Vecinos de la zona de Bretón en Salamanca se rebelan contra la construcción de una nueva residencia universitaria

En este sentido, la organización vecinal consideró que el proyecto descrito por la empresa constructora puede «causar daños» a edificios contiguos con la calificación de Bien de Interés Cultural, así como al inmueble protegido del Convento de Las Claras. Los vecinos se alarmaron al comprobar cómo los operarios ya han comenzado con la realización de catas, puesto que el solar encierra vestigios de valor arqueológico, y denunciaron que la licencia de obra mayor ya ha obtenido el visto bueno de la Concejalía de Fomento.

Además, criticaron que, estando la asociación personada como parte afectada en el expediente, el Ayuntamiento no les informara de la concesión del permiso, ni del modo en el que se están llevando a cabo las prospecciones arqueológicas. Así, mediante sendos escritos remitidos a las oficinas municipales, denunciaron «la irregularidad» de los trámites, aludiendo también a la inexistencia de la licencia ambiental. Mostraron además su malestar porque el desmontaje de vestigios arqueológicos quedara en manos de la propia empresa.

De igual manera, la organización vecinal reiteró que «lo más importante» es que el PGOU declara prohibido el uso residencial para este solar. Un punto que, según denunciaron los vecinos, la empresa trata de sortear calificando el proyecto como «educativo», motivo por el cual algunos vecinos «a título particular» han presentado reclamaciones ante el procurador del Común y la asociación como tal se ha dirigido al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de España, organismo vinculado a la Unesco.

Sin embargo, según reconocieron a Ical fuentes municipales, los trabajos que se están acometiendo en el solar del Bretón son catas arqueológicas incluidas en toda elaboración de un proyecto urbanístico, «como ya ha sucedido en otros solares de la ciudad en ocasiones anteriores». Dichas catas «no necesitan una licencia de obra como tal», sino el permiso de la Comisión Territorial de Patrimonio, dependiente de la Junta de Castilla y León, que a su vez ha autorizado a la empresa la contratación de un técnico especialista para supervisarla, como es habitual y preceptivo en este tipo de casos.

Además, el Ayuntamiento señaló que estas catas arqueológicas cumplen lo establecido en el PGOU y la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, con el objeto de «completar la documentación histórico-arqueológica y recuperar los materiales muebles susceptibles de poseer un valor patrimonial». Los resultados finales de la actividad arqueológica deberán ser remitidos por la empresa a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, como órgano competente de la Junta para su informe preceptivo, que a su vez será remitido al Ayuntamiento a los efectos de concesión de la correspondiente licencia municipal de obras, que al contrario que denunció la asociación, aún no ha sido concedida.

Por último, fuentes municipales advirtieron de que de todas estas actuaciones tiene «cumplida información» la asociación de vecinos, ya que fue recibida la semana pasada por el concejal de Fomento, Fernando Carabias. La asociación, según el Ayuntamiento, también ha recibido «un informe detallado, completamente objetivo y técnico», desde el área municipal de Urbanismo en relación con las actuaciones, «que no obras», matizaron, que se están llevando a cabo en el solar.