Una usuaria consulta en las estanterías de libro de la biblioteca pública de Segovia.

La Junta traspasa al Ministerio el pago por el préstamo de libros en la biblioteca

Según el nuevo canon que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, tendría que abonar más de 2.600 euros

César Blanco Elipe

Miércoles, 20 de agosto 2014, 12:33

Cada socio, cinco céntimos; cada diez préstamos, cuatro. Y así, un suma y sigue. Los responsables de las bibliotecas públicas no tendrán que estar atentos solo a las letras, sino también a los números porque, a partir del 1 de enero de 2016, los titulares de estas instituciones culturales deberán desembolsar un canon con el que compensar a los autores por sus obras. Lo aprobó el Gobierno (la publicación en el Boletín Oficial del Estado es del 1 de agosto) y responde a una directiva europea de 2006 que durante todo este tiempo se ha ido esquivando y que ahora se hará efectiva de forma obligatoria. Todas las bibliotecas públicas o puntos de préstamo sin ánimo de lucro deberán indemnizar a los autores (a través de una entidad que represente sus derechos;por ejemplo, Cedro)en función del número de préstamos y de socios activos que tenga cada uno de estos centros.

El cálculo es algo complejo. El establecimiento de ese canon se fija en función de dos valores. Por una parte, el volumen de libros que la biblioteca ha prestado cada año. Ese factor cuesta 0,004 euros por préstamo. Por otro, el número de usuarios inscritos, que se multiplicará por 0,05 euros. Ambos resultados se suman y ese es el desembolso que le tocará abonar a la institución responsable de la biblioteca.

De momento, la medida ha sembrado dudas sobre quién ha de rascarse el bolsillo. El artículo 2 del Real Decreto afina un poco más quiénes estarán obligados a efectuar este pago:«Museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro», dice el texto, que al mismo tiempo exime de este canon a las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes (se incluyen los bibliobuses)y a las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. Así, se librarían por ejemplo los colegios, institutos o la propia Universidad.

La biblioteca pública de Segovia es peculiar. Mientras en otras capitales de provincia el negociado suele ser municipal, en la ciudad es la Junta la que gestiona la entidad. Así que, a tenor de la norma, sería el Ejecutivo regional el que tendría que pagar ese canon. Si se atiende a la actividad registrada en 2013, la calculadora aplica los nuevos baremos, multiplica, suma y dice que la cantidad ascendería a 2.653 euros, salientes de los 78.043 libros prestados el curso pasado y de los 46.823 lectores con carné.

No habrá gasto añadido

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Políticas Culturales, lo tiene claro. «Esta remuneración ya la está pagando el Ministerio desde hace varios años, tomando como base el número de obras incorporadas para el préstamo», apuntan sus representantes en respuesta a El Norte de Castilla. Argumentan que el pagador no tiene por qué cambiar ahora, aunque con la entrada en vigor del real decreto sí existe «una nueva fórmula a aplicar para determinara la cuantía».

Los responsables regionales se aferran al artículo 5.1 de la normativa aprobada para traspasar la patata caliente al Estado. Ese punto estipula que «los titulares de los establecimientos enumerados en el capítulo 2 (museos, bibliotecas, archivos...) quedan obligados al pago de una cuantía global en concepto de remuneración por préstamo».

Afecta a todos los municipios con más de 5.000 vecinos

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Las sombras ganan a las luces cuando se reflexiona sobre las consecuencias del real decreto que reformula el canon para reconocer el derecho de los autores a recibir una compensación por el préstamo de sus libros. Los ayuntamientos que poseen en una biblioteca municipal en su haber cultural no ven con buenos ojos esta nueva vuelta de tuerca de la Administración central.
Para muestra de ese malestar, un botón. A falta de saber y cuantificar cómo repercutirá la nueva normativa, la concejala de Cultura de Cuéllar, María del Carmen Gómez, ya anticipa el lamento quejoso de que «todo lo terminamos pagando los consistorios». Además, censura la forma de actuar de la Administración, dando luz verde a la medida en agosto, cuando las defensas del rechazo y la oposición están más bajas.
El articulado del real decreto exime a los bibliobuses de la Diputación y a los ayuntamientos de menos de 5.000 vecinos en sus censos. Tampoco afecta a las bibliotecas de los campus universitarios, aunque el descontento también es manifiesto en estas instituciones. Así que, hechas estas salvedades, en la provincia quedaría un puñado de bibliotecas municipales que sí tendrían que abonar una cantidad por los préstamos y usuarios. Además de Cuéllar, están los centros del Real Sitio de San Ildefonso y de El Espinar, por ejemplo.
Gómez critica la decisión del Gobierno, aunque a cantidad sea menor comparada con otros peajes económicos que han de pasar. La edil cuellarana recuerda que el Ayuntamiento asumió la biblioteca casi poco más de un año, en julio de 2013. «En todo este tiempo no hemos conseguido una sola subvención de nadie, hemos tratado de involucrar pero no ha habido ningún tipo de ayudas. Y ahora, no solo no dan, sino que nos quitan», comenta indignada. Las arcas municipales costean la calefacción, el mantenimiento, la luz, el contrato de la empleada, repasa Gómez, a quien por otra parte le parece «lícito» que u autor cobre por su obra. «Pero hay que buscar otra fórmula que no sea tan abusiva para un ayuntamiento», apostilla.

De acuerdo con todo ello, la biblioteca pública de Segovia se ve afectada en el sentido de que la gestión es competencia de la Junta de Castilla y León, pero el titular es el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Así lo ve la Dirección General de Políticas Culturales, que no tiene dudas sobre quién debe abonar el desembolso. Es el Gobierno central el que deberá abonar la cuantía correspondiente, insisten los representantes regionales.

«El servicio de préstamo de la biblioteca pública de Segovia no va a suponer, en consecuencia, ningún gasto añadido para la Consejería», concluye la argumentación sobre el nuevo escenario que plantea la reformulación del canon.