La escalada de violencia en Fuentepelayo ya tiene respuesta

«En ningún momento la Guardia Civil ha dejado de hacer sus funciones». La subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, replica con contundencia a cuantos han puesto en solfa en los últimos días la actuación de las autoridades para intentar poner coto a la escalada de violencia en que se ha visto inmersa la localidad de Fuentepelayo desde finales del año pasado.

La máxima representante de la Administración central en la provincia asegura que el alcalde del municipio, el socialista Daniel López Torrego, está en permanente contacto con responsables de la Guardia Civil y con el teniente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). La subdelegada añade que el regidor «tiene mi número», por lo que ambos se mantienen informados periódicamente vía telefónica sobre los acontecimientos.

De las pintadas a las llamas

El desgraciado salto cualitativo que se ha producido en la espiral de vandalismo que padece el municipio a raíz del conflicto entre partidarios y detractores de la planta de compostaje también preocupa a Pilar Sanz, quien asevera que en los últimos meses «ya se ha venido reforzando la vigilancia» en Fuentepelayo. La mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil según insiste en subrayar la responsable de la Subdelegación ante las críticas recibidas no ha impedido que en la madrugada del viernes al sábado pasado un incendio destruyera el pajar, aperos de labranza y dos remolques propiedad de uno de los miembros de la plataforma No Más Mierda, creada en diciembre contra de los vertidos supuestamente incontrolados cometidos por la planta de compost, situada a unos dos kilómetros del núcleo urbano.

Pilar Sanz precisa que la intensificación de la vigilancia, en este caso en Fuentepelayo, es algo habitual cada vez que surge un conflicto en cualquier sitio. Pero lo cierto es que, en apenas dos meses, la retirada disimulada de pancartas en contra de la fábrica, las ruedas rajadas, la verbabilización de la intimidación o las persecuciones amenazantes han pasado a actos más graves y violentos, que han sido denunciados por las víctimas.

Por ejemplo, las pintadas ofensivas que han sufrido el alcalde en el capó de su coche (en el que se leía pele, posiblemente porque al autor no le dio tiempo a poner pelele) y el portavoz de la plataforma, José Luis Ordóñez, en la fachada de su vivienda. En ella se le identificaba como terrorista del Grapo, un ataque que el representante del colectivo calificó de «calumnioso».

Zona precintada

El nuevo escalón subido por la crispación ha sido el citado incendio de varias propiedades de uno de los integrantes de la plataforma, cuyos portavoces se muestran convencidos de que ha sido «intencionado». Una versión que también han recogido algunas fuerzas políticas, como Podemos, Izquierda Unida o el Partido Socialista, que han pedido más contundencia y medidas urgentes.

La subdelegada anuncia que está prevista la participación inminente de un equipo especializado procedente de León para investigar el origen del fuego declarado hace cuatro días. De momento, «la zona afectada está precintada», revela Pilar Sanz. Con respecto a este suceso, «todas las hipótesis están abiertas», añade, al mismo tiempo que incide en defender la actuación de la Guardia Civil, que «trabaja con toda la diligencia en la persecución constante de estos hechos».

Sin embargo, también admite que no es fácil ni rápido esclarecer las circunstancias y las autorías. Ante las quejas del secretario general del PSOE en la provincia y diputado nacional sobre la «dejadez de funciones» de la Subdelegación para poner coto a la conflictividad y que varios después de la pintada en el coche del alcalde no se hayan recogido ni huellas, la responsable de la Administración del Estado replica a Juan Luis Gordo que el caso está en manos del juzgado.

Asimismo, llama la atención al que también fuera subdelegado del Gobierno en la provincia acerca de la complejidad de tomar huellas «en un espacio exterior por la degradación a la que están expuestos» estos rastros, y más con las condiciones meteorológicas de lluvia que se han vivido. «Lo debería de saber», le ha recriminado al dirigente socialista.

El dueño se niega a declarar

Dentro de ese amplio abanico de supuestos que manejan las autoridades y en el que no descartan ninguna posibilidad, Pilar Sanz desvela que a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas de los últimos ataques vandálicos se ha llamado al dueño de la planta de compostaje para tomarle testimonio. Los firmantes de dichas denuncias le señalan como «sospechoso», apunta la subdelegada del Gobierno, de ahí que la Guardia Civil se haya puesto en contacto con él, aunque el empresario «se ha acogido a su derecho de no declarar».

Desde verano, hay registradas quince denuncias «recíprocas», es decir, tanto de particulares como del propietario de la planta, lo que demuestra lo enquistado del problema. Diez están «judicializadas».