Segovia es la provincia de la región que arrastra más asuntos penales pendientes

El Consejo General del Poder Judicial ha accedido a poner coto provisional a un mal que estaba empezando a ser endémico en el sistema judicial de Segovia. De momento, la creación de un segundo Juzgado de lo Penal no va a ser una realidad posible ni inmediata, aunque sería lo idóneo; sin embargo, desde el comienzo del año se ha reforzado el único órgano de esta clase que está operativo en la actualidad con la incorporación de una magistrada para lograr desatascar y agilizar su funcionamiento.

Con anterioridad, Andrés Palomo había llamado la atención sobre este problema en la redacción de las últimas memorias anuales de actividad de la Audiencia. A la hora de detallar el informe de necesidades más relevantes del territorio, en lo que a la planta judicial se refiere, siempre figuraba entre las reivindicaciones más recurrentes la provisión de recursos y medios, toda vez que veía que los cursos acababan sin la creación de nuevos órganos judiciales.

Su sucesor al frente de la judicatura segoviana, Ignacio Pando, también alertó de esa carencia nada más tomar posesión de su responsabilidad. Aunque el magistrado apuntaba el pasado mes de octubre que la situación era «óptima en cuanto a la carga de trabajo», también matizaba que estaban en vía de resolución varios asuntos que no admitían mucha más dilación. «En materia de magistrados, sí que estamos a un nivel justo y eso exige un esfuerzo complementario por parte de los magistrados que componen la Sala, pero estamos consiguiendo mantener el nivel de resolución que existía anteriormente», añadía el presidente de la Audiencia Provincial en el acto de su nombramiento, hace cuatro meses.

Entra más de lo que sale

El más afectado por esas estrecheces es el Juzgado de lo Penal. El único en servicio en la provincia. El índice de pendencia que mide su operatividad revela que cada año entran más asuntos de los que salen. Ante esta situación asomada al precipicio del colapso, se ha abogado por equilibrar las acumulaciones de trabajo entre algunos órganos.

¿Cómo? Pues confiriendo en comisión de servicio y sin relevo de funciones a la magistrada titular del Juzgado de Menores de Segovia, Laura Tamames, quien según lo acordado ha pasado a reforzar el Juzgado de lo Penal mediante la asunción de las ejecutorias ingresadas durante el año 2014 y de las que han entrado a partir del 1 de enero.

La medida tiene una duración de seis meses. La jueza comisionada percibirá la remuneración correspondiente al 50% del complemento de destino, tal y como está previsto en el Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones contempladas en la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, recoge el dictamen del Poder Judicial.

Le va a venir muy bien esta mano extra al Juzgado de lo Penal. Detrás del fundamento de la decisión están los números que retratan y cuantifican el nivel de atasco. También la última memoria anual conocida y publicada por la Audiencia Provincial, correspondiente al año 2013, se hacía eco de la necesidad de instaurar un segundo órgano. «El registro que padece el Juzgado de lo Penal de la ciudad es superior a los 500 asuntos al año», rezaba la justificación de la petición trasladada por el entonces presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Palomo.

Lo cierto es que los niveles están muy por encima de la media regional para un órgano de iguales características. En los tres primeros trimestres del año pasado, la tasa de pendencia era de 792 procedimientos abreviados y 1.617 ejecutorias. Este baremo refleja la proporción entre el número de asuntos por resolver y el volumen de casos ya gestionados. En Castilla y León, el promedio de los primeros era de 326 asuntos o lo que es lo mismo, menos de la mitad que en Segovia . En cuanto a las ejecutorias, la media autonómica se situó en 685, por lo que el órgano segoviano casi triplicaba esa pendencia.

Esa memoria de 2013 situaba al Juzgado de lo Penal como la segunda más congestionada de la región, con una tasa de 2,25. Solo superada por Soria.