catalogadas oficialmente con un mayor de seguridad, recuerdan los funcionarios segovianos. Asimismo, conviene recordar que solo dos de los seis módulos de la penitenciaría son regimentales, ya que los otros cuatro son de carácter terapéutico. Uno es ocupado por el proyecto Loyola; otro es para internos que padecen una deficiencia psíquica, y los toros dos son los denominados módulos de respeto.
La situación que dibujan los representantes del personal es una especie de bucle del que solo se saldría si la prisión cumpliera con su clasificación y capacidad. Por una parte, la entrada de presos peligrosos pasan a convivir en esos dos módulos regimentales. CSIF calcula que unos sesenta han llegado en los últimos meses. Esta afluencia genera sobrepoblación y los roces y altercados se reproducen. Alguno de esos reos incluso vuelve de nuevo al primer grado de condena. Ese bucle acaba en una infrautilización del Centro de Inserción Social anejo a la cárcel y pensado para los presos en régimen de tercer grado, ya que la ocupación media es de unos diez internos cuando está construido para medio centenar aproximadamente, subraya el responsable de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
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