Ciudadanos y UPyD piden ampliar el capital de Segovia 21 con la partida de asesores de la Diputación

Todos juntos, los representantes de los dos partidos en la Diputación y en el Ayuntamiento de Segovia coinciden en el diagnóstico y en la posible solución. UPyD y Ciudadanos (Cs) plantearán en el próximo pleno de la corporación provincial una moción conjunta para intentar salvar la sociedad Segovia 21 y la finca de Quitapesares, ambas en riesgo en opinión de las dos formaciones, tras el fiasco del préstamo que intentó negociar el equipo de gobierno del PP con Bankia y la subsiguiente petición de concurso de acreedores voluntario, según han explicado este martes en rueda de prensa.

Cs y UPyD han decidido «ir de la mano». El coordinador provincial de Ciudadanos, Alfonso Martín, lanzó ayer en rueda de prensa una batería de preguntas en torno a la gestión de la sociedad participada, tras valorar primero que en los últimos años, «el PP con la aquiescencia del PSOE han hecho desaparecer Caja Segovia y con su nefasta gestión van a hacer que desaparezca Quitapesares». Y eso, añadió, en lugar de buscar «soluciones imaginativas» como hablar con otros bancos o «discutir si está bien o mal denegado el préstamo de Bankia».

Lo que cuestionan los dos partidos son las negociaciones («les han tomado el pelo o han sido ineptos»), las razones para que Bankia cambie su decisión en 24 horas, si el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, «ha dicho o no toda la verdad», y, por otro lado, la decisión de nombrar a Verae como administrador único y las retribuciones de esta empresa, que, recalcan, su «cabeza visible es un letrado que pertenece al comité provincial del PP» y cuya gestión «acompañada de importantes honorarios; cobran más que Atilano Soto» ha llevado al concurso de acreedores de Segovia 21.

Martín y el portavoz de UPyD en la Diputación, Juan Ángel Ruiz, piden los detalles de las cantidades percibidas por Verae, aparte de que soliciten su dimisión como administrador único «por su estrepitoso fracaso», pues «sobra después del concurso» y «no han vendido ni un piso». Esta es una de las condiciones que plantean en la moción que presentarán al pleno, en la que dicen que apoyarían una ampliación de capital de 1,8 millones de euros en Segovia 21 (o la compra de autocartera por ese importe) para salvar la sociedad «y la finca de Quitapesares».

Personal y La Floresta

Otros requisitos que incluyen son los de exigir «ante todas las instancias posibles», y antes de que prescriba (para lo que el plazo concluye el 18 de septiembre), la posible responsabilidad penal (y civil) de los antiguos administradores y miembros del consejo de administración, y citaron en concreto a Atilano Soto y el exsenador y expresidente de la Diputación Javier Santamaría.

Estos 1,8 millones saldrían de un recorte de gastos corrientes que incluye la reducción del número de asesores y personal eventual en la Diputación, pues según Ruiz ahora hay nueve personas de confianza y el coste de los diputados liberados ha aumentado del 50% al 70%. «Creemos que hay puestos duplicados», señaló, a la vez que confía en que «el juez se lo haga ver» en el contencioso planteado por UPyD.

Una condición más es la renuncia definitiva a la compra del Palacio de La Floresta, tras la declaración de Vázquez de que la operación puede retomarse y con la sospecha de UPyD y Cs de que el presidente de la Diputación «cerrará» el acuerdo con Juan Luis Gordo. Además, exigen la «dimisión inmediata» de Verae y el nombramiento de un nuevo consejo de administración proporcional a la representación de los grupos de la corporación (4 PP, 2 PSOE y uno cada uno Cs y UPyD) que designe un consejero delegado, «a ser posible un funcionario».

De otros interrogantes planteados por ambas formaciones salen otras exigencias. Una es la derivada de las responsabilidades políticas que achacan a Vázquez, a quien piden que dimita como presidente de la Diputación y también como concejal del Ayuntamiento tras reprocharle que se ausentara del pleno de presupuestos; otra que los gestores expliquen la dación en pago a Segobrida del Eresma que perjudicó a la Diputación y por qué dejó de ser accionista Bankia, «que se va con todos los derechos y deja todas las obligaciones».

La ampliación de capital tiene un fin adicional más, «quitar a la Cámara de Comercio» de modo que venda todas sus acciones por un precio simbólico porque «no asume ningún coste». Y según Alfonso Martín pueden dedicarse partidas «innecesarias, que se pueden tocar sin que los ciudadanos lo vean dañino». Como la del Palacio de Congresos («el CAT del PP») o las del teatro Juan Bravo, cuyas obras creen UPyD y C's que pueden retrasarse.