Justicia descarta agrupar todos los juzgados de Segovia en una sede provisional

El Ministerio de Justicia descarta agrupar los juzgados de Segovia en una sede provisional y se centrará en los trámites previos a la licitación del proyecto del nuevo edificio que, en principio, no estará listo al menos hasta 2018. La idea de obtener la cesión o el alquiler de un inmueble público o privado en desuso partió del presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, y después de varios meses en estudio ha quedado descartada por los costes de adaptación que requeriría cualquiera de las alternativas barajadas.

Los técnicos llegaron a visitar edificios como el palacio Mansilla, propiedad de la Fundación Caja Segovia, o el del antiguo Hospital Policlínico, e incluso se llegó a hablar de la sede actual del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ya que se espera trasladar en el último trimestre de este año a sus nuevas dependencias junto a la plaza de toros. Sin embargo, la Subdirección General de Obras y Patrimonio de Justicia concluye que «la propuesta no se considera viable, dado que está previsto licitar la obra del nuevo edificio en este ejercicio», tal y como confirmaron fuentes oficiales del Ministerio.

El presidente de la Audiencia segoviana apunta , en declaraciones a Ical, que no ha recibido todavía ninguna comunicación al respecto, pero reconoce que no le «extraña» la decisión adoptada. «Era cuestión de valorar si compensaba lo que se habría ahorrado en alquileres», ya que Segovia cuenta con seis juzgados (dos de instrucción, Penal, Menores, Social y Contencioso) dispersos por cuatro sedes, aparte de los cinco (cuatro de instrucción y la propia Audiencia) que se concentran en el Palacio de Justicia.

«Si han hecho las cuentas y no salen, ahí no podemos entrar», admite Pando, quien valora al menos la receptividad que se encontró desde que puso la alternativa sobre la mesa a finales del verano pasado, pese a la falta de resultados. «Desde la Gerencia Territorial de Justicia estaban interesados en la idea», e incluso «se estuvo visitando el palacio de Mansilla y también el Policlínico», recuerda.

Todavía en enero el magistrado recibió en su despacho a los senadores del PP por Segovia, Javier Santamaría, Paloma Sanz y Juan Ramón Represa, quienes coincidieron en apoyar la búsqueda de «alguna solución para paliar en parte el problema» que desde hace décadas conlleva tal dispersión judicial. Meses antes, en julio de 2014, los tres parlamentarios populares se habían reunido con el entonces secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, para interesarse por la nueva sede, dado el «deterioro y poca funcionalidad» de la situación actual, tal y como reconocieron.

El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia considera el caso de Segovia como una situación excepcional: «En Valladolid también tienen bastantes sedes, por ejemplo, pero son muchos más juzgados que aquí, donde no es normal». «Todo el mundo conoce que esto no es práctico tal y como está, a efectos del funcionamiento diario da problemas en cuanto a la falta de coordinación o por la incomodidad para los profesionales y ciudadanos, que muchas veces no saben dónde dirigirse», añadía pocas semanas después de trasladar la propuesta a la Gerencia Territorial de Justicia.

Pero la buena predisposición técnica, institucional y política no ha sido suficiente para encontrar un inmueble con capacidad para concentrar todos los juzgados sin tener que acometer un coste de adaptación demasiado alto como para amortizarlo en los tres o cuatro años que, en principio, habría estado operativo. «Se calcula que el nuevo edificio podría estar listo para 2018 o 2019 y habrá que confiar en ello, aunque a ver qué sucede después de las elecciones generales», subraya ahora Pando.

Plazos

No obstante, para entonces el proyecto debe estar ya licitado o a punto en el peor de los casos. De hecho, el Gobierno aceptó una enmienda del PP en diciembre, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2015 en el Senado, para habilitar una partida con la que acometer este año el proceso de contratación.

En cuanto al calendario de financiación, el proyecto inicial de los PGE incluía en torno a 900.000 euros en 2016, dos millones en 2017 y tres en 2018 para «completar la obra, que supondría 6.820.000 euros», según precisaron los diputados del PP Beatriz Escudero y Pedro Gómez de la Serna el pasado 1 de octubre. Aunque son consignaciones de referencia que suelen variar de acuerdo con los grados de ejecución de cada ejercicio, precios finales de adjudicación e hipotéticas modificaciones presupuestarias durante los trabajos.

Entretanto, el nuevo edificio judicial de la capital segoviana tiene reservada desde hace casi siete años una parcela en el barrio de Nueva Segovia, junto al parque de bomberos, que al menos ahora ya vislumbra movimiento administrativo en el horizonte.