rosa m. garcía / word
Martes, 2 de febrero 2021, 11:35
La presencialidad de las clases siempre ha sido la apuesta de toda la comunidad educativa )administraciones, profesorado, padres y madres, sindicatos...). El aumento elevado de los contagios de la covid-19 en Salamanca está teniendo en las últimas semanas una importante incidencia en los centros ... escolares. Durante este segundo trimestre del curso, sumidos en la tercera ola de la pandemia, una parte de esa comunidad educativa considera que los colegios e institutos «no son espacios seguros». Algunos apuestan por tomar más medidas que garanticen la salud de alumnos, docentes y trabajadores y si no es posible, realizar las clases online; pero hay otros que abogan por la suspensión ya de las clases durante varias semanas, porque «aunque el virus viene de fuera, el colegio no es un lugar seguro, por mucho que digan, y estamos en riesgo todos».
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Aunque la mayoría de los responsables de los centros escolares salmantinos no quieren pronunciarse públicamente sobre este asunto, algunos directores en declaraciones a este periódico hacen referencia a la «tensión» que supone «ver cómo van cayendo alumnos unos tras otros, y tenemos que seguir adelante; cada vez hay menos en clase y en cualquier momento te puede tocar a ti». Incluso afirman que la situación «ahora mismo está descontrolada» en los colegios e institutos y denuncian el sometimiento a un alto «nivel de estrés» a los docentes, que «tienen que analizar contactos estrechos, controlar el uso de la mascarilla, la distancia, realizar alternativas de enseñanza para alumnos en cuarentena, aumentar su horario porque no llegan sustituciones de profesores de baja», etc.
Desde la Junta «se nos dice que no corramos riesgos, que no salgamos salvo que sea esencial, y esto no es esencial; se ve como un triunfo que los colegios estén abiertos, pero estamos con cientos de muertos diarios», con los contagios disparados, el hospital colapsado...
También hay quejas por parte de centros concertados a cierta «presión de la Dirección provincial», que «por un lado, reconocen nuestro trabajo, pero, por otro, nos meten presión con papeles, informes, etc., para que estén enseguida. No nos ha dado nada extra para todo esto», ni en lo económico, ya que «la colaboración es más bien apoyo moral», porque la partida económica que «nos corresponde es poco más del 3% del gasto en geles, desinfectantes, etc.».
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Pese a todo eso, insisten en que «la enseñanza online es un fracaso, trabajamos tres o cuatro veces más y se aprovecha tres o cuatro veces menos; los niños no solo aprenden menos, tienen que convivir, sociabilizar, muchas cosas». También aluden a que si se suspendieran las clases presenciales, «de nada serviría que no vengan a los colegios si luego por la tarde salen al parque».
Sin embargo, «el bien común es la prioridad sanitaria y entre las medidas principales, estaría suspender las clases presenciales durante algunas semanas; no pasaría nada, lo que no se puede es que más adelante se cierren varios meses de golpe».
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Aunque no habla de suspensión de clases presenciales, sindicatos como ANPE sí que afirman que los centros educativos son «espacios no seguros». Apuestan por una enseñanza presencial «siempre y cuando se desarrolle con total seguridad para el profesorado y personal de los centros», algo que ponen en duda en el momento actual, por lo que reclaman más medidas de seguridad. ANPE destaca el «esfuerzo y profesionalidad» de todos los que trabajan en los centros «por estar en primera línea a pesar de las dificultades y el alto índice de contagios».
Por su parte, las madres y los padres «siempre hemos defendido las clases presenciales y los centros escolares abiertos», afirma Soledad Alegría, presidenta la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fedampa) de Salamanca. «Y las seguimos defendiendo, pero eso no está por encima de las decisiones sanitarias, porque no somos expertos, somos familias, y si los expertos dicen que lo urgente para poder descolapsar el sistema sanitario es cerrar colegios, pues todo el respeto».
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Como familias, añade, «lo que podemos decir es que los colegios son vitales para seguir con las socialización de los niños, con su aprendizaje y con la posibilidad de conciliar las familias».
Consideran que durante el primer trimestre, los centros escolares «fueron un elemento de control y si ahora está desatado el número de aulas confinadas es correlativo a lo que está ocurriendo socialmente; es lógico, si hay muchos casos fuera, hay muchos caos dentro, pero hasta donde sabemos no ha habido brotes dentro del colegio, sino que un aula se confina porque ha habido un niño positivo porque sus padres son positivos». Por eso, el colegio «no es un lugar de propagación del virus; es todo lo contrario, es un lugar de control, y si se cierran, los niños tienen que estar en algún lado, pero muchos padres siguen trabajando y solos no se pueden quedar a determinadas edades, con lo cual tendrá que haber tíos, abuelos, una persona que se contrata, estaríamos abriendo más puertas».
Sobre si en este momento los centros son seguros, Alegría insiste en que «no somos expertos para hacer esa lectura, solo vemos números de que durante tres meses han sido lugares de contención» y «a no ser que la evolución del virus haga que se escapen más cosas por el número de contagiados, si las medidas funcionaron durante primer trimestre, deberían de funcionar ahora». Si cierran los colegios «sería por confinamiento total», concluye.
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El sindicato ANPE considera que ante la situación sanitaria actual, las medidas puestas en marcha son «claramente insuficientes, teniendo en cuenta el aumento de los contagios por covid-19 y la incidencia real que la pandemia está teniendo en los centros educativos», por lo que exige a las administraciones educativas y sanitarias de Castilla y León la «adopción de medidas urgentes y necesarias» que garanticen la seguridad del profesorado en las aulas.
Así, ANPE ha trasladado a la Consejería de Educación la adopción «inmediata» de una serie de medidas, como es la vacunación «de todo el personal docente con carácter prioritario por ser un colectivo vulnerable al realizar una actividad esencial por estar en contacto continuo con un elevado número de alumnos». Además piden que se dote de mascarillas FFP2 a docentes y personal que ejerce su labor con alumnos, así como la «dotación suficiente e inmediata» a todos los centrosde equipos medidores de CO2.
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Otra medida que exigen es la realización «urgente de cribados masivos» para profesorado, personal laboral y alumnado de los centros educativos. Además solicitan una cobertura y sustitución inmediata del profesorado confinado; la dotación de «enfermer@s escolares, para que realice las funciones de responsable covid-19 y además desarrolle las funciones de detección precoz, seguimiento de casos, enlace y asesoramiento»; y la regulación del teletrabajo docente que evite la sobrecarga lectiva del profesorado debido a la duplicidad de tarea presencial y online de un mismo profesor.
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