Hacienda investiga los contratos de Segovia 21 con Fomento Territorial

La inspección de la Agencia Tributaria ha colocado la lupa sobre las cuentas de Segovia 21 y tiene visos de que dentro de poco enfocará el microscopio para analizar más a fondo y desentrañar hasta el más mínimo detalle del entramado societario gestionado por Fomento Territorial entre los años 2002 y 2012, por cuyo trabajo percibió más de 12 millones de euros. La Oficina de Inspección Tributaria ha manejado abundante información que escarba en las raíces de Segovia 21 y en el retorcido tronco financiero que sustentó el proyecto.

Primero fueron los tribunales los que examinaron los casi diez años de gestión desarrollada por la compañía de la familia Benatar, y ahora es el fisco el que somete ese trabajo a su particular escáner. Y la primera conclusión es que el dictamen judicial no coincide con el que hace Hacienda. Ambas partes discrepan en el criterio de los honorarios fijados para pagar los servicios prestados por Fomento Territorial.

A grandes rasgos, la investigación tributaria no acepta el cálculo inicial de las remuneraciones que debía cobrar Fomento Territorial y que fue pactado con el consejo de administración que puso en marcha el proyecto. Cabe recordar que el germen de Segovia 21, allá por estas mismas fechas de hace trece años, está en el acuerdo que rubricaron la Diputación, entonces presidida por Atilano Soto, y por la Cámara de Comercio que dirigía Jesús Postigo.

La creación de esta sociedad pública pretendía generar y explotar un parque empresarial y de ocio a levantar en la finca de Quitapesares, sita en la carretera de La Granja. Dicho terreno, con una superficie de más de un millón de metros cuadrados iba a acoger cuatro destinos y usos diferentes: uno dedicado a un vivero empresarial y tecnológico; otro reservado para la construcción de un hotel; la mayor superficie (unos 600.000 metros cuadrados) serían para un campo de golf, y también se haría sitio para una zona residencial de baja densidad, según explicaron los promotores.

Hasta el año 2012

La gestión del proyecto recayó en Fomento Territorial, que se hizo cargo de la gestión integral hasta 2012. En septiembre de ese mismo año, los accionistas de Segovia 21 acordaron la destitución de todo el consejo de administración de la sociedad, incluyendo a Atilano Soto. Asimismo, se acordó la entrada de un administrador único. Verae Abogados y Economistas tomó las riendas. Desde ese primer minuto, la nueva administración dijo imponerse la ley de la transparencia. Apenas tres meses después de asumir la gestión, detectó un posible exceso en los pagos realizados a Fomento Territorial con respecto a los inicialmente previstos en el contrato. La suma de esas retribuciones se situaría en parámetros que podrían estar fuera de mercado, señalaron por aquel entonces los representantes de Verae.

Según ha podido verificar El Norte de Castilla, la Agencia Tributaria tiene ya preparado el informe en el que pone en negro sobre blanco las relaciones contractuales que se firmaron durante el periodo que se alargó y prorrogó la gestión de Fomento Territorial. La investigación centra el foco de atención en el ejercicio 2009. Más concretamente, acerca esa lupa a la rendición del impuesto de sociedades para analizar sus gastos deducibles.

A raíz de estudiar la contabilidad presentada por Segovia 21, incluyendo la última sentencia de la Audiencia Provincial en la que falla a favor de la compañía de Elías Benatar, la inspección resuelve que el contrato con Fomento Territorial tiene incoherencias, y sostiene que Segovia 21 no podrá deducir como gasto de dicho ejercicio ciertas facturas emitidas por la empresa.

Esta nueva vuelta de tuerca inaugura otro capítulo de luces y sombras en las que se mueve la sociedad. Aunque el trasfondo no es del todo nuevo y recupera aquellas sospechas y reclamaciones vertidas y esgrimidas por la actual administración única durante el litigio mantenido con la compañía. El citado fallo de la Audiencia Provincial, que contempla también el fisco, daba la razón a Fomento Territorial en su recurso de apelación contra la resolución que le condenaba a devolver 4,1 millones de euros por supuestos pagos indebidos e indemnizaciones.

Ahora es la Agencia Tributaria la que coge las riendas para desentrañar la gestión de Fomento Territorial sobre Segovia 21. La investigación de Hacienda da un paso más allá sobre los argumentos que defendió Verae en ese contencioso cuando denunció unos abonos excesivos hechos a la compañía de la familia Benatar, fruto de las dos prórrogas de los contratos suscritos con el consejo de administración, una en 2005 y otra en 2009.

Sobre esas prórrogas, la Audiencia falló a favor del recurso de apelación presentado por Fomento Territorial en cuanto a la posibilidad de incrementar o no los pagos que yta estaban realizados con anterioridad. La representación de Segovia 21 no recurrió al Tribunal Supremo dada la situación de insolvencia revelada por la compañía cuando se solicitó la ejecución provisional de ese pago de 4,1 millones, ya que como apuntó el administrador único al conocer el fallo mercantil, la empresa «estaba despatrimonializada», extremo que negaron los responsables de Fomento Territorial.

Por lo tanto, el conocimiento del informe de la Agencia Tributaria se hace imprescindible para esclarecer la gestión llevada a cabo en Segovia 21.