César Blanco Elipe
Jueves, 21 de abril 2016, 06:30
«Que les pillen, que les hagan pagar por lo hecho y que ceses ya de una vez estos actos». El delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, mostraba con estas palabras su repulsa a un nuevo acto vandálico en Fuentepelayo. Esta vez ha sido la furgoneta de uno de los integrantes de la plataforma 'No Más Mierda' creada finales del año pasado en contra de los vertidos incontrolados la que ha sufrido un nuevo ataque con pintadas.
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El representante del Ejecutivo regional en la provincia ha hecho un nuevo llamamiento a la calma y serenidad. En los mismos términos se ha expresado la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, quien ha dejado claro que «la Guardia Civil está haciendo todo lo posible para evitar este tipo de actos», tanto en Fuentepelayo como en cualquier otro punto de la provincia; aunque también reconoce las dificultades con las que se topan la investigación y el control cuando «se actúa con alevosía y nocturnidad».
«No se puede culpabilizar sin pruebas»
El Norte de Castilla se ha puesto en contacto con el dueño de la planta que está en el centro de la diana contra la que la plataforma cívica lanza sus dardos acusatorios. Juan Francisco Cárdaba precisa que él no tiene nada que ver con los incidentes que han alterado la vida del municipio desde hace unos meses. «No se puede culpabilizar a nadie sin pruebas», esgrime el empresario.
El colectivo en contra de los vertidos lamenta que los buenos deseos de pacificación de la convivencia, esgrimidos en la marcha celebrada hace once días, no se han cumplido. El conflicto persiste. Tras las pintadas en la furgoneta de uno de sus activistas, los portavoces de la agrupación vecinal afirmaban que «no nos quedan calificativos con los que podamos describir estos cobardes y absurdos ataques».
Asimismo, la plataforma 'No Más Mierda' compartía que estos actos de vandalismo no forman parte de un enfrentamiento entre dos partes, sino que «se trata de ataques cometidos por un grupo de unas cinco o seis personas que actúan como un comando militar al servicio de la mal llamada planta de compostaje». Por su parte, el titular de la fábrica insiste en su inocencia y en rechazar de plano las declaraciones de la plataforma, que le colocan detrás de los episodios de intimidación e incluso de las agresiones y ataques vandálicos, como las pintadas últimas realizadas en la madrugada del martes al miércoles.
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Cárdaba niega tales extremos por activa, pasiva e incluso con ciera ironía cuando replica en su propio nombre que «a mí no me consta que en Fuentepelayo haya comandos militares ni terrorismo».
«Contamos con todas las autorizaciones»
Por último, Cárdaba asegura que la planta que dirige, dedicada a la fabricación de fertilizantes orgánicos, sigue en funcionamiento con normalidad, salvo por las restricciones de entradas que ordenó la Junta de Castilla y León. El titular asegura que «en todo momento hemos actuado dentro de la legalidad y contamos con todas las autorizaciones».
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La plataforma que preside José Luis Ordóñez, en cuya vivienda también se hallaron el mes pasado pintadas que le vinculaban con el Grapo, sostiene que la escalada de tensión en Fuentepelayo está provocada por «las agresiones e intimidaciones» dirigidas desde la factoría.
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