Los profesionales recrudecen su ofensiva contra la privatización de la sanidad

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León pinta un panorama muy negro contra el que quiere rebelarse y hacer partícipe a la ciudadanía. Son profesionales que a diario lidian con las trabas y recortes que trajo consigo -en su opinión- el Real Decreto de abril de 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Las mareas blancas de la región se revuelven contra esta regulación y recrudecen su ofensiva contra lo que consideran un intento de privatización. No es algo que se produzca de la noche a la mañana, matiza Luis Ocampo, representante vallisoletano de esta plataforma, quien este martes por la tarde ha compartido reflexiones con otros compañeros de Segovia en una mesa redonda sobre la amenaza de la mercantilización de la sanidad pública.

¿Hay un deterioro de la asistencia? Para esta plataforma que se creó a finales del año pasado y en la que están integrados movimientos de Salamanca, León, Palencia, Valladolid, Burgos y Segovia, rotundamente sí. «Lo van destruyendo progresivamente desde dentro, el sistema público es una carcoma», lamenta Ocampo.

El encuentro también ha sido un alegato en defensa de la universalidad de la sanidad pública. Para Marta Ferrero, neuróloga del Hospital General de Segovia y portavoz de la marea blanca en la provincia, «el decreto abrió la puerta a los recortes». Es un efecto dominó que termina en un «deterioro de la calidad que se presta». Hay más dificultades de acceso a los servicios, hay menos personal, no se cubren bajas y la formación de residentes también se ha visto mermada.

La conclusión de esta serie de circunstancias son, por ejemplo, los colapsos en urgencias que está habiendo con el repunte de la gripe, expone Ferrero, quien no se olvida de algo inaudito, y que son las listas de espera en la Atención Primaria de hasta cinco días.

¿Un ahorro?

«Se trabaja en precario y con sobrecargas», censura la especialista segoviana. Ferrero insiste en recuperar el principio de universalidad porque, aunque en la provincia no es relevante el número de personas que han perdido el derecho a la asistencia y que se encuentran fuera del sistema público, el riesgo existe, y es la pérdida de control y de prevención por parte de los profesionales. Una muestra más del empeoramiento de la calidad de la atención sanitaria provocada por el real decreto de hace casi tres años, insiste la portavoz de la marea blanca.

Ocampo, por su parte, ha arremetido contra los intentos de «privatización». El representante vallisoletano ha recurrido a los números para aseverar que «la sanidad privada no es mejor ni más barata que la pública». Así, la plataforma regional maneja que el gasto público per cápita en sanidad en España en 2009, en plena crisis, era de 1.552 euros. Una cantidad muy por debajo que la destinada por otros países del entorno europeo. En el Reino Unido, esa asignación era de 2.153 hace un lustro, mientras que en Francia se elevaba por encima de los 2.400 euros.

Asimismo, Luis Ocampo detalló las diferencias contantes y sonantes en lo que respecta al gasto por cama y día. En lo público, ese coste oscila de media entre los 600 y los 800 euros. En lo privado, asciende a más de 1.000 en casi todos los centros gestionados así. «La sanidad privada no mejora la calidad y además pierde el carácter universal», concluye el portavoz vallisoletano.

La referencia navarra

La plataforma quiere que la Junta reaccione y legisle en contra del citado decreto de abril de 2012. La referencia simbólica en la que se fijan es Navarra. Este gobierno defendió legislativamente la universalidad y ha ganado la batalla al Ejecutivo central en el Tribunal Constitucional, que resolvió a favor de la ley navarra para recuperar los derechos anteriores al real decreto.

Los profesionales continúan con la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública y universal y a finales de marzo tienen previsto reunirse con los grupos políticos con representación en las Cortes regionales para plantearles sus reivindicaciones. El objetivo es convencer a los partidos y al consejero de Sanidad de sus propuestas y que la Administración autonómica legisle como lo hizo Navarra. A ser posible, antes de que termine la legislatura.

La plataforma alerta de la irrupción de «nuevas formas de gestión que se anuncian sin llegar a implantarse, y que con la excusa de la racionalización y de una mayor participación de los profesionales parece que solo buscan el ahorro». Se refiere al proyecto de unidades de gestión clínica, un modelo por el que apuesta la Consejería, pero que es considerada por la marea blanca como «una puerta abierta a la privatización».