El pago del Banco de Santander liquida el «mal llamado 'caso Evisego'»

Sobre el «mal llamado caso Evisego», como dijo ayer la alcaldesa, se hicieron en el anterior mandato municipal cientos de declaraciones y fueron escritas otras tantas crónicas. El asunto, que surgió en 2008 a raíz de un error del concejal de Urbanismo y presidente de la empresa municipal de suelo y vivienda, Juan José Conde, ha quedado zanjado este jueves con el pago por el Banco de Santander de los 311.324 euros que quedaban pendientes, de acuerdo con el convenio que firmó hace seis años el entonces alcalde, Pedro Arahuetes, con los responsables de la entidad bancaria.

El abono quedó formalizado ante notario en la Sala de la Chimenea del Ayuntamiento y así, termina de subsanarse el error de Conde, que fue firmar dos veces el mismo pago de unos 1,7 millones de euros a la empresa vizcaína Urazca Construcciones y que el banco efectuó sin comprobar si era el mismo, como parte de la liquidación de las obras del edificio de la calle Bomberos, y este fallo «administrativo», en el que actuó como intermediario el Banco de Santander, se complicó después porque la constructora entró en concurso de acreedores y no tuvo capacidad para devolver todo lo que Evisego había pagado de más.

El saldo pendiente de 311.324 euros fue el que «tanto juego crítico y mediático le dio al Partido Popular», señaló ayer Clara Luquero. El pago de esta cantidad supone, añadió la alcaldesa, que «el asunto se cierra completamente y los hechos nos dan la razón».

Es decir, que «las declaraciones incendiarias de la portavoz del Partido Popular, Beatriz Escudero, que habló de presuntos delitos de apropiación indebida y societario, de ocultación y falsedad documental, y de pérdidas para el Ayuntamiento, todo auténticas barbaridades, se demuestra ahora que no hubo nada», declaró la alcaldesa.

En los juzgados

La entonces portavoz del PP y sus compañeros del grupo municipal Miguel Ángel Antona y Susana Moreno mantuvieron vivo el caso Evisego en numerosas comparecencias públicas, solicitaron la apertura de una comisión de investigación (a la que accedió Arahuetes) y en su actuación política, recordó ayer Luquero, «se llegó a llevar al Ayuntamiento a la Fiscalía, a aventurar que no se terminarían las viviendas y a decir del anterior alcalde que era un cobarde que no asumía sus responsabilidades».

Tras la denuncia de los populares, la Fiscalía acordó en junio de 2009 el archivo de las diligencias informativas que había iniciado unos meses antes, al considerar que el doble pago fue un error, y unos meses más tarde, a finales de octubre de 2009, el Juzgado de Primera Instancia número tres de Segovia (al juzgar la demanda de varias empresas que tenían impagados de Urazca) sentenció que el Banco de Santander fue el responsable del doble pago de la empresa municipal de suelo y vivienda, Evisego, a la constructora.

Fue una sentencia semejante a la que había dictado en septiembre un juzgado de Bilbao y dio pie a Arahuetes a recalcar que los jueces habían llegado a la conclusión de que «por un error de la entidad bancaria se duplicaron los pagos», pues «fue el Banco de Santander quien realizó los pagos indebidos». Son «las mismas conclusiones partidistas de la comisión de investigación», subrayó, en un proceso en que «Evisego ha sido la gran perjudicada, sobre todo por la actitud del PP de denostar a la empresa».

Convenio y disculpas

Si el Banco de Santander ha pagado ahora la cantidad pendiente es porque en septiembre de 2008 rubricó este compromiso con Arahuetes ante notario, el de reintegrar a Evisego en el plazo de cinco años «la diferencia entre el importe de la cantidad de 311.324 euros y el que reciba a resultas del procedimiento concursal (de Urazca) en el plazo de cinco días desde que Evisego reciba el importe del crédito». De la empresa no ha recibido nada Evisego, así que la entidad bancaria ha hecho efectiva la totalidad del pago.

Luquero, que ayer tenía preparada su intervención para comunicar la liquidación del asunto, declaró que después de las manifestaciones «incendiarias» de la hoy diputada nacional del Partido Popular «sería más que correcto una petición de perdón por su parte», pues ha quedado «demostrado que sus acusaciones eran infundadas».

Es más, Luquero aprovechó para criticar la política «partidista» y «totalmente irracional» del PP, que quiso hacer un caso judicial del «error administrativo» de Evisego, mientras que cuando la sociedad Segovia 21, participada por la Diputación Provincial, hizo «pagos indebidos por valor de 4,7 millones a Fomento Territorial, una empresa vinculada con la trama Gürtel, aquí no se ha dicho ni pío».