«El trato que estamos recibiendo de una justicia a la carta es humillante»

Javier García Municio y su mujer, Cristina, no dudaron en coger el coche y trasladarse a Santiago de Compostela. Querían que su indignación también se oyera a la puerta de los juzgados gallegos después de que, este miércoles, el juez del caso del accidente del tren Alvia, Andrés Lago, pusiera el punto y final a la instrucción con la imputación del maquinista, sin que declarasen los principales responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ni de Renfe, y ni siquiera de los técnicos encargados de la seguridad.

En apenas unas horas, la asociación de las víctimas de la mayor tragedia ferroviaria de las últimas décadas en España convocó una concentración. Y allí acudió el viernes el matrimonio segoviano, con la documentación en la que siempre llevan la foto de su hijo Curro, uno de las 81 pasajeros que perdieron la vida en la fatídica curva de Angrois.

Acaban de volver de Santiago. Una paliza en coche que no dan por desaprovechada a pesar del auto judicial. Javier está indignado y otra ve el dolor se refleja en su rostro. Pero no se rinde. «Vamos a seguir hasta el final a pesar de todo», sentencia. «Lo único que podemos hacer por Curro es reivindicarle». Sujetó emocionado la foto de su hijo durante la protesta del viernes. Y junto a él, otros familiares, sobre todo gallegos, que perdieron a un ser querido ese 24 de julio de 2013.

Su opinión coincide con la de la plataforma de víctimas. «El juez ha cerrado en falso la instrucción». Javier lamenta que «hemos estado más un año perdiendo el tiempo, lo único que se ha hecho han sido los interrogatorios a los peritos; pero han hecho caso omiso a las peticiones de los abogados de la asociación y del propio maquinista de solicitar pruebas periciales».

¿La consecuencia de este cierre de la instrucción judicial? No habrá causa oral y lo que más reprueba y condena el padre de Curro: que «no se depuran todas las responsabilidades».

José Blanco y Rafael Catalá

«Se ha dictado una resolución de justicia a la carta. Nos sentimos humillados y ninguneados», critica el segoviano. Javier enumera más de una razón para que exigir al juez que rectifique y que reabra la instrucción, aunque es consciente que desde el principio «han primado los intereses políticos». Recuerda, como botón de muestra, que fue el entonces ministro socialista José Blanco (PSOE) quien agilizó la inauguración «de forma precipitada». También se queja del actual ministro de Justicia y quien fuera secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá.

«Miente [en referencia al ministro] cuando dice que hay una persona de Renfe que todos los días llama a las víctimas, porque a mí me han llamado tres veces y la última, hace un año y medio». Javier arremete contra el juez por no considerar lo que él opina que son «tres negligencias profesionales». La primera, la modificación del proyecto original, que supuso que la seguridad se cortara en el kilómetro 80 de los 87 que tiene le trazado. La segunda, «hasta siete veces vieron que el tren daba problemas de software y se ponía automáticamente a 80 kilómetros al activarse la seguridad automática, entonces Renfe pide que se desconecte el sistema».

El tren «estuvo un año, un mes y un día con la seguridad automática desconectada, con la connivencia de los jefes de Renfe y de Adif», que, a su juicio sabían el riesgo que entrañaba por la advertencia del jefe de maquinistas. Éste emitió un informe con las deficiencias en la curva del accidente y fue ignorado. «Todo esto se ha tapado en el proceso».