El juez que instruye la causa de las retribuciones millonarias de Caja Segovia se va a la Audiencia

El enrevesado proceso judicial que trata de desenmarañar la gestión de los últimos años de la difunta Caja Segovia toma un nuevo camino que, de momento, no otea el final del oscuro y largo túnel en el que lleva inmersa la instrucción. Este nuevo giro viene provocado por la decisión meditada y tomada por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia de pedir el traslado. Jesús Marina Reig dejará la sala de vistas y asumirá el puesto que dejó vacante el actual presidente de la judicatura segoviana, Ignacio Pando, como magistrado de la Audiencia Provincial.

Este cambio ya está aprobado y confirmado, han aseverado a El Norte de Castilla fuentes judiciales. Hace una semana, la solicitud del magistrado recibió el visto bueno. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial ha de nombrar un sustituto, una designación que no es inmediata y que conlleva un proceso y unos tiempos que hay que respetar. El concurso ordinario para presentar las candidaturas y hacerse con la titularidad de la plaza ya se ha abierto.

El periodo de formalizar las peticiones acaba el lunes que viene, pero la experiencia en este tipo de procedimientos indica que el nombramiento puede prolongarse y sellarse en unos dos meses hasta que se haga oficial. Con independencia de lo que se dilate, todo apunta a que el sustituto del juez Marina al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital heredará la investigación de las retribuciones millonarios que presuntamente cobraron altos cargos de la extinta Caja Segovia.

Casi cuatro años después de la denuncia que interpuso, en otoño de 2011, la representación jurídica Unión Progreso y Democracia (UPyD), la instrucción prosigue; aunque fuentes cercanas al caso de las prejubilaciones e indemnizaciones precisan que las diligencias se hallan muy avanzadas. Sin embargo, esas mismas fuentes creen improbable que Marina pueda dictaminar una resolución antes de que se materialice su traslado como magistrado de la Audiencia Provincial. Por lo tanto, todo indica a que será su sucesor el que tome el testigo de los trastos y continúe con un expediente harto complicado y extenso.

Ponerse al día

Ese trasvase supondrá que el todavía titular del Juzgado número 2 tenga que poner al día a la persona seleccionada para ocupar su lugar, y que éste vuelva a estudiar las diligencias, pruebas, investigaciones y conclusiones realizadas y extraídas hasta la fecha en que Marina oficialice el traslado. Entre toda esa ingente documentación están incluidos los testimonios de los imputados que han pasado por la sala de vistas para prestar declaración a lo largo de estos cuatro años.

Las partes implicadas en el proceso judicial reconocen que es una tramitación ardua, farragosa y sobre todo muy polémica debido a la formidable sensibilidad popular generada en una ciudad pequeña como Segovia en torno al escándalo de las supuestas prejubilaciones millonarias que se repartieron altos cargos de la entidad de ahorro de toda la vida, entonces presidida por Atilano Soto, justo antes de hacer efectiva la integración en Bankia.

Desde el primer segundo del proceso, la presión social y mediática han sido enormes; y ese foco de atención apenas se ha desviado por momentos para apuntar al otro proceso que dirimen los tribunales segovianos relacionado con un presunto delito de administración desleal por la asunción por parte de Caja Segovia de una deuda de casi 7 millones de euros y que representó otro seísmo social del que aún se notan las réplicas: la hipoteca del Torreón de Lozoya. Este caso lo instruye el Juzgado número 5 y viaja en paralelo, sin llegar a cruzarse, con la instrucción que dirige Marina. Muchos nombres de exdirectivos de la entidad han tenido que pisar los dos juzgados para dar sus explicaciones.

Además del lógico parón que fuentes judiciales intuyen que va a sufrir la causa de las prejubilaciones ante el hecho más que probable de tener que volver a andar el camino en manos de otro juez, Jesús Marina ya como magistrado de la Audiencia tendrá la obligación de inhibirse de cualquier decisión relacionada con la causa de Caja Segovia o con cualquier diligencia que deje pendiente en el Juzgado número 2 y sobre la que tenga que resolver el órgano que preside Ignacio Pando.

Imputaciones

Ese camino tuvo su punto de partida en la denuncia de UPyD en otoño de 2011, pero fue a mediados del mes de noviembre de 2013 cuando el juez al que ahora le ha sido concedido el traslado admitió la petición de la Fiscalía Provincial para que declarasen como imputados los miembros del consejo de administración y del comité de retribuciones de la extinta Caja Segovia entre los años 2008 y 2010. Este paso dado por el juez Marina abrió una nueva etapa en la investigación, la de los testimonios.

El desfile por el vetusto palacio de justicia de nombres propios de la extinta entidad estaba servido. El expresidente de la entidad, Atilano Soto; el que fuera director general, Manuel Escribano, o el del exsecretario general, Antonio Tapias, entre otros, han pasado por el trance de la declaración, aunque casi siempre se han acogido a no responder al cuestionario de las acusaciones. El paseíllo de antiguos responsables de la Caja empezó el 13 de enero de 2014. Según la denuncia de UPyD, el consejo de administración autorizó el reparto de algo más de 34 millones de euros para ocho altos cargos, 17 de ellos en prejubilaciones y el resto, en planes de pensiones.